Los derechos de los reclusos
A Frenchi y Luis Carlos y a todos los reclusos sin derechos. Más de nueve mil panameños se encuentran recluidos en las cárceles distribuidas a lo largo del país. La situación en la que se encuentran la gran mayoría de ellos es cada vez más inhumana, dado que lo primero que se les priva es de su dignidad humana. Las actuales autoridades responsables de este estado de cosas -igual que las anteriores- hacen poco o nada para cumplir y hacer cumplir la Ley. Ocultan su incapacidad rindiendo culto a la personalidad, al tiempo que se promocionan en ridículos suplementos periodísticos, en los cuales queda retratada el "mare nostrum" de corrupción en que navegan.
Hace más de cuatro décadas la ONU expidió las "Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", valioso instrumento cuyo objeto fue establecer los principios y normas básicas de una buena organización penitenciaria. Partiendo de postulados fundamentales como el de la imparcialidad y el de la igualdad -no discriminación-, el documento contiene en su primera parte, disposiciones de aplicación general a todas las categorías de reclusos y en la segunda, las aplicables a categorías especiales de reclusos. También se adoptan en él varios procedimientos para dar cumplimiento efectivo a la reglamentación fundamental. Las reglas de la ONU para el tratamiento de personas reclusas se cumplen poco y mal en las instituciones carcelarias de Panamá. Gran parte de nuestra población penitenciaria vive en condiciones precarísimas y violatorias de la dignidad humana. Basta ver ciertos lugares destinados a servir de morada a las internas e internos -celdas, dormitorios, comedores, talleres, baños, servicios higiénicos, para corroborar la situación.
Pero tampoco se está dando en Panamá -por parte de las autoridades- la observancia plena y satisfactoria de las reglas concernientes al mantenimiento del orden y la disciplina en los sitios de reclusión. Las quejas de los internos son abundantes, continuas y constantes sobre vulneraciones graves de los derechos humanos por parte de los que ejercen la "vigilancia" penitenciaria. Aunque lo traten de ocultar, cada vez hay más denuncias de los tratos inhumanos y degradantes que se dan dentro de las cárceles panameñas.
No podemos los ciudadanos callar más frente a esta situación. Me resulta inadmisible que las personas condenadas a penas de reclusión, se vean sometidas a un género de vida que, por su carácter marginal, doloroso, perturbador e infrahumano, represente para quienes lo padecen, una verdadera punición accesoria, impuesta de facto, sin proceso, sin juez y sin fallo. Ya es hora que reclamemos a viva voz que los reclusos deben ser tratados humana y dignamente en lo que se refiere a alimentación, alojamiento, servicios médicos, sanciones disciplinarias y demás aspectos de la vida carcelaria.
El arresto y la prisión se vienen practicando en forma arbitraria por las autoridades del Ministerio Público y del Organo Judicial. Violan el debido proceso. Pisotean la dignidad humana, mientras las autoridades penitenciarias, amparadas en el Ministerio de Gobierno y Justicia, se encargan de terminar de denigrarla. Parece que no les basta con el hecho de que la prisión y el arresto constituyen " la más drástica intervención del Estado en los derechos fundamentales del individuo, particularmente en sus derechos a la libertad y al libre desarrollo de su personalidad".
En Panamá la represión penitenciaria convierte al recluso en otra víctima de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y jamás podrá cumplir fines preventivos ni resocializadores por más que inserten en los diarios "suplementos" para publicitar el culto a la personalidad de las autoridades penitenciarias de turno. Cuando en las cárceles sólo encuentran los presos humillación, maltrato, miseria y olvido, resulta falaz hablar de su reeducación. En ese marco de violencia e injusticia no es sorprendente que muchos de los que allí están apartados del mundo libre, en condiciones inhumanas, inicuas y deplorables que nos avergüenzan, se conviertan más temprano que tarde en seres refractarios a todo mecanismo rehabilitador.
Desde luego que estoy consciente que es imposible esperar el mejoramiento de las condiciones carcelarias, mientras Panamá no supere los índices negativos que hoy registra en lo concerniente a la realización eficaz de los derechos sociales y económicos. La situación en nuestras cárceles -de las más pobladas de América Latina- constituye en buena parte, el reflejo de un verdadero detrimento en la calidad de vida de centenares de miles de panameños.
