Ley de Transparencia
El PRD adelanta que presentará un proyecto de ley de transparencia en esta legislatura dentro de un paquete de iniciativas legislativas. Desconocemos el contenido textual del proyecto sobre transparencia. Pero ello no impide que desde ahora rescatemos el concepto de transparencia en su acepción profunda - la apertura de las actividades estatales de cara a la opinión pública, con la publicación de contratos y concesiones (con anexos) y toda suerte de documentos que conlleven compromisos financieros, riesgos de seguridad y soberanía nacional - y que empecemos a someter el tema a un debate puntual y esclarecedor.
Para empezar acotaremos que la presentación del proyecto representará una autocrítica para el PRD. Mucho habría ganado el país con el ejercicio de la transparencia durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Por ejemplo, habríamos conocido de primera mano el texto original y el texto modificado del Centro Multilateral Antidrogas y no pasar por el bochorno de conocerlo a través de un medio extranjero. Habríamos conocido con anticipación los proyectos de contratos y las addendas del Corredor Sur y el Corredor Norte, antes de que se firmaran, y no después de la firma, cuando no se podían eliminar los puntos críticos de las finanzas y la ecología.
Asimismo, si durante este gobierno ya existiera la ley de transparencia se conocería minuciosamente lo que ahora solamente se conoce en forma general e incompleta, a saber, las obras materiales de las partidas circuitales del lapso 1994-1999; los miembros de las ONGs creadas ad hoc por los legisladores para las partidas circuitales; las empresas que realizan las obras del Fondo de Inversión Social; los sueldos de los asesores de la Asamblea Legislativa; los contratos originales y las addendas firmadas a posteriori entre el Estado y las empresas privadas de los servicios públicos de telefonía y energía eléctrica; los contratos y concesiones de la ARI a empresas privadas; las donaciones económicas a las campañas de los partidos políticos, etc. La lucha contra la corrupción tendrá un soporte fundamental en la ley de transparencia. La democracia se consolidará, indudablemente, en Panamá, con el acceso de la opinión pública al conocimiento, al revés y al derecho, de los actos del Estado que debe ser una barrera sólida contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Que el proyecto de transparencia enseñe con el ejemplo y se haga transparente para iniciar el debate nacional.
Para empezar acotaremos que la presentación del proyecto representará una autocrítica para el PRD. Mucho habría ganado el país con el ejercicio de la transparencia durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Por ejemplo, habríamos conocido de primera mano el texto original y el texto modificado del Centro Multilateral Antidrogas y no pasar por el bochorno de conocerlo a través de un medio extranjero. Habríamos conocido con anticipación los proyectos de contratos y las addendas del Corredor Sur y el Corredor Norte, antes de que se firmaran, y no después de la firma, cuando no se podían eliminar los puntos críticos de las finanzas y la ecología.
Asimismo, si durante este gobierno ya existiera la ley de transparencia se conocería minuciosamente lo que ahora solamente se conoce en forma general e incompleta, a saber, las obras materiales de las partidas circuitales del lapso 1994-1999; los miembros de las ONGs creadas ad hoc por los legisladores para las partidas circuitales; las empresas que realizan las obras del Fondo de Inversión Social; los sueldos de los asesores de la Asamblea Legislativa; los contratos originales y las addendas firmadas a posteriori entre el Estado y las empresas privadas de los servicios públicos de telefonía y energía eléctrica; los contratos y concesiones de la ARI a empresas privadas; las donaciones económicas a las campañas de los partidos políticos, etc. La lucha contra la corrupción tendrá un soporte fundamental en la ley de transparencia. La democracia se consolidará, indudablemente, en Panamá, con el acceso de la opinión pública al conocimiento, al revés y al derecho, de los actos del Estado que debe ser una barrera sólida contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Que el proyecto de transparencia enseñe con el ejemplo y se haga transparente para iniciar el debate nacional.
