Los dueños del Canal
Tenemos el derecho de pedir a las autoridades que nos administran el Canal de Panamá que nos paguen, como dividendos, los excedentes de los ingresos del mismo a todos los ciudadanos panameños (dueños), desde los recién nacidos hasta los viejitos, de todo color y toda condición económica, educación, Estado, absolutamente y sin preferencia. Para nuestra facilidad, dichos dividendos deben ser pagados en cuotas mensuales.
Con estos ingresos personales, por fin se podrá llegar a aquellos panameños que viven en la pobreza, o extrema pobreza. Ningún proyecto o plan nacional de desarrollo ha podido ayudar a reducir la indignante desigualdad económica que vivimos, a pesar de las muy buenas intenciones de sus gestores.
¿Qué pasará si recibimos nuestros dividendos del Canal? Muchos panameños tendremos, por primera vez en la vida, algo de plata en el bolsillo para comprar lo indispensable en comida, medicinas, útiles escolares, etc. (No faltará quien usará su dividendo para la pachanga). De todas formas, como se use, estos dineros no se van a esfumar en el aire, sino que se va a crear una prosperidad económica no sólo en la cabecera de las provincias, sino a lo largo y ancho del país, hasta la comunidad más remota. Esta prosperidad irá en aumento año tras año, a niveles jamás soñados. Ejemplo: La comarca Ngöbe Buglé, con 139, 509 habitantes en el 2007, recibiría en conjunto, mensualmente, más de un millón de dólares ($1, 085, 380). En el 2016, con una población estimada en 172, 387 personas, el ingreso en la comarca sería de más de cinco millones mensuales ($5, 264, 698); y en el 2025, con una población estimada en 205, 477 personas, el ingreso mensual por dividendos sería superior a 14 millones ($14, 219, 008). Suena como una locura. Como accionistas, podemos disfrutar personalmente de esta gran riqueza. El Gobierno, por su parte, puede llevar adelante sus propios planes de desarrollo, con los ingresos por tonelada de tránsito por el Canal, sumado a los otros ingresos regulares del presupuesto. Basta trabajar para que nuestros gobernantes nos escuchen.
(feridasaiz@cwpanama.net)
Noris Vega, vocera de la PN, denunció que el problema radica en que ellos como autoridad detienen a los implicados en asaltos a buses y taxis, pero las autoridades competentes los dejan libres en poco tiempo.
Con esto Vega no se eximió de responsabilidad, no obstante reconoció que los conductores de buses piden seguridad.
"El problema es que nosotros detenemos a los infractores de estos hechos que han robado a taxis y buses y los mismos son liberados otra vez", criticó.
La funcionaria admitió que se trata de un círculo vicioso, donde al detenido se le revisa el prontuario y ha sido apresado varias veces por robo y anda en las calles.
La vocera de la Policía Nacional pidió que no sea tan fácil la libertad de las personas que cometen ilícitos.
Explicó que en ocasiones se trata de menores de edad que salen en libertad en 24 horas, luego del hecho.
Y no todo acaba allí. Vega mencionó a los corregidores, que son la autoridad local que atienden los casos de robos y asaltos.
Dijo que hay que preguntarse por qué el corregidor, juez o el que tiene el caso, dejó al infractor libre en unos meses.
Panamá América consultó al coordinador de corregidores del Municipio de Panamá, Eliécer Barsallo, quien manifestó que lo anterior no tiene sentido.
A su juicio, cuando la Policía lleva los casos a las corregidurías y les formulan los cargos a las personas, el corregidor dicta el fallo.
Barsallo explicó que los fallos de los corregidores son conmutables, es decir que se sustituyen con multas.
Esto indica que si las personas pueden pagar las multas obtienen la libertad.
"Lamentable ese es el procedimiento que se utiliza en las corregidurías y en la justicia administrativa en todo el país", añadió.
Aclaró que cuando se trata de apuñalados, y de acuerdo con las lesiones y la incapacidad del médico forense, los casos los atienden las corregidurías y los tribunales ordinarios.
Si la incapacidad del afectado no pasa de 30 días el trámite se ventila en la corregiduría del sector. "No es tan sencillo como ella lo plantea", dijo.
