Liderazgo de Torrijos en la reforma judicial
Uno de los mayores desafíos institucionales es lograr que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia. La sociedad panameña tiene una imagen negativa de la justicia. La ve poco eficiente, parcializada, con escasos comportamientos éticos y con falta de independencia con respecto al poder político y al sector privado. Curiosamente, en estos días, representantes del sector empresarial demandan la destitución de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el oscuro interés de promover sus propias figuras para ocupar los cargos en la máxima instancia judicial.
La dinámica de cambios que está generando la sociedad panameña requiere consistencia y estabilidad, prudencia y equilibrio. La seguridad jurídica es indispensable para alcanzar justicia.
Un sistema de justicia saludable, honesto y eficaz tiene una gran incidencia en la eficiencia económica y el desarrollo sostenible de un país. Por eso, es urgente establecer mecanismos y controles dirigidos a recuperar la confianza en la justicia.
En ese contexto el presidente Martín Torrijos ha retomado el liderazgo de la reforma integral del sistema judicial. Nombró la comisión que seleccionó, con participación de la sociedad organizada, los candidatos a magistrados para llenar las vacantes que se producirán a finales de año en la Corte Suprema de Justicia. Además instaló el organismo encargado de la reforma del Código Penal y Procesal Penal y está analizando las características de la instancia que dará seguimiento a los compromisos alcanzados en septiembre por la Comisión del Pacto por la Justicia.
La treintena de proyectos consensuados en el seno de esa Comisión, producto del Pacto por la Justicia suscrito en marzo por los tres poderes del Estado, permite a Torrijos presupuestar por los próximos cuatro años los costos de la reforma judicial y conocer el nivel de compromiso con ese proceso por parte de organismos internacionales. Actualmente, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Agencia de Cooperación Española, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, participan en proyectos concretos sin duplicidad de esfuerzos y maximizando los recursos comprometidos.
La reforma judicial tiene proyectos y tiempos específicos que demandan recursos y el necesario apoyo técnico, sobre todo en lo relativo a las experiencias que se han dado en otros países empeñados en cambios estructurales de la justicia. De allí la importancia de que sea una instancia surgida desde la misma Comisión de Estado por la Justicia, en la que participe la sociedad organizada, la que dé seguimiento a los compromisos adquiridos.
Esa instancia, con una visión del universo complejo de la reforma judicial, sería la encargada de que cada componente cumpla con el trabajo asignado y contribuya a desarrollarlo.
Desde el Órgano Ejecutivo, Torrijos mantendrá el liderazgo de la reforma judicial, dejando el trabajo de seguimiento en manos de la Procuraduría de la Administración, que demostró imparcialidad en la coordinación de la Comisión de Estado por la Justicia. La Procuraduría de la Administración actuará como enlace entre los tres poderes del Estado y la sociedad organizada, sin que eso signifique estar por encima de ninguno de esos órganos. Realizará un trabajo técnico manejando las pausas, los avances y los puntos de conflictos propios de todo proceso de reforma.
En la práctica, las calificaciones de la Procuraduría de la Administración, son impecables. Al establecer una red de ética pública, que involucra a más de 80 instituciones del Estado, ha sentado las bases para iniciar los urgentes cambios de conducta que demanda la sociedad.
La experiencia acumulada en el trabajo con los gobiernos locales en el tema de la descentralización y contrataciones públicas, los notables avances con el sector privado en la coordinación de oficinas de empleo y la puesta en práctica en los primeros 10 distritos del país de un manual de buen gobierno con énfasis, en los aspectos éticos, son cartas de presentación que garantizan que esa institución auspiciará la esperada reforma judicial.
Cada una de esas acciones, tiene como objetivo coadyuvar la profunda reforma del Estado en la que está empeñado Torrijos. Porque es a partir de un cambio de conducta en la gestión pública, con la siembra de nuevos valores institucionales, como van germinando los conceptos de ética, transparencia y rendición de cuentas. A través de un cambio de conducta individual es como se proyectan los valores institucionales que luego alcanzan al ciudadano.
Al contribuir a las metas reformistas de Torrijos, la Procuraduría de la Administración, como parte medular de la organización política del Estado, posee una indudable competencia jurídica en todo el proceso de cambios estructurales a los que está abocado el sistema de justicia panameño.
