Litigios en prensa peruana
Santiago de Chile /AIPE.- El muy reciente seminario internacional "Periodismo, ética y poder", organizado en Lima por el Consejo de la Prensa Peruana y la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, permitió, entre otros logros, precisar la situación actual de la prensa de ese país, amenazada desde distintos ángulos durante el gobierno del presidente Fujimori.
No es raro que en eventos académicos los invitados de los anfitriones aprovechen la oportunidad para formular denuncias quemantes. Además, en este caso, la reunión fue próxima a la celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, y así diversos organismos internacionales dieron a conocer sus veredictos sobre el particular.
"Freedom House", de Estados Unidos, incluyó a Perú entre los países "no libres" del mundo, de acuerdo con sus tajantes clasificaciones anuales, equiparándolo a Cuba en América Latina. El Comité para la Protección de Periodistas, también con sede norteamericana, incorporó al Jefe de Estado entre los diez mandatarios más enemigos de la prensa libre del planeta. El relator especial de la Organización de Estados Americanos sobre libertad de expresión determinó que, a su juicio, Perú figura junto a Cuba, Argentina, Panamá y Chile entre las naciones latinoamericanas donde se realizarían los abusos más graves contra la prensa. Estas tres apreciaciones son insostenibles por su exageración evidente, pero ello no obsta para que existan allí problemas serios para el sector. ¿Cuáles son ellos?
El primero y más sombrío es la dependencia virtual del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Ello entraña que no hay juicios justos ni aun debidos procesos, con perjuicio notorio de la libertad de expresión, entre otras garantías constitucionales. El caso del empresario Baruch Ivcher, a quien se privó de su nacionalidad adquirida y de la propiedad del Canal 2 de televisión, grafica claramente tal situación.
La magistratura en América Latina tiene un papel a menudo crucial para defender los derechos humanos, pero si hay intervenciones políticas externas su papel se minimiza o incluso desaparece. Perú es por tal razón el país del hemisferio que más denuncias acumula en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son 21, de las cuales ocho ya pasaron, de acuerdo al procedimiento de la OEA, a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica.
Un segundo aspecto de abierta anormalidad es la intervención del Servicio de Inteligencia del Ejército en contra de editores y periodistas peruanos.
Su espionaje, seguimiento y amenazas de muerte son parte de un itinerario ya develado que pone en peligro la seguridad personal de profesionales de la información, que desde otro ángulo deben enfrentar las asechanzas de los grupos terroristas de extrema izquierda que han sido progresivamente desmantelados por el gobierno del presidente Fujimori, quien aspira a ser reelecto para un tercer período. Si lo anterior se concretara, disipándose la posibilidad de que en elecciones competitivas se presente de nuevo Alan
García -quien de triunfar sería la ruina del Perú-, se consolidarían, empero, situaciones perniciosas para la libertad de prensa a juicio de académicos y periodistas peruanos.
Un tercer aspecto que mucho se ha explotado en aquella nación es el abandono de funciones en canales televisivos de directores de programas de gran audiencia, como César Hildebrandt y Nicolás Lúcar, que tropezaron, como ellos mismos lo declararon, con la intolerancia oficialista que se centra en los medios de recepción directa que están sujetos, como en todo el mundo, a decisiones discrecionales de las autoridades en el ámbito de las telecomunicaciones. Por otro lado, hay órganos escritos que denuncian el corte drástico de la publicidad estatal y, más aún, presiones para que hagan lo mismo empresas privadas que, por razones pragmáticas, acogen tales insinuaciones.
No resulta extraño que el panorama global de la prensa peruana inquiete dentro y fuera del país, que entre 1974 y 1980 tuvo estatizados a los diarios de circulación nacional encabezados por "El Comercio" de Lima.
Debió esperarse que el presidente Fernando Belaúnde Terry los restituyera a sus legítimos propietarios al terminar las dictaduras de los generales Velasco y Morales Bermúdez. Por cierto, la situación de hoy es incomparable con la de entonces, pero el curso de los acontecimientos políticos ha abierto interrogantes variados sobre el futuro de la comunicación social el próximo siglo.
