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Liberalismo y neoliberalismo


Ciudad de México / AIPE - A partir de 1985 las diversas fuerzas retrógradas de la sociedad mexicana, entre las cuales se destaca el PRD, tomaron como su bandera el ataque al "modelo neoliberal". Recientemente, a esta postura se sumaron el PAN y su abanderado Fox y el PRI con su candidato Labastida y su afirmación "¡Salinas no, Colosio sí! En sus ataques, todos le achacan casi la totalidad de los males de México al "neoliberalismo" sin realmente saber, como es costumbre entre la fauna de los políticos mexicanos, de qué están hablando. Lo que más sorprende es que en gran parte tienen razón, aunque por las causas equivocadas. Ante esta notable confusión que existe, ¿cuáles son las diferencias entre el liberalismo y "neoliberalismo"?
En primer lugar, el principal postulado de la posición verdaderamente liberal es la existencia de un Estado de Derecho, entendida como aquella situación donde los derechos privados de propiedad están perfectamente definidos en el marco legal y están garantizados y protegidos por un poder judicial independiente e imparcial. El "neoliberalismo" carece de gran parte de estas características, ya que no pugna por dotar efectivamente a la sociedad de un marco legal eficiente y menos aún por el ejercicio independiente del poder judicial. En México el gobierno nunca se ha preocupado por definir, garantizar y proteger los derechos privados de propiedad que propugna el liberalismo, como tampoco hemos tenido un poder judicial independiente, honesto e imparcial.
En segundo lugar, para la posición liberal es crucial que exista un marco de igualdad de oportunidad de acceso a los diferentes mercados y que sean las preferencias, habilidades y conocimientos de cada uno de los individuos, en un contexto de mercados competitivos, lo que determina cómo se distribuye el ingreso. Por el contrario, en esta falsa aplicación del liberalismo perdura un sistema de privilegios otorgados a una minoría, con mercados monopolizados creados y/o protegidos por el gobierno. México siempre ha sido un sistema de privilegios, y citando a Manuel Abada y Queipo, obispo de Michoacán en una carta dirigida en 1799 al Consejo de Estado: "soportamos cargas

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