Libre comercio y dignidad de una nación
Mucho se ha venido diciendo y observando, por parte de algunos analistas de las cuestiones nacionales, respecto a la posible celebración o concertación de un Tratado de Libre Comercio entre Panamá y los Estados Unidos de América. Las opiniones parecen no converger a unificar posturas o entendimientos. Los criterios emitidos, a título de síntesis, podrían clasificarse de la siguiente manera: a. Criterios que respaldan, de modo incondicional y sin mayores ambages, la concertación de ese tratado (Tesis de Ricardo Martinelli o Tesis del entreguismo); b. criterios que condicionan ese tratado a las posibles conveniencias panameñas; es decir, en determinar o precisar, de modo previo, cuáles serían los réditos o beneficios para nuestra gente o pueblo (Tesis Endara-Tesis populista); c. criterios que manejan el discurso del tratado en mención por la cuestión tecnócrata y programática con ribetes políticos (Tesis Alemán-Torrijos o tesis electoreras); d. criterios que niegan la celebración, por inconveniente para nuestro país, de ese tratado de libre comercio con la nación del Tío Sam (Tesis de la obcecación); y finalmente, e. los criterios que propalan o promueven que Panamá debe avocarse a celebrar negociaciones, con eventual arribo en tratados, con los países suramericanos, básicamente con Chile, Argentina, Brasil, Perú y otros (Tesis suramericanista).
En lo que sí parece existir consenso o acuerdo entre esos analistas es que Panamá nada tiene que "buscar en los restantes países de Centroamérica", dadas las circunstancias de ostentar esas naciones economías muy pobres y deficientes, y de las cuales la nuestra, en aras de la sinceridad, no dista mucho. Esta es la tesis del menosprecio y de la política del mal amigo.
En lo sustancial, como se puede apreciar, algunos de esos criterios pecan, ciertamente, de no advertir la objetividad de las cosas y es así cómo soslayan o inadvierten, cuestiones tan claras, como las siguientes: a. Ningún tratado de libre comercio puede marginar la especial consideración de las conveniencias o inconveniencias para nuestro pueblo, nuestro Estado.
El examen debe iniciar por ponderar qué puede ofrecer la parte con la que negociamos y, del mismo modo, qué podemos ofertar a esa nación. Esto, desde luego, que traduce una especial condición de nuestro gobierno: ser acuciosos y exhaustivos en el análisis, dado que al final de cuentas nos permitirá determinar si detrás de un aparente tratado de libre comercio la otra nación, al final de cuentas, está persiguiendo fines u objetivos innobles o de distinta naturaleza, básicamente de índole política, de estrategia o de conveniencia para el desarrollo de políticas internacionales. Por eso es que Panamá no puede caer en el juego del regateo para con los Estados Unidos de que estamos urgidos en ese Tratado de Libre Comercio. Desde luego que ello no significa descartarlo o no considerarlo, pero hay que meditar, seriamente, qué es lo que vamos a pactar, el objeto a negociar, procedimientos de negociación, planteo bien definido de la jurisdicción nacional y de su ordenamiento jurídico, respeto a la soberanía nacional, y sin dejar a un lado los caros principios de la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de una nación en los asuntos privativos o exclusivos de otra conforme al concepto de soberanía.
b. Precisión de las políticas económicas del Estado y de un claro concepto de su economía política, precisando los principios y reglas, de acuerdo a nuestro orden público constitucional. Ello implica y nos compele a tomar en cuenta los principios constitucionales, en materia económica, que proyectan el desarrollo integral de la nación panameña y por consiguiente de todos los panameños por igual y sin distingo, como reza la propia Constitución, de credos, sexo, raza, condición social, religión, etc. Esa regla rectora o principio de igualdad, debe quedar claramente definida en toda concertación de un tratado de libre comercio, sea la nación que fuera y con la que vayamos a celebrarlo. Esto traduce, del mismo modo, una aplicación coherente de restantes normas constitucionales que tienen que ver con las libertades individuales y sociales; con nuestro canal interoceánico, con lo que guarda intrínseca relación con nuestros puertos; con la existencia de una libertad de Estado para contratar o pactar con quien se determine y conforme a lo más conveniente para nuestra gente, etc.
