Leyes mordaza y la relatoría
Justificarse en nombre de la misma Ley y de la misma moral que violan, ha sido la característica predominante de los actuales gobernantes. Sin embargo, han resultado unos malos imitadores de las acrobacias verbales que ayer reprochaban a la dictadura y a sus epígonos; es por ello que, a fuerza de monotonía en lo inverosímil, engañan cada día a menos gente. Hoy día sólo son engañados (por ellos y por los otros...) aquellos que se dejan engañar. Hoy más que antes, está demostrado que ninguna democracia puede vivir sin una cierta dosis de verdad, aun cuando " la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira". Por ello es que resulta refrescante y esperanzadora la reciente visita a Panamá del Dr. Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la publicación de su "Informe sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Panamá" [http://www.cidh.org/relatoria]. El enjundioso texto, que nos llega en los precisos momentos en que se continúa la persecución contra periodistas y se busca silenciar a la Comisión de la Verdad, contiene un sinnúmero de verdades de a puño sobre el incumplimiento por parte de las actuales autoridades panameñas en su compromiso de derogar las leyes mordaza y de respetar la libertad de expresión y el acceso a la información.
La lectura del trabajo confirma que, luego de tres visitas a Panamá (10-14 de julio de 2000; 6-8 de junio de 2001; 14-15 de abril de 2003) " la Relatoría constató...que no se habían producido avances legislativos en temas sobre los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría había recibido manifestaciones de cambio por parte de las más altas instancias gubernamentales". En otras palabras, han mentido descarada y soberbiamente a la población panameña, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la opinión pública internacional, no sólo por sus promesas incumplidas sino también por el "aumento en los procesos penales en contra de comunicadores sociales".
No hay un sólo integrante de la cúpula de los Organos del Estado que haya querido entender y practicar el principio elemental que nos indica que: "El ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión necesita ser efectivamente protegido por la voluntad política de los gobiernos, la existencia de una legislación adecuada para su defensa y un Poder Judicial independiente y eficaz que garantice el ejercicio y respeto pleno de este derecho".
En Panamá se mantienen vigentes más de 25 normas que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información (Ver: Expresión de Libertad, de Rafael Pérez Jaramillo. Ediciones IEPI, 2003) Leyes de desacato, de difamación, de injuria, de calumnia, de censura previa, de secreto profesional, de idoneidad, de acceso a la información, de habeas data, etc., se atropellan para impedirle a los ciudadanos la difusión del pensamiento y el poder hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
Hay que recordarle a los integrantes del actual gobierno, cómo se han convertido en cómplices de las incontables violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el régimen dictatorial, al no cumplir con la responsabilidad de investigar y castigar a los responsables y al no derogar las estructuras y normas " legales" que les sirvieron para sus tropelías. No han querido aceptar que: "El deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos." (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988)
El informe sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Panamá, elaborado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser lectura obligatoria en todas las escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación, iglesias, asociaciones, sindicatos, gremios, lugares de trabajo, etc., a lo largo y ancho del país. Su lectura debería ser seguida de la apertura de un diálogo franco y abierto sobre nuestra responsabilidad ciudadana ante la libertad de expresión. Todo candidato a cualquier cargo de elección debe hacer de este informe un manual de reflexión y acción, si realmente sus intenciones y pretensiones tienen entre sus objetivos hacer de Panamá un verdadero Estado de Derecho.
Toda conducta de cualquier autoridad que obstaculiza el derecho ciudadano de recibir e intercambiar información y opiniones libremente, debe ser rechazada de plano por nosotros, los ciudadanos todos. Pagamos un precio elevado por la suspensión, durante 21 años y en forma ilegítima, de nuestros derechos y garantías, por la persecución, detención, tortura, exilio, desaparición y asesinato de quienes se atrevieron a criticar al gobierno de turno, como para permitirnos ahora que los actuales gobernantes mantengan la corrupción (heredada, aumentada y multiplicada) como forma de gobierno y la mordaza (también heredada, aumentada y multiplicada), contra nuestras expresiones de libertad.
(mabernal@sinfo.net)
La lectura del trabajo confirma que, luego de tres visitas a Panamá (10-14 de julio de 2000; 6-8 de junio de 2001; 14-15 de abril de 2003) " la Relatoría constató...que no se habían producido avances legislativos en temas sobre los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría había recibido manifestaciones de cambio por parte de las más altas instancias gubernamentales". En otras palabras, han mentido descarada y soberbiamente a la población panameña, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la opinión pública internacional, no sólo por sus promesas incumplidas sino también por el "aumento en los procesos penales en contra de comunicadores sociales".
No hay un sólo integrante de la cúpula de los Organos del Estado que haya querido entender y practicar el principio elemental que nos indica que: "El ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión necesita ser efectivamente protegido por la voluntad política de los gobiernos, la existencia de una legislación adecuada para su defensa y un Poder Judicial independiente y eficaz que garantice el ejercicio y respeto pleno de este derecho".
En Panamá se mantienen vigentes más de 25 normas que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información (Ver: Expresión de Libertad, de Rafael Pérez Jaramillo. Ediciones IEPI, 2003) Leyes de desacato, de difamación, de injuria, de calumnia, de censura previa, de secreto profesional, de idoneidad, de acceso a la información, de habeas data, etc., se atropellan para impedirle a los ciudadanos la difusión del pensamiento y el poder hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
Hay que recordarle a los integrantes del actual gobierno, cómo se han convertido en cómplices de las incontables violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el régimen dictatorial, al no cumplir con la responsabilidad de investigar y castigar a los responsables y al no derogar las estructuras y normas " legales" que les sirvieron para sus tropelías. No han querido aceptar que: "El deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos." (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988)
El informe sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Panamá, elaborado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser lectura obligatoria en todas las escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación, iglesias, asociaciones, sindicatos, gremios, lugares de trabajo, etc., a lo largo y ancho del país. Su lectura debería ser seguida de la apertura de un diálogo franco y abierto sobre nuestra responsabilidad ciudadana ante la libertad de expresión. Todo candidato a cualquier cargo de elección debe hacer de este informe un manual de reflexión y acción, si realmente sus intenciones y pretensiones tienen entre sus objetivos hacer de Panamá un verdadero Estado de Derecho.
Toda conducta de cualquier autoridad que obstaculiza el derecho ciudadano de recibir e intercambiar información y opiniones libremente, debe ser rechazada de plano por nosotros, los ciudadanos todos. Pagamos un precio elevado por la suspensión, durante 21 años y en forma ilegítima, de nuestros derechos y garantías, por la persecución, detención, tortura, exilio, desaparición y asesinato de quienes se atrevieron a criticar al gobierno de turno, como para permitirnos ahora que los actuales gobernantes mantengan la corrupción (heredada, aumentada y multiplicada) como forma de gobierno y la mordaza (también heredada, aumentada y multiplicada), contra nuestras expresiones de libertad.
(mabernal@sinfo.net)
