Ley penitenciaria: realidad o utopía
El gran jurista Ceniceros decía, con justa razón, que tenemos legislaciones brillantes; pero realizaciones muy pobres. Nada más hay que echarle una ojeada a todas las leyes que son letra muerta, por cuanto que no se aplican o no se cumplen como debe ser. Y esto lo traigo a colación, por el hecho de que por fin se aprobó la ley que moderniza el sistema penitenciario.
Dicha ley, palabras más, palabras menos, es la misma cuyo anteproyecto presentó a la Asamblea Legislativa en 1999, la arquitecta Mariela Sagel, en ese entonces Ministra de Gobierno y Justicia. Y valga decir, que uno de los propulsores de esta ley, ha sido el Licdo. Pablo Azael Tsimogianis, quien como director de la Fundación John Howard-Panamá, ha dedicado todos sus esfuerzos a que se modernice nuestro sistema penitenciario.
La ley recién aprobada, es perfecta en el papel para resolver de raíz todos los problemas que hoy día confrontan nuestras cárceles. Y, además, disminuirá la criminalidad a mediano y largo plazo por cuanto que su objetivo principal es lograr la resocialización del interno sobre la base del trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales. Es decir, que el sistema obliga a cambiar integralmente a los reclusos, de manera que se puedan incorporar a la sociedad como hombres útiles.
El pero que mantuvo esta ley en proyecto dando vueltas por más de tres años, es precisamente la imposibilidad del Estado de implementar una norma que es necesaria. Pero la realidad es que no se cuenta con el dinero que se requiere para las infraestructuras, los equipos, y el recurso humano que va a trabajar dentro del sistema penitenciario. Y si no se dispone del dinero, tendremos una ley brillante que se sumará a la gran catidad de leyes que existen y son letra muerta.
Además del esfuerzo hecho por los legisladores para aprobar la mencionada ley, lo que se necesita es la certeza de que se van a disponer de los millones de dólares necesarios para su implementación. Y en esa vía, el actual gobierno se está comprometiendo a hacer su mejor esfuerzo. Pero no es fácil hacerle entender a mucha gente que es una inversión necesaria, por cuanto que no faltan quienes justifican el hacinamiento, la violación de los Derechos Humanos, las condiciones infrahumanas y todas las maldades de que son objeto los detenidos, como parte de la pena que deben pagar por haber cometido un delito.
La concepción equivocada de que a los privados de libertad se les debe negar hasta el aire que respiran, ha llevado a los políticos y gobernantes a la conclusión de que invertir en un sistema penitenciario moderno, es botar el dinero de los contribuyentes y, por tanto, hay otras prioridades que merecen todo el esfuerzo del gobierno. De ahí, que la efectividad de la nueva ley penitenciaria va a depender del compromiso que adquieran quienes asuman el gobierno en el 2004.
Esta novedosa ley contempla que todos los centros penitenciarios cuenten con dormitorios adecuados, servicios sanitarios y baños, cocina, comedores, clínicas, hospitales, áreas de lactancia materna, escuelas, bibliotecas, talleres, instalaciones deportivas y religiosas; áreas recreativas y de relaciones familiares y todos aquellos otros servicios que sean necesarios para desarrollar una eficaz actividad de custodia y tratamiento penitenciario integral.
En cuanto a la educación, se establece que en cada centro penitenciario se llevarán a cabo programas y actividades para la educación y capacitación de los sujetos privados de libertad. Y los sistemas educativos y de formación profesional gubernamentales garantizarán el desarrollo de estos proyectos, los cuales se ajustarán a las necesidades del detenido y del régimen penitenciario. Igualmente, los oficios que se enseñen deberán ser concordantes con el interés de los internos y las necesidades del mercado laboral nacional.
En los centros penitenciarios se establece el trabajo como un derecho y una obligación de los sujetos privados de libertad. El trabajo no tendrá fines aflictivos ni punitivos, todo lo contrario, tendrá un carácter formativo. Y el detenido trabajador gozará de la protección otorgada en materia de seguridad social, y cuya remuneración será determinada por el Organo Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mediante una legislación especial.
En cuanto a los servicios médicos, se garantiza que todo centro penitenciario cuente con los servicios de medicina general, psicología, trabajo social, psiquiatría, odontología, farmacia, laboratorio y del personal de salud necesario a cuyo cargo estará el cuidado de la salud de los sujetos privados de la libertad, por medio de las clínicas y hospitales penitenciarios.
