Lo nacional y lo social II
Del Salas - Becker hasta el Seguro Social. Hemos señalado anteriormente que el paquete de cuatro acuerdos -que pueden ser cinco- crea una zona del canal aérea y marítima para Panamá, tanto es así que el Dr. Jorge E. Illueca afirma con toda propiedad que "el acuerdo Salas - Becker se centra fundamentalmente en el ámbito marítimo y aéreo". Además que el territorio continental ha de ser peinado ahora por las conocidas como "Fuerzas visitantes" con uniforme y todo. Tanto es así que la Autoridad del Orden Norteamericana puede ser invocada por cualquier agente panameño de rango subalterno y ello serviría de manto púdico para la reintervención. El despliegue de las 16 agencias norteamericanas se amplía infinitamente con la posibilidad de invocar la necesidad de apoyo extra contenido en las siglas PAT y DAD (Personal de Apoyo Técnico y de Apoyo Designado); es decir, cada uno que venga a la fiesta puede seguir trayendo los invitados que necesite.
Según la explicación de los protagonistas, lo único que se hizo fue revisar el documento de 1991 (Arias Calderón-Hinton), lo cual es una torpe excusa por cuanto, según bien lo firma el profesor Julio Yao, esos tratados están viciados por cuanto que son el producto de una relación entre una potencia ocupante y un país ocupado, y el Derecho de Tratados sentencia la nulidad de los tratados impuestos desventajosamente a una nación ocupada. Panamá se encontraba en 1991 en condición de ocupada, por cuanto que los últimos supervisores militares norteamericanos -con oficinas adjuntas a los despachos gubernamentales de Panamá- salieron de sus puestos de observación y control a fines de 1993, fecha en la cual puede darse por terminado el régimen de ocupación.
Repasemos lo que señalan importantes tratadistas del derecho internacional: En opinión de Roko Setka "el acuerdo Salas Becker le cede a Estados Unidos el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales inherentes a la soberanía panameña". Según el Dr. Illueca "Panamá declara con sus acciones, ante la comunidad internacional, que no tiene capacidad para patrullar, viajar y defender su territorio nacional, su espacio marítimo y que en consecuencia se justifica la entrega de sus atributos jurisdiccionales y soberanos a una potencia extranjera" ¡En suma, hemos -por cesión de soberanía- recreado un enclave marítimo y aéreo en nuestro país! Lo grave de todo ello es que los efectos aludidos no son causados por una sola administración, sino son el resultado de la complementariedad de dos administraciones de signo político distinto. Tal cooperación bipartidista se hace ostensible cuando la Junta Directiva del Canal da su soporte a las negociaciones antinacionales pactadas y ya denunciadas. ¿Por qué es tan determinante esto para el desarrollo interno del país y para la visión particular que de todo esto tenga el panameño, desde la óptica particular de su lucha cotidiana por la comida? Porque como lo señaláramos en artículo previo, el dominio universal se expresa en la fórmula OTAN-IFIS, por lo tanto el hegemonismo militar norteamericano no persigue otra cosa que la de afianzas, en cada país y para cada pueblo, las condiciones económicas actuales que le son favorables a ellos, pero desventajosas para las poblaciones locales.
En este sentido señalamos que el propósito de la integración territorial, buscada con los TTC, era dar paso a la integración nacional en la vía del desarrollo armónico e integral de todas sus partes. Y es aquí cuando el lector nos debe acompañar en este aterrizaje que pretendemos dar hacia la temática interna. Este desarrollo, que debemos lograr, se debe producir en un escenario cuyo telón de fondo es el marco productivo cambiado para toda la humanidad. Resulta que no sólo debemos desarrollarnos, sino cambiar el proceso productivo. Esto le pasa a todos los países del mundo y el debate necesario es: ¿Quién debe pagar el cambio productivo y la renovación del parque material tecnológico y la calificación del recurso humano? La respuesta correcta se busca en los fondos de pensiones, los cuales deben invertirse en actividades productivas y nunca especulativas.
Pero nuestro país tiene, además, el formidable recurso del patrimonio canaleros y de los haberes producto de la mala venta de las empresas estatales. Bien gerenciados pueden constituir un vector seguro al desarrollo, pero falta un ingrediente natural y necesario que es la voluntad nacional de emprender el camino. Esto obliga a responder el interrogante que se formula el pueblo en el sentido de aclarar ¿para qué el desarrollo planteado? Es decir si sus objetivos son de producción y de expansión del bienestar -por la vía de la protección del mercado de consumidores internos-; o son de especulación y acumulación por medio del modelo neoliberal presente y ya envejecido en escasos diez años. La pregunta que sigue es ¿para quién?; después viene el ¿con qué? Entonces podremos entrar en la parte técnica que nos dice de los sacrificios de todas las partes. Pero, como advirtiéramos antes: no puede hablarse de modernizaciones con base a un proyecto propio sino se definen, sitúan y manejan las limitantes externas de nuestro propio desarrollo. Del Salas Becker al Seguro Social ¡Buen tema para una campaña profunda y separar la buena pesca de la revoltura!
