"Libertad de Expresión"
Por qué ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esta es una pregunta que quizás muchos se harán, pero la respuesta sería solamente una, cuando vivimos en gobiernos como el de Panamá, que no ha llegado a la edad de la adolescencia, hablando en términos democráticos, es decir, que ni siquiera a la etapa de la pubertad, se peligra muchas veces que ese proceso evolutivo, como de todas las cosas, se pierda y no pueda crecer, desarrollarse y madurar, que es el ideal de todos los panameños que vivimos 21 años de dictadura militar.
Entonces, hay que buscar foros y organismos internacionales para denunciar cuando uno de los principales derechos inalienables del hombre, como lo es la libertad de expresión, peligra en una incipiente democracia como la nuestra.
El Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Marcos Castillo, denunció el pasado 16 de octubre en audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, al gobierno panameño por violación a la libertad de expresión, la persecución que hay contra los periodistas, el mantener vigente leyes mordazas que restringen el libre ejercicio del periodismo, los anteproyectos traídos de los cabellos de los legisladores Francisco Ameglio y Olivia de Pomares, que pretenden que el Gobierno establezca las pautas de los programas de televisión y radio; mientras que el otro busca poner una "Burka" a los medios impresos, cuando se publiquen, según ellos (legisladores), material que supuestamente atente contra la moral. ¿Quiénes hablan de moral?
222...a pesar que nuestros gobiernos han ratificado los convenios internacionales y resoluciones de la ONU, no cumplen precisamente con esos compromisos
Además del mal trato que se le ha dado al periodista Blas Julio, violando sus derechos humanos en la cárcel; el caso de indemnización del diario La Prensa y Alberto Conte, los más de 98 casos o procesos contra comunicadores sociales, que se mantienen en el Ministerio Público por el supuesto delito de calumnia e injuria, y con la celeridad que se le da a los mismos, en total fueron 10 denuncias que se hicieron.
Es por ello que no podemos quedarnos callados, y tenemos que salir a estos foros internacionales a denunciar lo que se está viviendo y que todo el mundo sepa qué está pasando en Panamá. Es por ello que valientemente el Colegio y el Forum de Periodistas han salido y denunciado las arbitrariedades que se están cometiendo y las que se pretenden cometer, en materia de libertad de expresión.
Los que hoy están en el poder, al igual que las dos últimas administraciones, hicieron promesas de campaña electorera, de respetar la libertad de expresión y derogar todos esos paquetes de artículos diseminados en leyes, códigos e incluso en nuestra propia Carta Magna, que son una mordaza para el libre ejercicio del periodismo, pero no lo han hecho; como siempre, sólo son promesas de campañas que nunca se cumplen.
Pero, ¿por qué no lo han hecho? Por una simple y sencilla razón: aquéllos que ayer hipócritamente salían a las calles con pañuelitos blancos, pidiendo la salida de los militares, y exigían que se respetara la libertad de expresión y que hoy nos gobiernan, se han dado cuenta que lo heredado de los militares les ha servido de herramienta para acallar los cuestionamientos de los periodistas, frente a las constantes denuncias de corrupción y evitar los señalamientos que le hace la opinión pública.
De acuerdo a informes obtenidos, nos hemos podido percatar que existe una persecución subliminal contra los periodistas en nuestro país, y una muestra de ello es que de las denuncias que se presentan contra los comunicadores sociales, por el supuesto delito de calumnia e injuria, el 90 por ciento es presentada por funcionarios públicos.
Si nuestros gobernantes son los que tienen que garantizar el libre ejercicio del periodismo, evitar que se dé la persecución contra los periodistas, y hacer respetar el derecho inalienable de todo hombre y mujer que es la libertad de expresión, y no lo hacen, entonces tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que se están violando nuestros derechos.
También es una forma que organismos internacionales, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conozcan la realidad que vive Panamá.