Panamá, frente a cualquier tratado de libre comercio, tiene que mantener su carácter de tutor de la actividad agropecuaria, industrial y comercial de nuestros connacionales y de quienes sin serlo conviven en este suelo.
c. La defensa y preservación de la dignidad nacional: ello equivale tanto a como decir, de nuestro orgullo, no solamente de ciudadanos sino también de pueblo trabajador, agrícola, pecuario, deficientemente industrial, de poca manufactura, pero con ansias de progreso y de desarrollo. Hay que pensar en cifras y en réditos económicos para nuestra gente, nuestro pueblo. Gobernar bien, significa, al final de cuentas, hacer las cosas bien para una nación cuya población quiere siempre mejores días y condiciones de vida. Esa dignidad nacional debe, siempre, estar en las mentes de quienes tengan la tarea de negociar con los norteamericanos quienes creen firmemente en que "en la oscuridad del texto está el éxito" de sus negociaciones.
d. Aplicar políticas económicas abiertas de caras al mundo entero y explorar conversaciones con todas aquellas naciones que están dispuestas a mantener, no sólo relaciones diplomáticas con Panamá, sino también de naturaleza comercial. En ese orden de ideas, Panamá no puede manejar su política comercial internacional siempre supeditado o condicionado al temor reverencial y pensando en la incomodidad o perturbación que puedan generar en los norteamericanos nuestras propias decisiones.
Así, pues, es menester que replanteemos nuestra política exterior con los países africanos (Libia, por ejemplo, amigo tradicional de nuestro país y fiel aliado en la lucha para la recuperación del Canal, en donde Panamá no tiene ni siquiera una embajada; también con Israel, país con quien podríamos hacer excelentes negociaciones y de seguro con expectativas de generar grandes beneficios para nuestro pueblo, etc.) La nación panameña, indefectiblemente, tiene que reconsiderar su política respecto a la comunidad árabe, con la cual ni siquiera mantiene relaciones diplomáticas en esas jurisdicciones.
Mucho hay que hacer con esas naciones. No hay que descartar, desde esta perspectiva, que podemos tratar con nuestros hermanos centroamericanos, no menospreciarlos, pero debemos explorar un poco más las condiciones y los productos o materias que podrían ser objeto de la negociación; también hay que replantear las negociaciones con la hermana República de Colombia, país dotado por la naturaleza de grandes y diversas riquezas y con talentos culturales de enormes dimensiones -considerar, sobre todo, la inminente comunicación terrestre con esa nación amiga-.
Como se advierte, lo relativo a estos tratados no pasa por ser una cuestión superficial, sino que connota temas propios de una Agenda de Estado y de un Gobierno serio y responsable que piense siquiera un poquito en nuestro pueblo, en nuestros empresarios -pequeños, medianos y grandes-, en los productores nacionales, etc. Gobernar bien es negociar bien. Esa siempre ha sido la línea del Tío Sam: nuestro pueblo vale lo que vale el mundo entero. Apliquemos esta pauta de negociación en nombre de Panamá. Y no olvidemos: los norteamericanos no son amigos de tratados ni de convenciones ni de pactos.
(stekrakri@hotmail.com)
En lo que sí parece existir consenso o acuerdo entre esos analistas es que Panamá nada tiene que "buscar en los restantes países de Centroamérica", dadas las circunstancias de ostentar esas naciones economías muy pobres y deficientes, y de las cuales la nuestra, en aras de la sinceridad, no dista mucho. Esta es la tesis del menosprecio y de la política del mal amigo.
En lo sustancial, como se puede apreciar, algunos de esos criterios pecan, ciertamente, de no advertir la objetividad de las cosas y es así cómo soslayan o inadvierten, cuestiones tan claras, como las siguientes: a. Ningún tratado de libre comercio puede marginar la especial consideración de las conveniencias o inconveniencias para nuestro pueblo, nuestro Estado.
El examen debe iniciar por ponderar qué puede ofrecer la parte con la que negociamos y, del mismo modo, qué podemos ofertar a esa nación. Esto, desde luego, que traduce una especial condición de nuestro gobierno: ser acuciosos y exhaustivos en el análisis, dado que al final de cuentas nos permitirá determinar si detrás de un aparente tratado de libre comercio la otra nación, al final de cuentas, está persiguiendo fines u objetivos innobles o de distinta naturaleza, básicamente de índole política, de estrategia o de conveniencia para el desarrollo de políticas internacionales. Por eso es que Panamá no puede caer en el juego del regateo para con los Estados Unidos de que estamos urgidos en ese Tratado de Libre Comercio. Desde luego que ello no significa descartarlo o no considerarlo, pero hay que meditar, seriamente, qué es lo que vamos a pactar, el objeto a negociar, procedimientos de negociación, planteo bien definido de la jurisdicción nacional y de su ordenamiento jurídico, respeto a la soberanía nacional, y sin dejar a un lado los caros principios de la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de una nación en los asuntos privativos o exclusivos de otra conforme al concepto de soberanía.