El sistema penitenciario consignado en la nueva ley, a simple vista parece una utopía a juzgar por la realidad que se vive en las cárceles panameñas; por lo que, para hacerlo realidad, es necesario que se destine el dinero para su ejecución. De lo contrario, tendremos una ley brillante, pero muy pobre en sus realizaciones.
Dicha ley, palabras más, palabras menos, es la misma cuyo anteproyecto presentó a la Asamblea Legislativa en 1999, la arquitecta Mariela Sagel, en ese entonces Ministra de Gobierno y Justicia. Y valga decir, que uno de los propulsores de esta ley, ha sido el Licdo. Pablo Azael Tsimogianis, quien como director de la Fundación John Howard-Panamá, ha dedicado todos sus esfuerzos a que se modernice nuestro sistema penitenciario.
La ley recién aprobada, es perfecta en el papel para resolver de raíz todos los problemas que hoy día confrontan nuestras cárceles. Y, además, disminuirá la criminalidad a mediano y largo plazo por cuanto que su objetivo principal es lograr la resocialización del interno sobre la base del trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales. Es decir, que el sistema obliga a cambiar integralmente a los reclusos, de manera que se puedan incorporar a la sociedad como hombres útiles.
El pero que mantuvo esta ley en proyecto dando vueltas por más de tres años, es precisamente la imposibilidad del Estado de implementar una norma que es necesaria. Pero la realidad es que no se cuenta con el dinero que se requiere para las infraestructuras, los equipos, y el recurso humano que va a trabajar dentro del sistema penitenciario. Y si no se dispone del dinero, tendremos una ley brillante que se sumará a la gran catidad de leyes que existen y son letra muerta.
Además del esfuerzo hecho por los legisladores para aprobar la mencionada ley, lo que se necesita es la certeza de que se van a disponer de los millones de dólares necesarios para su implementación. Y en esa vía, el actual gobierno se está comprometiendo a hacer su mejor esfuerzo. Pero no es fácil hacerle entender a mucha gente que es una inversión necesaria, por cuanto que no faltan quienes justifican el hacinamiento, la violación de los Derechos Humanos, las condiciones infrahumanas y todas las maldades de que son objeto los detenidos, como parte de la pena que deben pagar por haber cometido un delito.
La concepción equivocada de que a los privados de libertad se les debe negar hasta el aire que respiran, ha llevado a los políticos y gobernantes a la conclusión de que invertir en un sistema penitenciario moderno, es botar el dinero de los contribuyentes y, por tanto, hay otras prioridades que merecen todo el esfuerzo del gobierno. De ahí, que la efectividad de la nueva ley penitenciaria va a depender del compromiso que adquieran quienes asuman el gobierno en el 2004.
Esta novedosa ley contempla que todos los centros penitenciarios cuenten con dormitorios adecuados, servicios sanitarios y baños, cocina, comedores, clínicas, hospitales, áreas de lactancia materna, escuelas, bibliotecas, talleres, instalaciones deportivas y religiosas; áreas recreativas y de relaciones familiares y todos aquellos otros servicios que sean necesarios para desarrollar una eficaz actividad de custodia y tratamiento penitenciario integral.
En cuanto a la educación, se establece que en cada centro penitenciario se llevarán a cabo programas y actividades para la educación y capacitación de los sujetos privados de libertad. Y los sistemas educativos y de formación profesional gubernamentales garantizarán el desarrollo de estos proyectos, los cuales se ajustarán a las necesidades del detenido y del régimen penitenciario. Igualmente, los oficios que se enseñen deberán ser concordantes con el interés de los internos y las necesidades del mercado laboral nacional.
En los centros penitenciarios se establece el trabajo como un derecho y una obligación de los sujetos privados de libertad. El trabajo no tendrá fines aflictivos ni punitivos, todo lo contrario, tendrá un carácter formativo. Y el detenido trabajador gozará de la protección otorgada en materia de seguridad social, y cuya remuneración será determinada por el Organo Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mediante una legislación especial.
En cuanto a los servicios médicos, se garantiza que todo centro penitenciario cuente con los servicios de medicina general, psicología, trabajo social, psiquiatría, odontología, farmacia, laboratorio y del personal de salud necesario a cuyo cargo estará el cuidado de la salud de los sujetos privados de la libertad, por medio de las clínicas y hospitales penitenciarios.
El sistema penitenciario consignado en la nueva ley, a simple vista parece una utopía a juzgar por la realidad que se vive en las cárceles panameñas; por lo que, para hacerlo realidad, es necesario que se destine el dinero para su ejecución. De lo contrario, tendremos una ley brillante, pero muy pobre en sus realizaciones.