Y a pesar que nuestros gobiernos han ratificado los convenios internacionales y resoluciones de la ONU, no cumplen precisamente con esos compromisos internacionales, y hacen y desasen con dichos compromisos lo que les da la gana, y ya está bueno, es hora de que esto se sepa...
¿Hasta cuándo?
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
Entonces, hay que buscar foros y organismos internacionales para denunciar cuando uno de los principales derechos inalienables del hombre, como lo es la libertad de expresión, peligra en una incipiente democracia como la nuestra.
El Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Marcos Castillo, denunció el pasado 16 de octubre en audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, al gobierno panameño por violación a la libertad de expresión, la persecución que hay contra los periodistas, el mantener vigente leyes mordazas que restringen el libre ejercicio del periodismo, los anteproyectos traídos de los cabellos de los legisladores Francisco Ameglio y Olivia de Pomares, que pretenden que el Gobierno establezca las pautas de los programas de televisión y radio; mientras que el otro busca poner una "Burka" a los medios impresos, cuando se publiquen, según ellos (legisladores), material que supuestamente atente contra la moral. ¿Quiénes hablan de moral?
222...a pesar que nuestros gobiernos han ratificado los convenios internacionales y resoluciones de la ONU, no cumplen precisamente con esos compromisos
Además del mal trato que se le ha dado al periodista Blas Julio, violando sus derechos humanos en la cárcel; el caso de indemnización del diario La Prensa y Alberto Conte, los más de 98 casos o procesos contra comunicadores sociales, que se mantienen en el Ministerio Público por el supuesto delito de calumnia e injuria, y con la celeridad que se le da a los mismos, en total fueron 10 denuncias que se hicieron.
Es por ello que no podemos quedarnos callados, y tenemos que salir a estos foros internacionales a denunciar lo que se está viviendo y que todo el mundo sepa qué está pasando en Panamá. Es por ello que valientemente el Colegio y el Forum de Periodistas han salido y denunciado las arbitrariedades que se están cometiendo y las que se pretenden cometer, en materia de libertad de expresión.
Los que hoy están en el poder, al igual que las dos últimas administraciones, hicieron promesas de campaña electorera, de respetar la libertad de expresión y derogar todos esos paquetes de artículos diseminados en leyes, códigos e incluso en nuestra propia Carta Magna, que son una mordaza para el libre ejercicio del periodismo, pero no lo han hecho; como siempre, sólo son promesas de campañas que nunca se cumplen.
Pero, ¿por qué no lo han hecho? Por una simple y sencilla razón: aquéllos que ayer hipócritamente salían a las calles con pañuelitos blancos, pidiendo la salida de los militares, y exigían que se respetara la libertad de expresión y que hoy nos gobiernan, se han dado cuenta que lo heredado de los militares les ha servido de herramienta para acallar los cuestionamientos de los periodistas, frente a las constantes denuncias de corrupción y evitar los señalamientos que le hace la opinión pública.
De acuerdo a informes obtenidos, nos hemos podido percatar que existe una persecución subliminal contra los periodistas en nuestro país, y una muestra de ello es que de las denuncias que se presentan contra los comunicadores sociales, por el supuesto delito de calumnia e injuria, el 90 por ciento es presentada por funcionarios públicos.
Si nuestros gobernantes son los que tienen que garantizar el libre ejercicio del periodismo, evitar que se dé la persecución contra los periodistas, y hacer respetar el derecho inalienable de todo hombre y mujer que es la libertad de expresión, y no lo hacen, entonces tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que se están violando nuestros derechos.
También es una forma que organismos internacionales, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conozcan la realidad que vive Panamá.
Y a pesar que nuestros gobiernos han ratificado los convenios internacionales y resoluciones de la ONU, no cumplen precisamente con esos compromisos internacionales, y hacen y desasen con dichos compromisos lo que les da la gana, y ya está bueno, es hora de que esto se sepa...
¿Hasta cuándo?
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
