Libre competencia en beneficio del consumidor
Reunidos en nuestros país están los representantes de los organismos de defensa de la competencia de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y de Europa, quienes participan en la VI Reunión del Foro Latinoamericano de Competencia y en el VI Foro Iberoamericano de Competencia. Los líderes de las principales competencias, comparten experiencias, exponen y analizan casos de este ámbito en diferentes países, y coordinan acciones para optimizar el funcionamiento de estos organismos gubernamentales.
Según la teoría económica, el desarrollo de un libre mercado permite que las empresas compitan en base a su eficiencia y productividad, y de esta manera, los consumidores puedan satisfacer sus expectativas, en cuanto a recibir bienes y servicios de calidad aceptable a precios accesibles. Pero existen algunas prácticas que pueden limitar o distorsionar la acción entre los agentes económicos para competir libremente, lo que provoca un perjuicio directo a los consumidores, tales como, abuso de monopolios, acuerdos para distribuirse el mercado, y la concertación injustificada de precios, entre otras prácticas, que producen cierto escepticismo hacia este sistema económico.
Otras de las situaciones que perjudican la libre competencia son los actos desleales cometidos en contra de las normas establecidas. Entre estos actos, se destacan aquellos destinados a crear confusión en los consumidores sobre la procedencia de un producto; los casos de engaño que conducen a información falsa, incorrecta, o incompleta sobre las características, uso y ventajas de un servicio o producto, y en los que se difunden información para que el consumidor pierda credibilidad en un determinado producto o servicio.
Hay muchas formas de prácticas y actos de competencia desleal. Estos buscan afectar a los competidores para ganar consumidores y obtener mayores beneficios. De allí, la existencia de las agencias gubernamentales de la competencia en muchos países, cuya función principal es la de prevenir que se den estas irregularidades.
Hay quienes argumentan que los procedimientos de protección al consumidor no son necesarios, porque el libre mercado puede regularse y controlarse por sí solo, y que los gobiernos no deben intervenir ni promover la competencia. Sin embargo, la realidad muestra que frecuentemente la aspiración a una perfecta economía y mercado ejemplar están lejos de concretizarse. Para garantizar que la competencia funcione en beneficio de los consumidores existe en la República la Ley 45 de 2007 "que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otras medidas", la cual establece una serie de disposiciones a fin de proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor.
