¿Linchamiento de jueces?
ESO, MÁS O MENOS, es lo que ocurriría si prosperara la petición de los presidentes de la APEDE y del Colegio Nacional de Abogados, y de los que la han celebrado y secundado, de que todos los magistrados de la Corte Suprema desalojen sus despachos. Es obvio que se les fue la mano, porque no meditaron que con su exabrupto se llevan de calle cuanto hemos avanzado para consolidar un Estado de derecho. Que un ciudadano cualquiera actúe de manera imprudente y llegue a esos extremos, es explicable, pero es injustificable que lo hagan quienes deben ser orientadores ponderados de la opinión pública.
Como no se trata de ocultar el sol con la mano, no cabe ignorar que nuestra administración de justicia confronta serios problemas, que demandan acciones correctoras que le devuelvan la confianza de la ciudadanía, pero la solución no es descabezar mediante la presión a la cúpula del sistema. Si alguien considera que hay fundamento para acusar a uno o varios magistrados por incumplimiento de las responsabilidades que les imponen la Constitución y la leyes, que se proceda con las denuncias correspondientes. Y si éstas tienen mérito, que mediante un debido proceso se les juzgue y sancione, de comprobarse el ilícito. Proponer cualquier otra vía sería absolutamente irresponsable.
Hace sólo unos días, el magistrado Troyano, presidente de la Corte Suprema, propuso la creación de una comisión independiente de alto nivel, que haga una evaluación del sistema judicial y presente las recomendaciones que podrían contribuir a fortalecerlo. Desafortunadamente, en ese momento nadie hizo eco a esa iniciativa. Tal vez, por el momento y el lugar de su lanzamiento no tuvo la adecuada receptividad, pero como ese es, sin duda, el camino correcto para buscar el mejoramiento integral de la justicia panameña, se la debe retomar y ponerla en práctica, lo más pronto posible.
El sistema judicial panameño, como todos los sistemas judiciales del entorno latinoamericano, tiene problemas, pero no se trata de improvisar o de abrir la compuerta para que prosperen las venganzas políticas o las revanchas personales de quienes no estuvieron de acuerdo con un determinado nombramiento o no han sido favorecidos por los fallos de un juez particular. En términos generales, en todo proceso que se somete a la decisión de los jueces hay dos posiciones en pugna y, por tanto, casi siempre una de ellas se considerará desairada en sus pretensiones y motivada adversamente contra el juzgador. Por eso, debe ponerse sumo cuidado a las motivaciones que puedan animar a sus detractores.
Los problemas del Organo Judicial panameño comprenden una amplia gama de situaciones que tienen que ver con limitaciones materiales, aparte del recurso humano. Claro que hay deficiencias, en ambos aspectos, pero estigmatizar de manera generalizada a todo el sistema es una absoluta falta de objetividad y, también, una injusticia con los funcionarios que, con dedicación y empeño profesional tratan de cumplir su responsabilidad de impartir justicia.
Si de verdad queremos hacer una revisión a fondo del sistema panameño de administración de justicia, ésta debe incluir al Ministerio Público y a sus coadyuvantes: abogados y usuarios. Las deficiencias del sistema, como saben todas las personas que se desenvuelven en esos despachos, no son imputables sólo a los tribunales, pues hay mucho más mar de fondo.
Desafortunadamente, las circunstancias que han vuelto a poner el tema de la justicia y su reforma sobre la mesa de los asuntos que requieren de tratamiento urgente, en vez de servir como punto de partida para buscar remedios permanentes que vayan a la esencia de los problemas, ha derivado en un festinamiento noticioso que debe superarse por el bien del país.
Integrar a corto plazo una comisión de 5 ó 7 miembros, calificados para esa misión, que analice los problemas de una manera integral y rinda un informe con recomendaciones útiles, en un plazo perentorio, no es tarea complicada. Promover el respaldo de la ciudadanía a esa iniciativa es lo prudente y conveniente. Las fórmulas de coacción, que equivalen a condenar sin previo juicio, terminarían causando un daño irreparable a la institucionalidad jurídica y, por tanto, deben descartarse.
Como no se trata de ocultar el sol con la mano, no cabe ignorar que nuestra administración de justicia confronta serios problemas, que demandan acciones correctoras que le devuelvan la confianza de la ciudadanía, pero la solución no es descabezar mediante la presión a la cúpula del sistema. Si alguien considera que hay fundamento para acusar a uno o varios magistrados por incumplimiento de las responsabilidades que les imponen la Constitución y la leyes, que se proceda con las denuncias correspondientes. Y si éstas tienen mérito, que mediante un debido proceso se les juzgue y sancione, de comprobarse el ilícito. Proponer cualquier otra vía sería absolutamente irresponsable.
Hace sólo unos días, el magistrado Troyano, presidente de la Corte Suprema, propuso la creación de una comisión independiente de alto nivel, que haga una evaluación del sistema judicial y presente las recomendaciones que podrían contribuir a fortalecerlo. Desafortunadamente, en ese momento nadie hizo eco a esa iniciativa. Tal vez, por el momento y el lugar de su lanzamiento no tuvo la adecuada receptividad, pero como ese es, sin duda, el camino correcto para buscar el mejoramiento integral de la justicia panameña, se la debe retomar y ponerla en práctica, lo más pronto posible.
El sistema judicial panameño, como todos los sistemas judiciales del entorno latinoamericano, tiene problemas, pero no se trata de improvisar o de abrir la compuerta para que prosperen las venganzas políticas o las revanchas personales de quienes no estuvieron de acuerdo con un determinado nombramiento o no han sido favorecidos por los fallos de un juez particular. En términos generales, en todo proceso que se somete a la decisión de los jueces hay dos posiciones en pugna y, por tanto, casi siempre una de ellas se considerará desairada en sus pretensiones y motivada adversamente contra el juzgador. Por eso, debe ponerse sumo cuidado a las motivaciones que puedan animar a sus detractores.
Los problemas del Organo Judicial panameño comprenden una amplia gama de situaciones que tienen que ver con limitaciones materiales, aparte del recurso humano. Claro que hay deficiencias, en ambos aspectos, pero estigmatizar de manera generalizada a todo el sistema es una absoluta falta de objetividad y, también, una injusticia con los funcionarios que, con dedicación y empeño profesional tratan de cumplir su responsabilidad de impartir justicia.
Si de verdad queremos hacer una revisión a fondo del sistema panameño de administración de justicia, ésta debe incluir al Ministerio Público y a sus coadyuvantes: abogados y usuarios. Las deficiencias del sistema, como saben todas las personas que se desenvuelven en esos despachos, no son imputables sólo a los tribunales, pues hay mucho más mar de fondo.
Desafortunadamente, las circunstancias que han vuelto a poner el tema de la justicia y su reforma sobre la mesa de los asuntos que requieren de tratamiento urgente, en vez de servir como punto de partida para buscar remedios permanentes que vayan a la esencia de los problemas, ha derivado en un festinamiento noticioso que debe superarse por el bien del país.
Integrar a corto plazo una comisión de 5 ó 7 miembros, calificados para esa misión, que analice los problemas de una manera integral y rinda un informe con recomendaciones útiles, en un plazo perentorio, no es tarea complicada. Promover el respaldo de la ciudadanía a esa iniciativa es lo prudente y conveniente. Las fórmulas de coacción, que equivalen a condenar sin previo juicio, terminarían causando un daño irreparable a la institucionalidad jurídica y, por tanto, deben descartarse.