Por otra parte, el director del IDAAN, Laurencio Guardia, rechazó que haya recibido presiones del Ejecutivo u otra autoridad pública para adoptar una decisión en la adjudicación de los trabajos de modernización, ampliación y rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Chilibre.
Al rechazar cualquier rumor sobre posibles diferencias con la presidenta, Mireya Moscoso, en torno al tema de la Planta de Chilibre, donde están en juego cerca de B/. 50 millones, Guardia aseguró que durante su administración ha recibido el apoyo de la mandataria.
Agregó que en este caso en particular cuenta con el respaldo de la gobernante para resolver el problema que representa la escasez de agua para los sectores del área este de la ciudad de Panamá.
Guardia ratificó que sí ha recibido presiones, pero éstas provienen de los gremios civiles participantes en ese proyecto, particularmente por parte de las empresas que han participado en este acto.
Confirmó la decisión de otorgar un período de 30 días para que las empresas participantes puedan subsanar algunas deficiencias en la documentación y que de ser necesario, se designará una nueva comisión evaluadora.
Expresó su preocupación por algunas informaciones publicadas a través de los medios sobre supuestas presiones, y recordó que ha tenido una larga trayectoria de transparencia.
Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Carlos Raúl Piad, rechazó que la institución haya aprobado un préstamo a Constructora Nova para participar en los trabajos de rehabilitación de la Planta de Chilibre.
Informó que sólo se trata de una carta de intención de la institución para financiar un proyecto de gobierno, "no una carta de financiamiento" como se ha querido hacer ver.
Agregó que fue la empresa Robert Filter la que se presentó a la institución bancaria y solicitó una carta de intención, que no garantiza el financiamiento, sino una intención de la Caja de otorgar un crédito recurrente por B/.6 millones y el financiamiento sólo será otorgado si la empresa solicitante se adjudica la licitación.
Piad reconoció que su cuñado forma parte de esta empresa panameña dedicada a la construcción, pero aclaró que en la misma forma en que se ha dado o se pueda otorgar un financiamiento a Constructora Nova, también se han otorgado préstamos a muchas otras compañías dedicadas a la industria de la construcción.
El funcionario señaló que cuando Nova o cualquier otra empresa se le adjudica una licitación del gobierno, la Caja de Ahorros como un banco más de la localidad participa en el financiamiento si los empresarios así lo solicitan.
Según la explicación de los protagonistas, lo único que se hizo fue revisar el documento de 1991 (Arias Calderón-Hinton), lo cual es una torpe excusa por cuanto, según bien lo firma el profesor Julio Yao, esos tratados están viciados por cuanto que son el producto de una relación entre una potencia ocupante y un país ocupado, y el Derecho de Tratados sentencia la nulidad de los tratados impuestos desventajosamente a una nación ocupada. Panamá se encontraba en 1991 en condición de ocupada, por cuanto que los últimos supervisores militares norteamericanos -con oficinas adjuntas a los despachos gubernamentales de Panamá- salieron de sus puestos de observación y control a fines de 1993, fecha en la cual puede darse por terminado el régimen de ocupación.
Repasemos lo que señalan importantes tratadistas del derecho internacional: En opinión de Roko Setka "el acuerdo Salas Becker le cede a Estados Unidos el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales inherentes a la soberanía panameña". Según el Dr. Illueca "Panamá declara con sus acciones, ante la comunidad internacional, que no tiene capacidad para patrullar, viajar y defender su territorio nacional, su espacio marítimo y que en consecuencia se justifica la entrega de sus atributos jurisdiccionales y soberanos a una potencia extranjera" ¡En suma, hemos -por cesión de soberanía- recreado un enclave marítimo y aéreo en nuestro país! Lo grave de todo ello es que los efectos aludidos no son causados por una sola administración, sino son el resultado de la complementariedad de dos administraciones de signo político distinto. Tal cooperación bipartidista se hace ostensible cuando la Junta Directiva del Canal da su soporte a las negociaciones antinacionales pactadas y ya denunciadas. ¿Por qué es tan determinante esto para el desarrollo interno del país y para la visión particular que de todo esto tenga el panameño, desde la óptica particular de su lucha cotidiana por la comida? Porque como lo señaláramos en artículo previo, el dominio universal se expresa en la fórmula OTAN-IFIS, por lo tanto el hegemonismo militar norteamericano no persigue otra cosa que la de afianzas, en cada país y para cada pueblo, las condiciones económicas actuales que le son favorables a ellos, pero desventajosas para las poblaciones locales.
