Libre competencia y educación al consumidor
Cuando el Estado panameño, decidió adecuar su normativa interna para cumplir con los requisitos internacionales establecidos para el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, entre otras leyes, surgió la Ley 29 de 1996, sobre la Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Para esta fecha, se entendió de manera acertada, que la libre competencia y la defensa del consumidor son políticas diferentes pero complementarias, eso es así, toda vez que, si bien, la libre competencia busca regular las relaciones entre proveedores que luchan por una posición en el mercado y el acceso a éste, y no necesariamente el beneficio directo del consumidor.
Es innegable que un mercado aun teniendo reglas de competencia claras, para lograr una verdadera competencia y liberación, requiere de consumidores activos y conscientes, que con sus decisiones de consumo, favorezcan el enfrentamiento comercial de productos, prefiriendo aquellos productos de mayor calidad y mejor precio, y viceversa. Poco puede lograrse a favor de los consumidores, si el flujo de productos en el mercado está regido por proveedores y políticas monopolistas que restringen el acceso de nuevos productos y proveedores que tienen control sobre el precio global y condiciones de calidad de los productos existentes.
Comprendido así, el punto de contacto y complementos entre ambas políticas, vale la pena preguntarse ¿por qué en nuestro país, a pesar de existir una regulación de libre competencia y de protección al consumidor, con normas formalmente aceptables, nuestro mercado de productos y servicios continúa en la practica, equidistante de una verdadera liberalización con plena competencia entre los productos basada en la calidad y precios.
La respuesta, indudablemente, no está en un solo factor, pero su eje fundamental pasa por la ausencia de una política seria de educación al consumidor, ya que a pesar de la existencia de tribunales especializados en resolver conflictos provenientes del consumo y la competencia, son los consumidores los mayoritariamente llamados a denunciar e iniciar estas reclamaciones, situación antes anotada que fue comprendida por quienes redactaron el proyecto de la hoy, Ley 29 de 1996, pero que en muchas ocasiones esta circunstancia es obviada por los hoy encargados de aplicar dichas políticas.
En la medida en que la población sea educada en sus hábitos y decisiones de consumo, no tendrán cabida en el mercado los proveedores inescrupulosos o poco veraces en la publicidad de sus productos.
111 En la medida en que la población sea educada en sus hábitos y decisiones de consumo, no tendrán cabida en el mercado los proveedores inescrupulosos o poco veraces en la publicidad de sus productos.
Si los consumidores asumen conciencia de sus derechos y los mecanismos para su reclamo, los tribunales especializados en la materia recibirán, con la debida frecuencia e insistencia, las reclamaciones judiciales para el cumplimiento de sus derechos y los organismos administrativos encargados de la protección al consumidor contarán con consumidores y asociaciones de ellos fiscalizadoras del mercado.
De esta manera, si nuestro país aspira a tener un mercado realmente liberalizado, donde la libre competencia sea la guía del éxito o fracaso de las empresas, urge implementar serias medidas de educación al consumidor como la inclusión en el curriculum escolar de los temas de educación para el consumo y los derechos de los consumidores; la realización de campañas masivas de educación a la población, en sus derechos en el consumo de productos y servicios; la promoción de una ética empresarial de respeto a los consumidores y la promoción, subsidio y fortalecimiento de las asociaciones de consumidores.
*Miembro del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios.
Es innegable que un mercado aun teniendo reglas de competencia claras, para lograr una verdadera competencia y liberación, requiere de consumidores activos y conscientes, que con sus decisiones de consumo, favorezcan el enfrentamiento comercial de productos, prefiriendo aquellos productos de mayor calidad y mejor precio, y viceversa. Poco puede lograrse a favor de los consumidores, si el flujo de productos en el mercado está regido por proveedores y políticas monopolistas que restringen el acceso de nuevos productos y proveedores que tienen control sobre el precio global y condiciones de calidad de los productos existentes.
Comprendido así, el punto de contacto y complementos entre ambas políticas, vale la pena preguntarse ¿por qué en nuestro país, a pesar de existir una regulación de libre competencia y de protección al consumidor, con normas formalmente aceptables, nuestro mercado de productos y servicios continúa en la practica, equidistante de una verdadera liberalización con plena competencia entre los productos basada en la calidad y precios.
La respuesta, indudablemente, no está en un solo factor, pero su eje fundamental pasa por la ausencia de una política seria de educación al consumidor, ya que a pesar de la existencia de tribunales especializados en resolver conflictos provenientes del consumo y la competencia, son los consumidores los mayoritariamente llamados a denunciar e iniciar estas reclamaciones, situación antes anotada que fue comprendida por quienes redactaron el proyecto de la hoy, Ley 29 de 1996, pero que en muchas ocasiones esta circunstancia es obviada por los hoy encargados de aplicar dichas políticas.
En la medida en que la población sea educada en sus hábitos y decisiones de consumo, no tendrán cabida en el mercado los proveedores inescrupulosos o poco veraces en la publicidad de sus productos.
111 En la medida en que la población sea educada en sus hábitos y decisiones de consumo, no tendrán cabida en el mercado los proveedores inescrupulosos o poco veraces en la publicidad de sus productos.
Si los consumidores asumen conciencia de sus derechos y los mecanismos para su reclamo, los tribunales especializados en la materia recibirán, con la debida frecuencia e insistencia, las reclamaciones judiciales para el cumplimiento de sus derechos y los organismos administrativos encargados de la protección al consumidor contarán con consumidores y asociaciones de ellos fiscalizadoras del mercado.
De esta manera, si nuestro país aspira a tener un mercado realmente liberalizado, donde la libre competencia sea la guía del éxito o fracaso de las empresas, urge implementar serias medidas de educación al consumidor como la inclusión en el curriculum escolar de los temas de educación para el consumo y los derechos de los consumidores; la realización de campañas masivas de educación a la población, en sus derechos en el consumo de productos y servicios; la promoción de una ética empresarial de respeto a los consumidores y la promoción, subsidio y fortalecimiento de las asociaciones de consumidores.
*Miembro del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios.
