Lo que todo gobierno debe hacer
En estos días en que los partidos políticos se aprestan a preparar sus planes de gobierno, se me ocurren algunas sugerencias, propias de un espacio breve como éste. De seguro serán compartidas y adicionadas por muchos otros panameños, para enriquecer los planes de lo que el próximo presidente debe hacer una vez gane las elecciones. Dentro del deseado proceso de desburocratización del Estado, se debe promover un plan dinámico e integral, para que el Estado no se convierta en obstáculo al esfuerzo creativo de los panameños, por ejemplo, mediante la agilización del sistema de pago de las cuentas del gobierno al sector privado. Se hace necesario un programa de profesionalización de los niveles gerenciales y directivos del sector público para mejorar el diseño de las políticas y su gestión. Urge un amplio proceso de descentralización y desconcentración efectiva para lograr una inmediata mejora en los servicios públicos, particularmente a través de la incorporación de conceptos que rigen en el ámbito privado como la reingeniería de los sistemas de organización y prácticas administrativas, calidad total, planeamiento estratégico, control de resultados, etc. Debe imperar el desarrollo de programas para la simplificación e información de los procedimientos administrativos, así como la revisión de la Carrera Administrativa, con el propósito de superar las aplicaciones selectivas y clientelistas dadas a esa ley.
Sobre la Constitución Nacional, se debe designar una Comisión Redactora que prepare un anteproyecto de Constitución, integrada por connotados representantes de los distintos sectores de la comunidad, para que en un tiempo corto, luego de terminada su labor, se constituya un Comité Nacional, con representación de los partidos políticos y de la sociedad civil para que sugieran a la Comisión Redactora enmiendas y adiciones que mejoren y enriquezcan el anteproyecto, para convertirlo en un proyecto de reforma constitucional integral, moderno, ampliamente consultado y consensuado, para terminar decidiendo el método reformatorio que más convenga a la Nación.
Tenemos que estar claros que la democracia no puede consolidarse si prevalece un ambiente de corrupción y desmoralización. Nuestro país sufre una profunda crisis de valores que afecta a todos los órdenes sociales, económicos y políticos. Para crear esa nueva conciencia ciudadana, hay que promover, junto el apoyo de las iglesias, clubes cívicos, medios de comunicación social y demás componentes de la sociedad civil, un amplio programa de recuperación de la ética ciudadana, con el fin de estimular los valores fundamentales de la democracia y la civilidad. Se deben establecer, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, programas de formación ética de los servidores públicos, así como promover la adopción de leyes de ética gubernamental o moralización administrativa.
Urge adoptar la reglamentación legal necesaria para evitar los conflictos de intereses entre los servidores públicos y los asuntos asignados a su competencia, estableciéndose controles para evitar el nepotismo. Se debe promover el establecimiento de pactos entre los representantes de la sociedad civil a través de los cuales éstas se comprometerán en sus actuaciones a no corromper ni estimular prácticas de corrupción. En este sentido, urge reconocer expresamente el valioso aporte que representan las propuestas concretas que el capítulo panameño de Transparencia Internacional ha formulado sobre el tema de la corrupción, como por ejemplo la transparencia en las licitaciones y el acceso a la información, ya que éste constituye uno de los principios fundamentales que sustentan los programas de lucha contra la corrupción. Al respecto se afirma que el alumbrar los procedimientos ejecutados por los funcionarios evita la corrupción, en la medida que el escrutinio se convierte en una barrera ciudadana contra las actividades que van en menoscabo del patrimonio público.
Se hace necesario impulsar una campaña institucional que permita el regular ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos, y el debido cumplimiento de los funcionarios de lo establecido por la legislación nacional en esta materia.
La política económica y el desempeño financiero del gobierno no pueden ni deben continuar siendo un secreto de Estado. La información financiera debe ponerse a disposición de la ciudadanía, con total y absoluta transparencia, de manera que la opinión pública cuente con suficientes elementos de juicio para juzgar, medir y evaluar el desempeño de los gobernantes. Se deben establecer los mecanismos necesarios para que toda la información relativa a las actividades y actuaciones del Estado sea accesible al público.
Aunque podríamos seguir dando ideas, en aras de la verdad y antes de que alguien me acuse de violar la Ley sobre Derecho de Autor, las aquí plasmadas no son mías. Provienen íntegramente del Plan de Gobierno: "Nuestro Compromiso con el Cambio", propuesto al país en 1999 por la alianza política "Unión Por Panamá" que lideraba Mireya Moscoso, apoyada por el arnulfismo, MOLIRENA, MORENA y Cambio Democrático. Este plan de 119 páginas, que no incluía las granjas autosostenibles, puntal de la actual gestión gubernamental, tuvo como su coordinador general al Dr. Mario Galindo H., y entre sus principales colaboradores a I. Roberto Eisenmann. Y para ser justos, también estuvieron allí los candidatos presidenciales Guillermo Endara (En las comisiones de Trabajo, Desempleo y Pobreza y en Canal de Panamá) y Ricardo Martinelli (En Política Económica, Relaciones Exteriores y Seguridad Social).
(gcochez@cableonda.net)
En el proyecto del Ejecutivo, el plan de manejo se aprobará únicamente por el Consejo de Administración del Parque. Y es la composición misma del grupo directivo del parque que ha generado los principales comentarios.
El proyecto original de Torres y el proyecto "consensuado" incluían representación de la comunidad científica interesada en el parque y de representantes de los municipios colindantes al Parque. El nuevo proyecto propone representación principalmente por miembros del Ejecutivo, sin representación ni de la comunidad científica ni de las comunidades aledañas al Parque.