Las graves fallas del régimen carcelario panameño se materializan cada vez más dentro de las prisiones en hechos injustos que contrarían los principios elementales de un Estado de Derecho. Mientras el Ministro de Gobierno y Justicia prefiera perseguir periodistas en lugar de hacer todo lo que esté a su alcance para superar las deficiencias del sistema penitenciario, mientras se utilicen las cárceles del país para negociados de ciertos funcionarios en lugar de garantizar los derechos inalienables de los reclusos, mientras se utilicen a los policías como instrumentos de represión, de tortura, de corrupción y demás en las prisiones panameñas, en lugar de ser respetuosos de la condición de persona humana de los reclusos, corremos el riesgo permanente que todo el país sea convertido en una inmensa cárcel. ¿Será ese el sueño de los corruptos?
mabernal@sinfo.net
Hace más de cuatro décadas la ONU expidió las "Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", valioso instrumento cuyo objeto fue establecer los principios y normas básicas de una buena organización penitenciaria. Partiendo de postulados fundamentales como el de la imparcialidad y el de la igualdad -no discriminación-, el documento contiene en su primera parte, disposiciones de aplicación general a todas las categorías de reclusos y en la segunda, las aplicables a categorías especiales de reclusos. También se adoptan en él varios procedimientos para dar cumplimiento efectivo a la reglamentación fundamental. Las reglas de la ONU para el tratamiento de personas reclusas se cumplen poco y mal en las instituciones carcelarias de Panamá. Gran parte de nuestra población penitenciaria vive en condiciones precarísimas y violatorias de la dignidad humana. Basta ver ciertos lugares destinados a servir de morada a las internas e internos -celdas, dormitorios, comedores, talleres, baños, servicios higiénicos, para corroborar la situación.
Pero tampoco se está dando en Panamá -por parte de las autoridades- la observancia plena y satisfactoria de las reglas concernientes al mantenimiento del orden y la disciplina en los sitios de reclusión. Las quejas de los internos son abundantes, continuas y constantes sobre vulneraciones graves de los derechos humanos por parte de los que ejercen la "vigilancia" penitenciaria. Aunque lo traten de ocultar, cada vez hay más denuncias de los tratos inhumanos y degradantes que se dan dentro de las cárceles panameñas.
No podemos los ciudadanos callar más frente a esta situación. Me resulta inadmisible que las personas condenadas a penas de reclusión, se vean sometidas a un género de vida que, por su carácter marginal, doloroso, perturbador e infrahumano, represente para quienes lo padecen, una verdadera punición accesoria, impuesta de facto, sin proceso, sin juez y sin fallo. Ya es hora que reclamemos a viva voz que los reclusos deben ser tratados humana y dignamente en lo que se refiere a alimentación, alojamiento, servicios médicos, sanciones disciplinarias y demás aspectos de la vida carcelaria.
El arresto y la prisión se vienen practicando en forma arbitraria por las autoridades del Ministerio Público y del Organo Judicial. Violan el debido proceso. Pisotean la dignidad humana, mientras las autoridades penitenciarias, amparadas en el Ministerio de Gobierno y Justicia, se encargan de terminar de denigrarla. Parece que no les basta con el hecho de que la prisión y el arresto constituyen " la más drástica intervención del Estado en los derechos fundamentales del individuo, particularmente en sus derechos a la libertad y al libre desarrollo de su personalidad".
En Panamá la represión penitenciaria convierte al recluso en otra víctima de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y jamás podrá cumplir fines preventivos ni resocializadores por más que inserten en los diarios "suplementos" para publicitar el culto a la personalidad de las autoridades penitenciarias de turno. Cuando en las cárceles sólo encuentran los presos humillación, maltrato, miseria y olvido, resulta falaz hablar de su reeducación. En ese marco de violencia e injusticia no es sorprendente que muchos de los que allí están apartados del mundo libre, en condiciones inhumanas, inicuas y deplorables que nos avergüenzan, se conviertan más temprano que tarde en seres refractarios a todo mecanismo rehabilitador.
Desde luego que estoy consciente que es imposible esperar el mejoramiento de las condiciones carcelarias, mientras Panamá no supere los índices negativos que hoy registra en lo concerniente a la realización eficaz de los derechos sociales y económicos. La situación en nuestras cárceles -de las más pobladas de América Latina- constituye en buena parte, el reflejo de un verdadero detrimento en la calidad de vida de centenares de miles de panameños.
Las graves fallas del régimen carcelario panameño se materializan cada vez más dentro de las prisiones en hechos injustos que contrarían los principios elementales de un Estado de Derecho. Mientras el Ministro de Gobierno y Justicia prefiera perseguir periodistas en lugar de hacer todo lo que esté a su alcance para superar las deficiencias del sistema penitenciario, mientras se utilicen las cárceles del país para negociados de ciertos funcionarios en lugar de garantizar los derechos inalienables de los reclusos, mientras se utilicen a los policías como instrumentos de represión, de tortura, de corrupción y demás en las prisiones panameñas, en lugar de ser respetuosos de la condición de persona humana de los reclusos, corremos el riesgo permanente que todo el país sea convertido en una inmensa cárcel. ¿Será ese el sueño de los corruptos?
mabernal@sinfo.net