En este sentido señalamos que el propósito de la integración territorial, buscada con los TTC, era dar paso a la integración nacional en la vía del desarrollo armónico e integral de todas sus partes. Y es aquí cuando el lector nos debe acompañar en este aterrizaje que pretendemos dar hacia la temática interna. Este desarrollo, que debemos lograr, se debe producir en un escenario cuyo telón de fondo es el marco productivo cambiado para toda la humanidad. Resulta que no sólo debemos desarrollarnos, sino cambiar el proceso productivo. Esto le pasa a todos los países del mundo y el debate necesario es: ¿Quién debe pagar el cambio productivo y la renovación del parque material tecnológico y la calificación del recurso humano? La respuesta correcta se busca en los fondos de pensiones, los cuales deben invertirse en actividades productivas y nunca especulativas.
Pero nuestro país tiene, además, el formidable recurso del patrimonio canaleros y de los haberes producto de la mala venta de las empresas estatales. Bien gerenciados pueden constituir un vector seguro al desarrollo, pero falta un ingrediente natural y necesario que es la voluntad nacional de emprender el camino. Esto obliga a responder el interrogante que se formula el pueblo en el sentido de aclarar ¿para qué el desarrollo planteado? Es decir si sus objetivos son de producción y de expansión del bienestar -por la vía de la protección del mercado de consumidores internos-; o son de especulación y acumulación por medio del modelo neoliberal presente y ya envejecido en escasos diez años. La pregunta que sigue es ¿para quién?; después viene el ¿con qué? Entonces podremos entrar en la parte técnica que nos dice de los sacrificios de todas las partes. Pero, como advirtiéramos antes: no puede hablarse de modernizaciones con base a un proyecto propio sino se definen, sitúan y manejan las limitantes externas de nuestro propio desarrollo. Del Salas Becker al Seguro Social ¡Buen tema para una campaña profunda y separar la buena pesca de la revoltura!
Por otra parte, el director del IDAAN, Laurencio Guardia, rechazó que haya recibido presiones del Ejecutivo u otra autoridad pública para adoptar una decisión en la adjudicación de los trabajos de modernización, ampliación y rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Chilibre.
Al rechazar cualquier rumor sobre posibles diferencias con la presidenta, Mireya Moscoso, en torno al tema de la Planta de Chilibre, donde están en juego cerca de B/. 50 millones, Guardia aseguró que durante su administración ha recibido el apoyo de la mandataria.
Agregó que en este caso en particular cuenta con el respaldo de la gobernante para resolver el problema que representa la escasez de agua para los sectores del área este de la ciudad de Panamá.
Guardia ratificó que sí ha recibido presiones, pero éstas provienen de los gremios civiles participantes en ese proyecto, particularmente por parte de las empresas que han participado en este acto.
Confirmó la decisión de otorgar un período de 30 días para que las empresas participantes puedan subsanar algunas deficiencias en la documentación y que de ser necesario, se designará una nueva comisión evaluadora.
Expresó su preocupación por algunas informaciones publicadas a través de los medios sobre supuestas presiones, y recordó que ha tenido una larga trayectoria de transparencia.
Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Carlos Raúl Piad, rechazó que la institución haya aprobado un préstamo a Constructora Nova para participar en los trabajos de rehabilitación de la Planta de Chilibre.
Informó que sólo se trata de una carta de intención de la institución para financiar un proyecto de gobierno, "no una carta de financiamiento" como se ha querido hacer ver.
Agregó que fue la empresa Robert Filter la que se presentó a la institución bancaria y solicitó una carta de intención, que no garantiza el financiamiento, sino una intención de la Caja de otorgar un crédito recurrente por B/.6 millones y el financiamiento sólo será otorgado si la empresa solicitante se adjudica la licitación.
Piad reconoció que su cuñado forma parte de esta empresa panameña dedicada a la construcción, pero aclaró que en la misma forma en que se ha dado o se pueda otorgar un financiamiento a Constructora Nova, también se han otorgado préstamos a muchas otras compañías dedicadas a la industria de la construcción.
El funcionario señaló que cuando Nova o cualquier otra empresa se le adjudica una licitación del gobierno, la Caja de Ahorros como un banco más de la localidad participa en el financiamiento si los empresarios así lo solicitan.
