Lo de siempre
Todos los años la queja por el mal estado de las escuelas manifiesta lo promisorio que será el nuevo año escolar, amén de las amenazas de huelga de los educadores.
Hace 38 años, en 1971, para atender el mantenimiento y reparación de las escuelas se creó el Seguro Educativo, mediante el Decreto de Gabinete 168 de 27 de julio de 1971 y modificado por las leyes 13 y 16 de 1987, y Ley No. 49 de 18 de septiembre de 2002. Del monto recaudado de este impuesto, que proviene de los aportes de patronos y empleados, el 27% es designado al Ministerio de Educación.
Según el Ministerio de Educación, los fondos que se generan de esa ley "son destinados al financiamiento de las necesidades de mantenimiento de infraestructura, mobiliario escolar ,equipos, insumos y material didáctico de los centros educativos oficiales del primer y segundo nivel de enseñanza, y la distribución se realiza con base en la cantidad de estudiantes matriculados y las necesidades de los centros educativos".
Hasta el año pasado, en concepto de Seguro Educativo, para los quehaceres educativos se recogió un total de B/ 91,861,847.43, suma muy significativa, y que fue destinada a 2,831 centros educativos, con una población de 277,961 estudiantes. En un principio sólo los primeros ciclos, hoy básica general, y segundo ciclo, media, eran los centros beneficiados; pero con las últimas modificaciones, las escuelas primarias fueron incorporadas.
En mucho de estos centros funcionan, en tres jornadas, hasta tres escuelas. Por ejemplo, en la mañana está la primaria, en la tarde una Básica General o Media, y en la noche una escuela laboral. Es decir, que el centro recibe, en concepto del Seguro Educativo, tres partidas.
La lógica nos indica que si desde 1971, hace 38 años, se vienen asignando a esas escuelas las partidas correspondientes, éstas no sólo deberían ser simples escuelas, sino templos del saber, donde la majestuosidad priva la modestia; sin embargo, la realidad nos revela un estado deplorables de las mismas, abandonadas a su suerte, como si los fondos no fueran bien utilizados.
La desidia vista no es responsabilidad únicamente de las autoridades, sino también de todos los ciudadanos: comunidades, padres de familia, estudiantes y docentes, ya que todos deben garantizar que el esfuerzo que trabajadores y empresarios realizan mediante el pago del seguro educativo, ¡valga la pena!
