Lo que fue y lo que es
Algo que leí hace unos días, me indujo a escribir esta columna, porque sentí nostalgia de lo que viví hace muchos años y porque es saludable que se conozca algo de historia patria. No es cuestión de ignorar de dónde viene cada situación y cómo era cuando en Panamá se vivía mejor en algunos aspectos. La controversia que se ha suscitado entre el Sr. Contralor y el Sr. Jované debe llevarnos a reflexionar sobre la realidad de nuestras instituciones que heredamos del tiempo de la dictadura militar y que hemos continuado sin preocuparnos por enmendar. Antes de 1968, el Seguro Social gozaba de autonomía completa y, aunque su Junta Directiva estaba presidida por el Ministro de Salud, se trabajaba autónomamente. Sin embargo, desde que el General Torrijos decidió utilizar los dineros del Seguro Social como caja menuda del país, se terminó el verdadero concepto de autonomía que se había tenido hasta entonces. Se tomaron medidas inconsultas (¿con quién se iba a consultar?) como la de ampliar los servicios que se daban a los hijos y esposas de asegurados, cosa que no ha superado la institución porque la carga que debía pertenecer al Ministerio de Salud, se la echaron al Seguro. Por muchos años llevó a cuestas una Integración mal entendida y los gastos del mismo sistema los llevaba el Seguro.
El Gobierno Central nombraba y despedía a su antojo sin respeto de la Ley Orgánica. Del Seguro salían medicinas y dinero indiscriminadamente para otros fines que no eran los asegurados. En fin. Nadie podía decir nada porque en aquellos tiempos caíamos en desgracia y todos saben lo que sucedía.
Lo que considero imperdonable es que, llegado 1990, con un gobierno democrático y pasada la invasión, nadie hiciera nada para arreglar esto, permitiendo con su complicidad que el Seguro continuara descapitalizándose. Se logró una nueva Ley Orgánica que fue ineficiente y tan corta para los costos políticos que se obtuvo, que aún no comprendo la razón de ese cambio.
El Contralor alude a muchas leyes de no sé cuántos años por las cuales el Director de la Caja no puede nombrar a su subdirector. No sé si es o no cierto; lo que sé es que el Director Jované insiste en que él sí puede hacerlo. No está bien que se haya continuado con la costumbre militarista de imponer a los segundos, por ejemplo en los ministerios y demás. Pero, yo me pregunto ¿tienen o no derecho los directores, ministros o jefes a nombrar a sus subalternos que trabajarán directamente con ellos? Considero hasta un acto de cortesía permitirles elegir a sus colaboradores. Más aún en el Seguro en donde se dice que hay autonomía.
¿Nombra o no el Rector de la Universidad a sus vicerrectores o lo hace el Ejecutivo? No quiero con esto referirme a este ni a otro gobierno. Esto es producto de no haber cambiado las costumbres, las leyes y la Constitución militar y haber continuado con los mismos errores como si aún fueran dictadores. Si es cierto que las leyes aludidas por el Contralor existen, no es culpa de este gobierno sino de aquellos que la impusieron antes. Lo malo es que continuemos con lo mismo, con los desaciertos de antes de 1989 y no hagamos nada por enmendarlos.
Si hubiera voluntad política se descentralizaba el gobierno y se hubieran cambiado las equivocaciones cuando empezó la democracia. No sé a ciencia cierta cuál de los dos tiene razón. Lo que sí deduzco es que debe llamarnos a reflexión lo sucedido para que no quede en el aire ésta y otras fisuras más.
Los panameños debemos analizar los detalles que vivimos para darnos cuenta de la necesidad de grandes cambios y que la Sra. Presidenta y su gobierno se llevarían un mérito si lograran arreglar positivamente el país. Hacer esos cambios sólo beneficiaría a los panameños sin pensar en intereses personarles.
El Gobierno Central nombraba y despedía a su antojo sin respeto de la Ley Orgánica. Del Seguro salían medicinas y dinero indiscriminadamente para otros fines que no eran los asegurados. En fin. Nadie podía decir nada porque en aquellos tiempos caíamos en desgracia y todos saben lo que sucedía.
Lo que considero imperdonable es que, llegado 1990, con un gobierno democrático y pasada la invasión, nadie hiciera nada para arreglar esto, permitiendo con su complicidad que el Seguro continuara descapitalizándose. Se logró una nueva Ley Orgánica que fue ineficiente y tan corta para los costos políticos que se obtuvo, que aún no comprendo la razón de ese cambio.
El Contralor alude a muchas leyes de no sé cuántos años por las cuales el Director de la Caja no puede nombrar a su subdirector. No sé si es o no cierto; lo que sé es que el Director Jované insiste en que él sí puede hacerlo. No está bien que se haya continuado con la costumbre militarista de imponer a los segundos, por ejemplo en los ministerios y demás. Pero, yo me pregunto ¿tienen o no derecho los directores, ministros o jefes a nombrar a sus subalternos que trabajarán directamente con ellos? Considero hasta un acto de cortesía permitirles elegir a sus colaboradores. Más aún en el Seguro en donde se dice que hay autonomía.
¿Nombra o no el Rector de la Universidad a sus vicerrectores o lo hace el Ejecutivo? No quiero con esto referirme a este ni a otro gobierno. Esto es producto de no haber cambiado las costumbres, las leyes y la Constitución militar y haber continuado con los mismos errores como si aún fueran dictadores. Si es cierto que las leyes aludidas por el Contralor existen, no es culpa de este gobierno sino de aquellos que la impusieron antes. Lo malo es que continuemos con lo mismo, con los desaciertos de antes de 1989 y no hagamos nada por enmendarlos.
Si hubiera voluntad política se descentralizaba el gobierno y se hubieran cambiado las equivocaciones cuando empezó la democracia. No sé a ciencia cierta cuál de los dos tiene razón. Lo que sí deduzco es que debe llamarnos a reflexión lo sucedido para que no quede en el aire ésta y otras fisuras más.
Los panameños debemos analizar los detalles que vivimos para darnos cuenta de la necesidad de grandes cambios y que la Sra. Presidenta y su gobierno se llevarían un mérito si lograran arreglar positivamente el país. Hacer esos cambios sólo beneficiaría a los panameños sin pensar en intereses personarles.
