Libertad de prensa en Panamá
Hoy se celebra el día del periodista, fecha que coincide con el inicio de la conferencia de fin de año de la Sociedad Interamericana de Prensa que tiene lugar en Punta del Este, Uruguay. La ocasión es propicia para pasar revista a la situación de ese derecho fundamental en nuestro país.
Hay que reconocer que el actual gobierno ha continuado practicando un escrupuloso respeto a la libertad de prensa, salvo episodios notables pero afortunadamente aislados, como lo fue el intento de revocar la visa y permiso de trabajo al colega Gustavo Gorriti.
Pero paralelamente, continúan dándose denuncias por calumnia e injuria contra periodistas que en ejercicio de su oficio han publicado notas que de algún modo afectan la susceptibilidad de funcionarios públicos determinados.
Afortunadamente, para los últimos casos, por regla general, viene desarrollándose imperceptiblemente una sabia jurisprudencia que tiende a exonerar de responsabilidad a los periodistas cuando sus publicaciones son el producto de su mero derecho y deber de informar.
Continúa sin embargo dándose la malsana práctica de citar, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral, a periodistas que publican noticias sobre hechos que pueden constituir delitos, cual si se tratara de testigos, sin advertir que existe en favor de los periodistas el principio de la reserva de la fuente; y sin percatarse que, con esa práctica, entorpecen el libre ejercicio del oficio y ponen incluso en peligro la integridad física y hasta la vida de dichos profesionales.
En el plano legislativo, nueve años de ejercicio democrático de post-dictadura y dos gobiernos libremente elegidos no han sido suficientes para derogar las leyes mordazas de la dictadura militar que continúan vigentes, aunque no se apliquen.
Las leyes mordaza imponen al ejercicio de la libertad de información condicionamientos incompatibles con tratados internacionales sobre derechos humanos que son ley de la República, cual es el funcionamiento de una Junta Técnica de Periodismo, al tiempo que conceden al Organo Ejecutivo y a autoridades de policía facultades de cierre y sanción intolerables en una democracia.
En el mismo terreno, queda también pendiente para futuros gobiernos, la despenalización de los delitos de calumnia e injuria, que son perenne instrumento de coacción por cárcel contra el ejercicio de una prensa libre.
Por último, aguarda también su eventual derogatoria, toda la legislación restrictiva del derecho de información, tales como la veda informativa de encuestas electorales, la mal llamada reserva del sumario, la prohibición de información sobre delitos de menores y otras que no son sino otras formas de sutiles y descarados amordazamientos.
Hay que reconocer que el actual gobierno ha continuado practicando un escrupuloso respeto a la libertad de prensa, salvo episodios notables pero afortunadamente aislados, como lo fue el intento de revocar la visa y permiso de trabajo al colega Gustavo Gorriti.
Pero paralelamente, continúan dándose denuncias por calumnia e injuria contra periodistas que en ejercicio de su oficio han publicado notas que de algún modo afectan la susceptibilidad de funcionarios públicos determinados.
Afortunadamente, para los últimos casos, por regla general, viene desarrollándose imperceptiblemente una sabia jurisprudencia que tiende a exonerar de responsabilidad a los periodistas cuando sus publicaciones son el producto de su mero derecho y deber de informar.
Continúa sin embargo dándose la malsana práctica de citar, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral, a periodistas que publican noticias sobre hechos que pueden constituir delitos, cual si se tratara de testigos, sin advertir que existe en favor de los periodistas el principio de la reserva de la fuente; y sin percatarse que, con esa práctica, entorpecen el libre ejercicio del oficio y ponen incluso en peligro la integridad física y hasta la vida de dichos profesionales.
En el plano legislativo, nueve años de ejercicio democrático de post-dictadura y dos gobiernos libremente elegidos no han sido suficientes para derogar las leyes mordazas de la dictadura militar que continúan vigentes, aunque no se apliquen.
Las leyes mordaza imponen al ejercicio de la libertad de información condicionamientos incompatibles con tratados internacionales sobre derechos humanos que son ley de la República, cual es el funcionamiento de una Junta Técnica de Periodismo, al tiempo que conceden al Organo Ejecutivo y a autoridades de policía facultades de cierre y sanción intolerables en una democracia.
En el mismo terreno, queda también pendiente para futuros gobiernos, la despenalización de los delitos de calumnia e injuria, que son perenne instrumento de coacción por cárcel contra el ejercicio de una prensa libre.
Por último, aguarda también su eventual derogatoria, toda la legislación restrictiva del derecho de información, tales como la veda informativa de encuestas electorales, la mal llamada reserva del sumario, la prohibición de información sobre delitos de menores y otras que no son sino otras formas de sutiles y descarados amordazamientos.
