Ley de salud reproductiva y derechos sexuales

Es trascendental para que la aprobación de este texto legal llegue a buen puerto, que se cree un consenso mínimo respecto de los siguientes temas:

1. Que la prevención en materia reproductiva es una obligación en materia de salud por parte del Estado, y que éste tiene el derecho y la obligación de ser neutral y proporcionar toda la información correspondiente, al margen de las presiones de los grupos religiosos y morales que participan de la vida civil del país.

2. La patria potestad es el derecho y la obligación que tienen los padres de orientar en la vida a sus hijos, y la misma incluye su derecho y obligación de darles permiso para lo que consideren pertinente y prohibirles también, lo que consideren pertinente, hasta los 18 años de edad.

3. La educación sexual de nuestros hijos debe estar dirigida, primordialmente, a transmitir a través de los procesos de socialización, los valores dominantes de la sociedad, no los valores de la minoría. Así, si una sociedad es evidentemente muchísimo más heterosexual que homosexual, se invertirá muchísimo más tiempo del pensum escolar enseñando los valores de la conducta heterosexual que los valores de la conducta homosexual.

4. En relación con los discapacitados mentales, se debe enfatizar que solamente bajo las circunstancias trágicas establecidas en el artículo 25 del ante proyecto de Ley, puede otra persona tomar ese tipo de decisión en relación con un discapacitado mental.

5. Me parece que el artículo 23 debe desaparecer del texto del anteproyecto de Ley. Si bien, no debemos prohibir la esterilización como método de regulación de la fecundidad, contemplarlo en el ante proyecto de ley, quiere decir que lo promovemos como política pública. Y por muchísimas razones, que no es el momento discernir, ése sería un error trágico.

Si las personas que tienen poder de decisión por lo menos decidieran coincidir en estos principios fundamentales, no habría ningún problema en construir un consenso que abra paso a la redacción de las modificaciones y a su aprobación y ratificación por ambos ?"rganos del Estado panameño. Ello, a contrapelo de la voluntad vociferante de no más del 30% del pueblo panameño, que se ha hecho representar hace algunos días en el hemiciclo legislativo.