Llamado de auxilio y atención
Son años de llamar a los partidos y a los políticos a hacer una reingeniería en el comportamiento dentro del rejuego político o de un gobierno que siempre se da a base de los políticos. No logro comprender cómo, habiendo tantos problemas de gobierno y de estado que deben ser resueltos inmediatamente o a mediano o largo plazo para el bienestar de los panameños, los dos partidos dizque más poderosos del país estén peleándose un puente y dos vías de acceso a una necesidad de los ciudadanos para salir del estancamiento en que estábamos sumidos. Ahora es quién lo hizo y qué hicieron. Pareciera que ambos quisieran llevarse el puente para su casa porque creen tener propiedad sobre el mismo, así como las carreteras que llegan al mismo. Escuchaba a la Sra. Ana Mae de Endara decir que, ya que ambos creen tener derecho sobre la obra, que le llamemos puente MAMI haciendo alusión al pacto Martín-Mireya.
Estas son las nimiedades que ocupan la mente de los gobernantes y los políticos que debieran solucionar sus problemas internos de los partidos antes de jugar a ser políticos de importancia porque así pierden todo respeto de la población y se corren el riesgo de que no voten por ellos nuevamente. Tenemos delante un diálogo de la ley del Seguro que es de una trascendencia grande para todos los panameños; tenemos problemas sociales que son de obligada solución de los mismos; tenemos una justicia que da asco; una Asamblea que parecía que sería mejor que la anterior, pero que sólo trata de mostrar el poder absoluto del PRD por la mayoría ficticia de diputados. Sin embargo, malgastan su tiempo en detalles sin importancia. Total, qué le importa a los panameños cómo se llamará el puente; queremos saber cómo llevar comida a casa y que alcance el dinero que ganamos, tener salud, educación, trabajo y vivienda sin paternalismo.
En la medida que los políticos utilicen los partidos para sus intereses personales y alcanzar sus ambiciones, estamos abonando el terreno para que el pueblo se canse de los mismos y decida aceptar algún charlatán que aparezca y le caliente el oído como lo hacen los hombres sinvergüenzas con las mujeres y, cuando aparezca otra dictadura, no lloremos lo que no supimos defender. El peligro de esta situación es que se pierde la confianza en los políticos; se pierde el respeto por los mismos y rechaza esa sociedad civil a los que militan en partidos sintiendo un deseo malsano de que desaparezcan en el mundo de la irrealidad.
Cada día se pierde más terreno y tenemos la percepción de corrupción en los políticos, aunque una gran mayoría de ellos seamos honestos. Cada vez que el gobierno declara algo, se nota la polarización de la sociedad entre los que están de acuerdo y los que no. Pero lo peor es que no importa el tema que se trate, los contrarios son de oposición y los que apoyan están con el gobierno. Se ha perdido la objetividad para estar o no de acuerdo con bases centradas y no porque sí. El perjuicio que esto causa es inalcanzable para el país porque nadie cree en nadie y siempre buscamos qué está escondido detrás de lo que dice el Presidente o la oposición si responde. Esa desconfianza unida a una indiferencia de la sociedad nos lleva a no encontrar soluciones para los problemas ni a permitir que el gobierno gobierne libremente sin que nos metamos en todos los recovecos de los planes. Estamos para decir lo que no nos agrada; pero dejemos que el gobierno actúe y decida que políticas seguir y cuáles programas pondrá en práctica, si es que hay programas. El país necesita un buen gobierno, un gobernante que tome decisiones y una oposición que sea objetiva, igual que la sociedad civil.
Existe una generalizada percepción de impunidad y corrupción que está afectando la imagen ciudadana del funcionamiento del sistema de justicia penal. Por otra parte los ciudadanos observan que la justicia no se aplica en igualdad de condiciones para todos y todas.
El proceso de selección y nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia está sometido a los intereses políticos partidistas que predominan en los Órganos Ejecutivo y Legislativo, cuestión que es rechazada por la comunidad y afecta la imagen de independencia del poder judicial.
El sistema de selección y designación de los servidores judiciales, esta basado en la discrecionalidad de la autoridad nominadora y no en la ponderación de méritos o atributos académicos, ni en criterios de ascenso de los funcionarios judiciales, lo que crea desconfianza en el régimen de carrera.
En el Órgano Judicial existe una estructura vertical, que fomenta un control excesivo sobre los jueces de tribunales inferiores.
Existe una reglamentación, dentro del contexto del Código Judicial, que regula los procedimientos por faltas disciplinarias y contra la ética judicial con disposiciones confusas, expuestas a variadas interpretaciones que restan seriedad a las instituciones de justicia.
Según los propios operarios del sistema de justicia, el delito más propenso a quedar en impunidad es el delito de enriquecimiento injustificado, debido a la exigencia de la prueba preconstituida y otras exigencias legales que afectan las facultades que tiene el Ministerio Público para investigar este tipo de crímenes.
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