Lógica absurda
Lo lógico puede ser absurdo. Ese es el caso cuando en procura de una solución a un problema social, o de cualquier otro orden, se procede incesantemente por el camino de un simplismo lógico, para así rehuir la confrontación del problema por la vía más escabrosa, que podrá dar la apariencia de ser lo menos lógico, pero donde realmente radica su solución. Al proceder dentro de lo aparentemente más lógico se puede caer en lo absurdo.
Vienen al caso nuestras reflexiones a raíz del proyecto de ley presentando a la Asamblea Legislativa por el Procurador General de la Nación en el que propone elevar las penas a los conductores del servicio público como medida para detener el manejo caótico de los mismos, lo que es la causa de numerosas pérdidas de vidas y de daños materiales. Hemos observado repetidas veces la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de leyes sobre esta materia que nada han solucionado, y no porque las leyes no contemplen penas más altas, ya que las causas no radican en ausencia de leyes adecuadas sino porque el problema, que necesita solución es otro: el arreglo laboral que existe entre el dueño del autobús y el conductor, a todas luces violatorio de los derechos humanos y nunca aprobado por la Organización Internacional del Trabajo.
El arreglo de trabajo al cual nos referimos es el siguiente: el dueño alquila el autobús a su conductor, quien debe entregar a su propietario una cantidad de dinero acordada; el salario diario del conductor, o su ganancia, resulta ser lo que él produzca arriba de esa cantidad. En esta forma se crea una situación en la cual la mayor competencia de un conductor surge de su compañero conductor: de ahí las regatas, el recoger pasajeros en cualquier sitio, el conducir por cualquier carril, etc. El manejo desordenado y caótico es consecuencia de una lucha para lograr el mejor salario posible, lo cual incluye trabajar largas horas, más allá de lo indicado físicamente para un manejo responsable.
Para evitar ese caos, que tanto daño produce a la comunidad, ya tenemos suficientes leyes; los conductores continuarán ignorándolas por el arreglo laboral injusto al que son sometidos. Corregir esa injusticia es lo que se debe procurar; comprendemos que la tarea no es fácil por los intereses involucrados. Cualquier otra medida es absurda porque no se ataca la causa. Los delitos, según los estudiosos de la criminología, no disminuyen porque se aumenten sus penas, sí porque las mismas, cualquiera que sean, se hagan sentir y se eliminen, según el caso, las causas del delito. No estamos justificando el comportamiento desconsiderado, y a veces inhumano, de los conductores. Insistimos, sin embargo, que el arreglo laboral es injusto y violatorio de los derechos humanos; por ello recomendamos: El conductor debe tener un salario fijo, ya sea por hora, por día o por mes, independientemente de los pasajeros que transporte; debe proporcionárseles seguridad social, lo que significa acceso a servicios médicos y a jubilación, cuando por su edad tenga derecho al mismo; un máximo de horas de trabajo para evitar cualquier forma de esclavitud al trabajar hasta el agotamiento a expensas de la seguridad de los pasajeros y de los peatones. Prohibir ese arreglo laboral es la única solución para detener ese manejo desordenado y altamente peligroso para la población panameña. Aumentar las penas nada solucionará.
En muy pocos países, aparte de Panamá, tienen los dueños de los autobuses un arreglo laboral con sus conductores tan fuera de sus derechos económico sociales y tan favorables para sus propietarios.
Presidente del
Vienen al caso nuestras reflexiones a raíz del proyecto de ley presentando a la Asamblea Legislativa por el Procurador General de la Nación en el que propone elevar las penas a los conductores del servicio público como medida para detener el manejo caótico de los mismos, lo que es la causa de numerosas pérdidas de vidas y de daños materiales. Hemos observado repetidas veces la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de leyes sobre esta materia que nada han solucionado, y no porque las leyes no contemplen penas más altas, ya que las causas no radican en ausencia de leyes adecuadas sino porque el problema, que necesita solución es otro: el arreglo laboral que existe entre el dueño del autobús y el conductor, a todas luces violatorio de los derechos humanos y nunca aprobado por la Organización Internacional del Trabajo.
El arreglo de trabajo al cual nos referimos es el siguiente: el dueño alquila el autobús a su conductor, quien debe entregar a su propietario una cantidad de dinero acordada; el salario diario del conductor, o su ganancia, resulta ser lo que él produzca arriba de esa cantidad. En esta forma se crea una situación en la cual la mayor competencia de un conductor surge de su compañero conductor: de ahí las regatas, el recoger pasajeros en cualquier sitio, el conducir por cualquier carril, etc. El manejo desordenado y caótico es consecuencia de una lucha para lograr el mejor salario posible, lo cual incluye trabajar largas horas, más allá de lo indicado físicamente para un manejo responsable.
Para evitar ese caos, que tanto daño produce a la comunidad, ya tenemos suficientes leyes; los conductores continuarán ignorándolas por el arreglo laboral injusto al que son sometidos. Corregir esa injusticia es lo que se debe procurar; comprendemos que la tarea no es fácil por los intereses involucrados. Cualquier otra medida es absurda porque no se ataca la causa. Los delitos, según los estudiosos de la criminología, no disminuyen porque se aumenten sus penas, sí porque las mismas, cualquiera que sean, se hagan sentir y se eliminen, según el caso, las causas del delito. No estamos justificando el comportamiento desconsiderado, y a veces inhumano, de los conductores. Insistimos, sin embargo, que el arreglo laboral es injusto y violatorio de los derechos humanos; por ello recomendamos: El conductor debe tener un salario fijo, ya sea por hora, por día o por mes, independientemente de los pasajeros que transporte; debe proporcionárseles seguridad social, lo que significa acceso a servicios médicos y a jubilación, cuando por su edad tenga derecho al mismo; un máximo de horas de trabajo para evitar cualquier forma de esclavitud al trabajar hasta el agotamiento a expensas de la seguridad de los pasajeros y de los peatones. Prohibir ese arreglo laboral es la única solución para detener ese manejo desordenado y altamente peligroso para la población panameña. Aumentar las penas nada solucionará.
En muy pocos países, aparte de Panamá, tienen los dueños de los autobuses un arreglo laboral con sus conductores tan fuera de sus derechos económico sociales y tan favorables para sus propietarios.
Presidente del
