Liberalizando el transporte público
La revolución vial de la República, con sus corredores norte y sur y el ensanche de la Interamericana, tendrá como complemento indispensable la liberalización del transporte público. En las últimas semanas, han trascendido claras señales de que se piensa abrir ese sector a la participación privada, sea en la actual administración o en una próxima.
Alentado por la mayoría de que goza en la Asamblea Legislativa y por el éxito de las difíciles reformas económicas emprendidas (Código de Trabajo, Fondo Complementario, privatizaciones, descentralización educativa, rebaja arancelaria y otros), el gobierno parece dispuesto a desmantelar otra de las iniciativas de Torrijos, cambiando la actual gremialización del transporte, por su privatización.
En 1969 Torrijos nacionalizó los servicios de electricidad y telefonía, pasándolos al dominio del Estado y puso en manos de los sindicatos de conductores todas las empresas privadas de transporte de buses y taxis que pertenecían a conocidas familias panameñas, pese a que ellas prestaban entonces un servicio más que aceptable.
A partir de aquel momento, el transporte público sufrió un deterioro galopante que condujo a la conformación de un cerrado oligopolio a cargo de sindicatos de transportistas, apoyados oficialmente con préstamos blandos, privilegios y exoneraciones.
No pasó mucho tiempo antes de que nacieran poderosos carteles sindicales que negociaban cupos, importaban piezas y vehículos exonerados, operaban tiendas, piqueras y un mercado negro de combustible robado o exento. Eran verdaderas mafias con poderosas influencias en la Fuerza Pública y altas esferas gubernamentales, que controlaban la dirección de tránsito y que hacía a sus agremiados inmunes a las leyes.
El gobierno militar a su vez se sirvió de ellos como puntal de sustento, encargándoles la movilización de manifestaciones portátiles y sustrayendo el servicio a las marchas opositoras. La burocracia sindical se convirtió paulatinamente en una casta adinerada y perpetua a costa del sudor de sus agremiados, legalizando regímenes especiales de humillante semiesclavitud, en contubernio con los uniformados.
Hubo también escandalosos negociados, cuando parientes de los entorchados exigieron parte del pastel, como el caso de CUTSA, cuyas multimillonarias pérdidas fueron absorbidas con fondos de los contribuyentes.
Hoy el mundo ha cambiado y el papel del Estado cede su espacio a una mayor participación privada. La venta de las grandes empresas estatales son señal inequívoca de ello. Y en ese sentido, la libre participación del capital privado en el transporte público, constituye la única alternativa de proveer un servicio de transporte ordenado, respetuoso y eficiente. Hay serios estudios de prestigiosas empresas extranjeras que así lo recomiendan, y que están listas para iniciar un cambio que, por lo demás, es inevitable.
Alentado por la mayoría de que goza en la Asamblea Legislativa y por el éxito de las difíciles reformas económicas emprendidas (Código de Trabajo, Fondo Complementario, privatizaciones, descentralización educativa, rebaja arancelaria y otros), el gobierno parece dispuesto a desmantelar otra de las iniciativas de Torrijos, cambiando la actual gremialización del transporte, por su privatización.
En 1969 Torrijos nacionalizó los servicios de electricidad y telefonía, pasándolos al dominio del Estado y puso en manos de los sindicatos de conductores todas las empresas privadas de transporte de buses y taxis que pertenecían a conocidas familias panameñas, pese a que ellas prestaban entonces un servicio más que aceptable.
A partir de aquel momento, el transporte público sufrió un deterioro galopante que condujo a la conformación de un cerrado oligopolio a cargo de sindicatos de transportistas, apoyados oficialmente con préstamos blandos, privilegios y exoneraciones.
No pasó mucho tiempo antes de que nacieran poderosos carteles sindicales que negociaban cupos, importaban piezas y vehículos exonerados, operaban tiendas, piqueras y un mercado negro de combustible robado o exento. Eran verdaderas mafias con poderosas influencias en la Fuerza Pública y altas esferas gubernamentales, que controlaban la dirección de tránsito y que hacía a sus agremiados inmunes a las leyes.
El gobierno militar a su vez se sirvió de ellos como puntal de sustento, encargándoles la movilización de manifestaciones portátiles y sustrayendo el servicio a las marchas opositoras. La burocracia sindical se convirtió paulatinamente en una casta adinerada y perpetua a costa del sudor de sus agremiados, legalizando regímenes especiales de humillante semiesclavitud, en contubernio con los uniformados.
Hubo también escandalosos negociados, cuando parientes de los entorchados exigieron parte del pastel, como el caso de CUTSA, cuyas multimillonarias pérdidas fueron absorbidas con fondos de los contribuyentes.
Hoy el mundo ha cambiado y el papel del Estado cede su espacio a una mayor participación privada. La venta de las grandes empresas estatales son señal inequívoca de ello. Y en ese sentido, la libre participación del capital privado en el transporte público, constituye la única alternativa de proveer un servicio de transporte ordenado, respetuoso y eficiente. Hay serios estudios de prestigiosas empresas extranjeras que así lo recomiendan, y que están listas para iniciar un cambio que, por lo demás, es inevitable.