b. Precisión de las políticas económicas del Estado y de un claro concepto de su economía política, precisando los principios y reglas, de acuerdo a nuestro orden público constitucional. Ello implica y nos compele a tomar en cuenta los principios constitucionales, en materia económica, que proyectan el desarrollo integral de la nación panameña y por consiguiente de todos los panameños por igual y sin distingo, como reza la propia Constitución, de credos, sexo, raza, condición social, religión, etc. Esa regla rectora o principio de igualdad, debe quedar claramente definida en toda concertación de un tratado de libre comercio, sea la nación que fuera y con la que vayamos a celebrarlo. Esto traduce, del mismo modo, una aplicación coherente de restantes normas constitucionales que tienen que ver con las libertades individuales y sociales; con nuestro canal interoceánico, con lo que guarda intrínseca relación con nuestros puertos; con la existencia de una libertad de Estado para contratar o pactar con quien se determine y conforme a lo más conveniente para nuestra gente, etc.
Panamá, frente a cualquier tratado de libre comercio, tiene que mantener su carácter de tutor de la actividad agropecuaria, industrial y comercial de nuestros connacionales y de quienes sin serlo conviven en este suelo.
c. La defensa y preservación de la dignidad nacional: ello equivale tanto a como decir, de nuestro orgullo, no solamente de ciudadanos sino también de pueblo trabajador, agrícola, pecuario, deficientemente industrial, de poca manufactura, pero con ansias de progreso y de desarrollo. Hay que pensar en cifras y en réditos económicos para nuestra gente, nuestro pueblo. Gobernar bien, significa, al final de cuentas, hacer las cosas bien para una nación cuya población quiere siempre mejores días y condiciones de vida. Esa dignidad nacional debe, siempre, estar en las mentes de quienes tengan la tarea de negociar con los norteamericanos quienes creen firmemente en que "en la oscuridad del texto está el éxito" de sus negociaciones.
d. Aplicar políticas económicas abiertas de caras al mundo entero y explorar conversaciones con todas aquellas naciones que están dispuestas a mantener, no sólo relaciones diplomáticas con Panamá, sino también de naturaleza comercial. En ese orden de ideas, Panamá no puede manejar su política comercial internacional siempre supeditado o condicionado al temor reverencial y pensando en la incomodidad o perturbación que puedan generar en los norteamericanos nuestras propias decisiones.
Así, pues, es menester que replanteemos nuestra política exterior con los países africanos (Libia, por ejemplo, amigo tradicional de nuestro país y fiel aliado en la lucha para la recuperación del Canal, en donde Panamá no tiene ni siquiera una embajada; también con Israel, país con quien podríamos hacer excelentes negociaciones y de seguro con expectativas de generar grandes beneficios para nuestro pueblo, etc.) La nación panameña, indefectiblemente, tiene que reconsiderar su política respecto a la comunidad árabe, con la cual ni siquiera mantiene relaciones diplomáticas en esas jurisdicciones.
Mucho hay que hacer con esas naciones. No hay que descartar, desde esta perspectiva, que podemos tratar con nuestros hermanos centroamericanos, no menospreciarlos, pero debemos explorar un poco más las condiciones y los productos o materias que podrían ser objeto de la negociación; también hay que replantear las negociaciones con la hermana República de Colombia, país dotado por la naturaleza de grandes y diversas riquezas y con talentos culturales de enormes dimensiones -considerar, sobre todo, la inminente comunicación terrestre con esa nación amiga-.
Como se advierte, lo relativo a estos tratados no pasa por ser una cuestión superficial, sino que connota temas propios de una Agenda de Estado y de un Gobierno serio y responsable que piense siquiera un poquito en nuestro pueblo, en nuestros empresarios -pequeños, medianos y grandes-, en los productores nacionales, etc. Gobernar bien es negociar bien. Esa siempre ha sido la línea del Tío Sam: nuestro pueblo vale lo que vale el mundo entero. Apliquemos esta pauta de negociación en nombre de Panamá. Y no olvidemos: los norteamericanos no son amigos de tratados ni de convenciones ni de pactos.
(stekrakri@hotmail.com)