No es raro que en eventos académicos los invitados de los anfitriones aprovechen la oportunidad para formular denuncias quemantes. Además, en este caso, la reunión fue próxima a la celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, y así diversos organismos internacionales dieron a conocer sus veredictos sobre el particular.
"Freedom House", de Estados Unidos, incluyó a Perú entre los países "no libres" del mundo, de acuerdo con sus tajantes clasificaciones anuales, equiparándolo a Cuba en América Latina. El Comité para la Protección de Periodistas, también con sede norteamericana, incorporó al Jefe de Estado entre los diez mandatarios más enemigos de la prensa libre del planeta. El relator especial de la Organización de Estados Americanos sobre libertad de expresión determinó que, a su juicio, Perú figura junto a Cuba, Argentina, Panamá y Chile entre las naciones latinoamericanas donde se realizarían los abusos más graves contra la prensa. Estas tres apreciaciones son insostenibles por su exageración evidente, pero ello no obsta para que existan allí problemas serios para el sector. ¿Cuáles son ellos?
El primero y más sombrío es la dependencia virtual del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Ello entraña que no hay juicios justos ni aun debidos procesos, con perjuicio notorio de la libertad de expresión, entre otras garantías constitucionales. El caso del empresario Baruch Ivcher, a quien se privó de su nacionalidad adquirida y de la propiedad del Canal 2 de televisión, grafica claramente tal situación.
La magistratura en América Latina tiene un papel a menudo crucial para defender los derechos humanos, pero si hay intervenciones políticas externas su papel se minimiza o incluso desaparece. Perú es por tal razón el país del hemisferio que más denuncias acumula en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son 21, de las cuales ocho ya pasaron, de acuerdo al procedimiento de la OEA, a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica.
Un segundo aspecto de abierta anormalidad es la intervención del Servicio de Inteligencia del Ejército en contra de editores y periodistas peruanos.
Su espionaje, seguimiento y amenazas de muerte son parte de un itinerario ya develado que pone en peligro la seguridad personal de profesionales de la información, que desde otro ángulo deben enfrentar las asechanzas de los grupos terroristas de extrema izquierda que han sido progresivamente desmantelados por el gobierno del presidente Fujimori, quien aspira a ser reelecto para un tercer período. Si lo anterior se concretara, disipándose la posibilidad de que en elecciones competitivas se presente de nuevo Alan
García -quien de triunfar sería la ruina del Perú-, se consolidarían, empero, situaciones perniciosas para la libertad de prensa a juicio de académicos y periodistas peruanos.
Un tercer aspecto que mucho se ha explotado en aquella nación es el abandono de funciones en canales televisivos de directores de programas de gran audiencia, como César Hildebrandt y Nicolás Lúcar, que tropezaron, como ellos mismos lo declararon, con la intolerancia oficialista que se centra en los medios de recepción directa que están sujetos, como en todo el mundo, a decisiones discrecionales de las autoridades en el ámbito de las telecomunicaciones. Por otro lado, hay órganos escritos que denuncian el corte drástico de la publicidad estatal y, más aún, presiones para que hagan lo mismo empresas privadas que, por razones pragmáticas, acogen tales insinuaciones.
No resulta extraño que el panorama global de la prensa peruana inquiete dentro y fuera del país, que entre 1974 y 1980 tuvo estatizados a los diarios de circulación nacional encabezados por "El Comercio" de Lima.
Debió esperarse que el presidente Fernando Belaúnde Terry los restituyera a sus legítimos propietarios al terminar las dictaduras de los generales Velasco y Morales Bermúdez. Por cierto, la situación de hoy es incomparable con la de entonces, pero el curso de los acontecimientos políticos ha abierto interrogantes variados sobre el futuro de la comunicación social el próximo siglo.