Informó que hay casos donde los corregidores pueden condenar por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y lesiones personales hasta por un (1) año de cárcel.
Curiosamente eso equivale a B/. 365 de multa.
Con estos ingresos personales, por fin se podrá llegar a aquellos panameños que viven en la pobreza, o extrema pobreza. Ningún proyecto o plan nacional de desarrollo ha podido ayudar a reducir la indignante desigualdad económica que vivimos, a pesar de las muy buenas intenciones de sus gestores.
¿Qué pasará si recibimos nuestros dividendos del Canal? Muchos panameños tendremos, por primera vez en la vida, algo de plata en el bolsillo para comprar lo indispensable en comida, medicinas, útiles escolares, etc. (No faltará quien usará su dividendo para la pachanga). De todas formas, como se use, estos dineros no se van a esfumar en el aire, sino que se va a crear una prosperidad económica no sólo en la cabecera de las provincias, sino a lo largo y ancho del país, hasta la comunidad más remota. Esta prosperidad irá en aumento año tras año, a niveles jamás soñados. Ejemplo: La comarca Ngöbe Buglé, con 139, 509 habitantes en el 2007, recibiría en conjunto, mensualmente, más de un millón de dólares ($1, 085, 380). En el 2016, con una población estimada en 172, 387 personas, el ingreso en la comarca sería de más de cinco millones mensuales ($5, 264, 698); y en el 2025, con una población estimada en 205, 477 personas, el ingreso mensual por dividendos sería superior a 14 millones ($14, 219, 008). Suena como una locura. Como accionistas, podemos disfrutar personalmente de esta gran riqueza. El Gobierno, por su parte, puede llevar adelante sus propios planes de desarrollo, con los ingresos por tonelada de tránsito por el Canal, sumado a los otros ingresos regulares del presupuesto. Basta trabajar para que nuestros gobernantes nos escuchen.
(feridasaiz@cwpanama.net)
Noris Vega, vocera de la PN, denunció que el problema radica en que ellos como autoridad detienen a los implicados en asaltos a buses y taxis, pero las autoridades competentes los dejan libres en poco tiempo.
Con esto Vega no se eximió de responsabilidad, no obstante reconoció que los conductores de buses piden seguridad.
"El problema es que nosotros detenemos a los infractores de estos hechos que han robado a taxis y buses y los mismos son liberados otra vez", criticó.
La funcionaria admitió que se trata de un círculo vicioso, donde al detenido se le revisa el prontuario y ha sido apresado varias veces por robo y anda en las calles.
La vocera de la Policía Nacional pidió que no sea tan fácil la libertad de las personas que cometen ilícitos.
Explicó que en ocasiones se trata de menores de edad que salen en libertad en 24 horas, luego del hecho.
Y no todo acaba allí. Vega mencionó a los corregidores, que son la autoridad local que atienden los casos de robos y asaltos.
Dijo que hay que preguntarse por qué el corregidor, juez o el que tiene el caso, dejó al infractor libre en unos meses.
Panamá América consultó al coordinador de corregidores del Municipio de Panamá, Eliécer Barsallo, quien manifestó que lo anterior no tiene sentido.
A su juicio, cuando la Policía lleva los casos a las corregidurías y les formulan los cargos a las personas, el corregidor dicta el fallo.
Barsallo explicó que los fallos de los corregidores son conmutables, es decir que se sustituyen con multas.
Esto indica que si las personas pueden pagar las multas obtienen la libertad.
"Lamentable ese es el procedimiento que se utiliza en las corregidurías y en la justicia administrativa en todo el país", añadió.
Aclaró que cuando se trata de apuñalados, y de acuerdo con las lesiones y la incapacidad del médico forense, los casos los atienden las corregidurías y los tribunales ordinarios.
Si la incapacidad del afectado no pasa de 30 días el trámite se ventila en la corregiduría del sector. "No es tan sencillo como ella lo plantea", dijo.
Informó que hay casos donde los corregidores pueden condenar por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y lesiones personales hasta por un (1) año de cárcel.
Curiosamente eso equivale a B/. 365 de multa.
