Ley general de sueldos
Nada reprochable hay en esas conquistas que son usuales en el marco de las relaciones obrero-patronales en el sector privado, no así en nuestro medio para el sector público. La diferencia entre uno y otro de mayor relevancia es que, en el privado, tienen una connotación de distribución o participación acordada de la riqueza que trabajadores y empresarios contribuyen en conjunto a generar; lo cual no es tan claro en el sector público donde no suelen producirse ganancias, salvo en la Dirección de Ingresos y algunos consulados donde se establecen ciertos incentivos según el nivel de las cobranzas e ingresos.
Desde otro punto de vista, los aumentos de salario periódicos guardan relación - además del deseo de superación del empleado- con el incremento del costo de la vida. En Panamá tal aumento es mínimo gracias a que usamos el dólar como moneda de curso legal. De allí que tales incrementos tengan más bien explicación en el ya expuesto principio de participación en los beneficios generados y cuando no, como un premio o incentivo a la calidad del trabajo rendido.
En el caso panameño, los aumentos automáticos de sueldos en el sector público no guardan pues ninguna relación con el costo de la vida, ni con las ganancias generadas, ni con la eficiencia o productividad laboral, sino con el natural deseo de superación que es común a todos los trabajadores fuera de la consideración de favor político. Siendo así, se convierten en una carga pesada que se incrementa periódicamente sin consideración al estado de las finanzas públicas o de la entidad respectiva en un momento dado.
Resultado de lo anterior es que la mayor parte del presupuesto nacional se va en planillas en desmedro de las inversiones públicas en áreas sensibles tales como carreteras, hospitales, escuelas y asistencia social. Después de pagar los sueldos, poco queda para lo demás.
Por eso creemos que, en consideración a la difícil situación de unas finanzas públicas asfixiadas entre deuda y planillas, es menester lograr un consenso para elaborar una ley general de sueldos en ese sector, que consulte distintos factores tales como el costo de la vida, el estado de los ingresos, el grado de responsabilidad inherente al cargo, la productividad y calidad del trabajo, la antigüedad, prioridad social; y en fin, establecer los salarios según factores racionales y objetivos, y no sólo como ahora, por el mero transcurrir del tiempo o como mero favor político.
Desde otro punto de vista, los aumentos de salario periódicos guardan relación - además del deseo de superación del empleado- con el incremento del costo de la vida. En Panamá tal aumento es mínimo gracias a que usamos el dólar como moneda de curso legal. De allí que tales incrementos tengan más bien explicación en el ya expuesto principio de participación en los beneficios generados y cuando no, como un premio o incentivo a la calidad del trabajo rendido.
En el caso panameño, los aumentos automáticos de sueldos en el sector público no guardan pues ninguna relación con el costo de la vida, ni con las ganancias generadas, ni con la eficiencia o productividad laboral, sino con el natural deseo de superación que es común a todos los trabajadores fuera de la consideración de favor político. Siendo así, se convierten en una carga pesada que se incrementa periódicamente sin consideración al estado de las finanzas públicas o de la entidad respectiva en un momento dado.
Resultado de lo anterior es que la mayor parte del presupuesto nacional se va en planillas en desmedro de las inversiones públicas en áreas sensibles tales como carreteras, hospitales, escuelas y asistencia social. Después de pagar los sueldos, poco queda para lo demás.
Por eso creemos que, en consideración a la difícil situación de unas finanzas públicas asfixiadas entre deuda y planillas, es menester lograr un consenso para elaborar una ley general de sueldos en ese sector, que consulte distintos factores tales como el costo de la vida, el estado de los ingresos, el grado de responsabilidad inherente al cargo, la productividad y calidad del trabajo, la antigüedad, prioridad social; y en fin, establecer los salarios según factores racionales y objetivos, y no sólo como ahora, por el mero transcurrir del tiempo o como mero favor político.