La dinámica de cambios que está generando la sociedad panameña requiere consistencia y estabilidad, prudencia y equilibrio. La seguridad jurídica es indispensable para alcanzar justicia.
Un sistema de justicia saludable, honesto y eficaz tiene una gran incidencia en la eficiencia económica y el desarrollo sostenible de un país. Por eso, es urgente establecer mecanismos y controles dirigidos a recuperar la confianza en la justicia.
En ese contexto el presidente Martín Torrijos ha retomado el liderazgo de la reforma integral del sistema judicial. Nombró la comisión que seleccionó, con participación de la sociedad organizada, los candidatos a magistrados para llenar las vacantes que se producirán a finales de año en la Corte Suprema de Justicia. Además instaló el organismo encargado de la reforma del Código Penal y Procesal Penal y está analizando las características de la instancia que dará seguimiento a los compromisos alcanzados en septiembre por la Comisión del Pacto por la Justicia.
La treintena de proyectos consensuados en el seno de esa Comisión, producto del Pacto por la Justicia suscrito en marzo por los tres poderes del Estado, permite a Torrijos presupuestar por los próximos cuatro años los costos de la reforma judicial y conocer el nivel de compromiso con ese proceso por parte de organismos internacionales. Actualmente, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Agencia de Cooperación Española, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, participan en proyectos concretos sin duplicidad de esfuerzos y maximizando los recursos comprometidos.
La reforma judicial tiene proyectos y tiempos específicos que demandan recursos y el necesario apoyo técnico, sobre todo en lo relativo a las experiencias que se han dado en otros países empeñados en cambios estructurales de la justicia. De allí la importancia de que sea una instancia surgida desde la misma Comisión de Estado por la Justicia, en la que participe la sociedad organizada, la que dé seguimiento a los compromisos adquiridos.
Esa instancia, con una visión del universo complejo de la reforma judicial, sería la encargada de que cada componente cumpla con el trabajo asignado y contribuya a desarrollarlo.
Desde el Órgano Ejecutivo, Torrijos mantendrá el liderazgo de la reforma judicial, dejando el trabajo de seguimiento en manos de la Procuraduría de la Administración, que demostró imparcialidad en la coordinación de la Comisión de Estado por la Justicia. La Procuraduría de la Administración actuará como enlace entre los tres poderes del Estado y la sociedad organizada, sin que eso signifique estar por encima de ninguno de esos órganos. Realizará un trabajo técnico manejando las pausas, los avances y los puntos de conflictos propios de todo proceso de reforma.
En la práctica, las calificaciones de la Procuraduría de la Administración, son impecables. Al establecer una red de ética pública, que involucra a más de 80 instituciones del Estado, ha sentado las bases para iniciar los urgentes cambios de conducta que demanda la sociedad.
La experiencia acumulada en el trabajo con los gobiernos locales en el tema de la descentralización y contrataciones públicas, los notables avances con el sector privado en la coordinación de oficinas de empleo y la puesta en práctica en los primeros 10 distritos del país de un manual de buen gobierno con énfasis, en los aspectos éticos, son cartas de presentación que garantizan que esa institución auspiciará la esperada reforma judicial.
Cada una de esas acciones, tiene como objetivo coadyuvar la profunda reforma del Estado en la que está empeñado Torrijos. Porque es a partir de un cambio de conducta en la gestión pública, con la siembra de nuevos valores institucionales, como van germinando los conceptos de ética, transparencia y rendición de cuentas. A través de un cambio de conducta individual es como se proyectan los valores institucionales que luego alcanzan al ciudadano.
Al contribuir a las metas reformistas de Torrijos, la Procuraduría de la Administración, como parte medular de la organización política del Estado, posee una indudable competencia jurídica en todo el proceso de cambios estructurales a los que está abocado el sistema de justicia panameño.
Los alimentos son imprescindibles para la vida. La necesidad de alimentarse ha movido a los hombres a explotar la naturaleza y a buscar las mejores maneras de usar de los otros seres vivos, fuente de su alimento.
Muchos problemas de salud se pueden evitar con una dieta adecuada.
Una dieta equilibrada debe contener el tipo y la cantidad de alimentos que el organismo requiere, dependiendo de su edad, sexo, actividad, etc.
Un hombre adulto necesita unas 3000 kilocalorías por día, mientras una mujer adulta necesita unas 2200.
