Libertad de expresión en peligro
La instrumentación burocrática de los dispositivos del Código Electoral sobre las encuestas ha puesto al descubierto una cadena de sofismas que atenta contra los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión. Pretendiendo supervisar la idoneidad técnica de las encuestas, el Tribunal Electoral, impone regulaciones administrativas que lesionan el derecho de los ciudadanos a expresar sus preferencias políticas a través de las encuestas. Incumpliendo su obligación de garantizar la imparcialidad del proceso electoral, este organismo público impide que los electores conozcan el desarrollo de las corrientes de opinión que se expresan en los procesos democráticos genuinamente libres, mediante las encuestas.
Arrogándose funciones que no le incumben y que nadie le ha confiado, el Tribunal Electoral se ha convertido en guardián de los medios de opinión, esto es, en un ente inconstitucional, arbitrario y censor, que desborda por completo sus facultades.
Por su propia naturaleza las encuestas electorales expresan las opiniones políticas de ciudadanos, ciñéndose a técnicas de muestreo de aplicación internacional en los países democráticos, menos en Panamá. En ninguno de esos países, los organismos electorales tienen competencia para decidir si una encuesta tiene solvencia técnica o no, o si la consulta de opiniones debe regirse por esta o aquella metodología que los burócratas electorales encuentren satisfactoria para su criterio particular. Sin embargo, exagerando preocupantemente sus atribuciones, aquí el Tribunal Electoral obliga a los medios de comunicación a que les entregue el resultado de las encuestas antes de darla a conocer a sus lectores; fija procedimientos coactivos para empresas periodísticas que contratan las encuestas, y multa a su libre albedrío a quien no acata sus puntillosidades administrativas.
Ciertamente no existen precedentes en la legislación electoral internacional de casos semejantes que ataquen simultáneamente la libertad de empresa, la libertad de contratación, el derecho al uso prioritario de estudios técnicos y, lo que es más grave, la libre expresión de los ciudadanos manifestada en una encuesta electoral. La Asamblea Legislativa debe derogar cuanto antes estos dispositivos que contravienen sus objetivos aparentes y se levanta en los hechos como una aberración contra la libertad de expresarse sin censura previa y sin cortapisas burocráticas.
Arrogándose funciones que no le incumben y que nadie le ha confiado, el Tribunal Electoral se ha convertido en guardián de los medios de opinión, esto es, en un ente inconstitucional, arbitrario y censor, que desborda por completo sus facultades.
Por su propia naturaleza las encuestas electorales expresan las opiniones políticas de ciudadanos, ciñéndose a técnicas de muestreo de aplicación internacional en los países democráticos, menos en Panamá. En ninguno de esos países, los organismos electorales tienen competencia para decidir si una encuesta tiene solvencia técnica o no, o si la consulta de opiniones debe regirse por esta o aquella metodología que los burócratas electorales encuentren satisfactoria para su criterio particular. Sin embargo, exagerando preocupantemente sus atribuciones, aquí el Tribunal Electoral obliga a los medios de comunicación a que les entregue el resultado de las encuestas antes de darla a conocer a sus lectores; fija procedimientos coactivos para empresas periodísticas que contratan las encuestas, y multa a su libre albedrío a quien no acata sus puntillosidades administrativas.
Ciertamente no existen precedentes en la legislación electoral internacional de casos semejantes que ataquen simultáneamente la libertad de empresa, la libertad de contratación, el derecho al uso prioritario de estudios técnicos y, lo que es más grave, la libre expresión de los ciudadanos manifestada en una encuesta electoral. La Asamblea Legislativa debe derogar cuanto antes estos dispositivos que contravienen sus objetivos aparentes y se levanta en los hechos como una aberración contra la libertad de expresarse sin censura previa y sin cortapisas burocráticas.
