¿Ley de responsabilidad fiscal?
Esa fue la propuesta del Gobierno a las severas críticas que recibió tras su reforma fiscal, que significó la exacción de más impuestos de los bolsillos de la clase media, que sigue inexorablemente la misma ruta que en el resto del continente, hacia su desaparición.
En fin, propone compensar los mayores tributos con una mejor administración de los fondos, incluyendo un prudente manejo de la deuda. La original ley de responsabilidad fiscal, número 20 de 7 de mayo de 2002, planteaba reducir a mediano plazo la relación Deuda
PIB desde el 80% a 50%. Autorizaba un déficit fiscal de 2%, se permitía gastar el Fondo Fiduciario en papeles de la deuda panameña y se usarían B/. 200 millones del mismo para la carretera Panamá-Colón, sanear la bahía y construir viviendas de interés social.
La Ley 20 fue un mal chiste, nació para ser violada. El actual gobierno ha sido pródigo en el gasto público, complementando con una más efectiva e implacable cobranza, en desconsiderado ensañamiento contra los profesionales que no tienen cómo esconder ni cómo enmascarar sus ingresos, como sí pueden hacerlo los grandes capitales.
La deuda, en menos de dos años, creció más de 30%. Claro, alguien dirá que eso no importa, mientras la relación con el PIB se mantenga en menos de 80%. Pero ese porcentaje es suicida. No deja casi nada para inversiones y todo se va en planillas. Es más, lo primero que hizo el gobierno, una vez consolidada su reforma impositiva fue decretar un alza de salarios entre los empleados públicos, con el consiguiente incremento del gasto de funcionamiento. ¿Y qué de las calles hechas añicos, de las medicinas que faltan, de la educación pésima y de la pobreza que no cede?
Este gobierno dice querer disminuir la relación PIB/Deuda desde el 78% como lo recibió, hasta el 68%, suponemos, cuando salga; y permitirse un déficit anual de 1%.
Pues no, ni una centésima de punto debe permitírsele luego de llenar sus arcas con los nuevos impuestos y de prepararse para rebasarlas con los mayores ingresos de un Canal ampliado. Por el contrario, debiera revertir esos dineros a los contribuyentes.
En fin, propone compensar los mayores tributos con una mejor administración de los fondos, incluyendo un prudente manejo de la deuda. La original ley de responsabilidad fiscal, número 20 de 7 de mayo de 2002, planteaba reducir a mediano plazo la relación Deuda
PIB desde el 80% a 50%. Autorizaba un déficit fiscal de 2%, se permitía gastar el Fondo Fiduciario en papeles de la deuda panameña y se usarían B/. 200 millones del mismo para la carretera Panamá-Colón, sanear la bahía y construir viviendas de interés social.
La Ley 20 fue un mal chiste, nació para ser violada. El actual gobierno ha sido pródigo en el gasto público, complementando con una más efectiva e implacable cobranza, en desconsiderado ensañamiento contra los profesionales que no tienen cómo esconder ni cómo enmascarar sus ingresos, como sí pueden hacerlo los grandes capitales.
La deuda, en menos de dos años, creció más de 30%. Claro, alguien dirá que eso no importa, mientras la relación con el PIB se mantenga en menos de 80%. Pero ese porcentaje es suicida. No deja casi nada para inversiones y todo se va en planillas. Es más, lo primero que hizo el gobierno, una vez consolidada su reforma impositiva fue decretar un alza de salarios entre los empleados públicos, con el consiguiente incremento del gasto de funcionamiento. ¿Y qué de las calles hechas añicos, de las medicinas que faltan, de la educación pésima y de la pobreza que no cede?
Este gobierno dice querer disminuir la relación PIB/Deuda desde el 78% como lo recibió, hasta el 68%, suponemos, cuando salga; y permitirse un déficit anual de 1%.
Pues no, ni una centésima de punto debe permitírsele luego de llenar sus arcas con los nuevos impuestos y de prepararse para rebasarlas con los mayores ingresos de un Canal ampliado. Por el contrario, debiera revertir esos dineros a los contribuyentes.