Fuentes allegadas a la subcomisión confirmaron anoche que se estaba activamente buscando una solución para la inclusión de asesoría científica directa a la administración del parque, elemento ausente en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo.
Comentaristas ven este último proyecto especialmente peligroso para el mantenimiento del Parque como el eslabón más importante en el ecosistema del Pacífico Oriental, ya que el grupo directivo del proyecto del MEF tendría capacidad para otorgar concesiones para la explotación de los recursos de la isla o de otorgar proyectos de alto impacto sin consideración específica ni de la comunidad científica ni de las comunidades que podrían ser afectadas.
Sobre la Constitución Nacional, se debe designar una Comisión Redactora que prepare un anteproyecto de Constitución, integrada por connotados representantes de los distintos sectores de la comunidad, para que en un tiempo corto, luego de terminada su labor, se constituya un Comité Nacional, con representación de los partidos políticos y de la sociedad civil para que sugieran a la Comisión Redactora enmiendas y adiciones que mejoren y enriquezcan el anteproyecto, para convertirlo en un proyecto de reforma constitucional integral, moderno, ampliamente consultado y consensuado, para terminar decidiendo el método reformatorio que más convenga a la Nación.
Tenemos que estar claros que la democracia no puede consolidarse si prevalece un ambiente de corrupción y desmoralización. Nuestro país sufre una profunda crisis de valores que afecta a todos los órdenes sociales, económicos y políticos. Para crear esa nueva conciencia ciudadana, hay que promover, junto el apoyo de las iglesias, clubes cívicos, medios de comunicación social y demás componentes de la sociedad civil, un amplio programa de recuperación de la ética ciudadana, con el fin de estimular los valores fundamentales de la democracia y la civilidad. Se deben establecer, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, programas de formación ética de los servidores públicos, así como promover la adopción de leyes de ética gubernamental o moralización administrativa.
Urge adoptar la reglamentación legal necesaria para evitar los conflictos de intereses entre los servidores públicos y los asuntos asignados a su competencia, estableciéndose controles para evitar el nepotismo. Se debe promover el establecimiento de pactos entre los representantes de la sociedad civil a través de los cuales éstas se comprometerán en sus actuaciones a no corromper ni estimular prácticas de corrupción. En este sentido, urge reconocer expresamente el valioso aporte que representan las propuestas concretas que el capítulo panameño de Transparencia Internacional ha formulado sobre el tema de la corrupción, como por ejemplo la transparencia en las licitaciones y el acceso a la información, ya que éste constituye uno de los principios fundamentales que sustentan los programas de lucha contra la corrupción. Al respecto se afirma que el alumbrar los procedimientos ejecutados por los funcionarios evita la corrupción, en la medida que el escrutinio se convierte en una barrera ciudadana contra las actividades que van en menoscabo del patrimonio público.
Se hace necesario impulsar una campaña institucional que permita el regular ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos, y el debido cumplimiento de los funcionarios de lo establecido por la legislación nacional en esta materia.
La política económica y el desempeño financiero del gobierno no pueden ni deben continuar siendo un secreto de Estado. La información financiera debe ponerse a disposición de la ciudadanía, con total y absoluta transparencia, de manera que la opinión pública cuente con suficientes elementos de juicio para juzgar, medir y evaluar el desempeño de los gobernantes. Se deben establecer los mecanismos necesarios para que toda la información relativa a las actividades y actuaciones del Estado sea accesible al público.
Aunque podríamos seguir dando ideas, en aras de la verdad y antes de que alguien me acuse de violar la Ley sobre Derecho de Autor, las aquí plasmadas no son mías. Provienen íntegramente del Plan de Gobierno: "Nuestro Compromiso con el Cambio", propuesto al país en 1999 por la alianza política "Unión Por Panamá" que lideraba Mireya Moscoso, apoyada por el arnulfismo, MOLIRENA, MORENA y Cambio Democrático. Este plan de 119 páginas, que no incluía las granjas autosostenibles, puntal de la actual gestión gubernamental, tuvo como su coordinador general al Dr. Mario Galindo H., y entre sus principales colaboradores a I. Roberto Eisenmann. Y para ser justos, también estuvieron allí los candidatos presidenciales Guillermo Endara (En las comisiones de Trabajo, Desempleo y Pobreza y en Canal de Panamá) y Ricardo Martinelli (En Política Económica, Relaciones Exteriores y Seguridad Social).
(gcochez@cableonda.net)
En el proyecto del Ejecutivo, el plan de manejo se aprobará únicamente por el Consejo de Administración del Parque. Y es la composición misma del grupo directivo del parque que ha generado los principales comentarios.
El proyecto original de Torres y el proyecto "consensuado" incluían representación de la comunidad científica interesada en el parque y de representantes de los municipios colindantes al Parque. El nuevo proyecto propone representación principalmente por miembros del Ejecutivo, sin representación ni de la comunidad científica ni de las comunidades aledañas al Parque.
Fuentes allegadas a la subcomisión confirmaron anoche que se estaba activamente buscando una solución para la inclusión de asesoría científica directa a la administración del parque, elemento ausente en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo.
Comentaristas ven este último proyecto especialmente peligroso para el mantenimiento del Parque como el eslabón más importante en el ecosistema del Pacífico Oriental, ya que el grupo directivo del proyecto del MEF tendría capacidad para otorgar concesiones para la explotación de los recursos de la isla o de otorgar proyectos de alto impacto sin consideración específica ni de la comunidad científica ni de las comunidades que podrían ser afectadas.
