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Los enemigos de la Asamblea


A raíz de las recientes reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, he participado en al menos, dos debates públicos con legisladores del P.R.D., en donde los mismos han dicho que las críticas a dichas modificaciones provienen de sectores que son enemigos de la Asamblea, tratando de desvirtuar así los argumentos en contra de su inoportuna iniciativa.
He dicho en innumerables ocasiones que soy un firme defensor del Parlamento como órgano fundamental de discusión en toda democracia. De hecho, si no creyera en el papel que puede jugar la Asamblea Legislativa, no me habría postulado al cargo de legislador. Y por defender a la institución, es que me he opuesto rotundamente a toda una serie de acciones que la mayoría gubernamental ha realizado en los últimos cinco años, en detrimento del papel que debe jugar este "rgano del Estado y afectando con ello la credibilidad del mismo.
Por ejemplo, desde 1994 para acá, la Asamblea ha tenido unos diez recesos entre períodos legislativos. Así mismo, en no menos de cinco de estos recesos, el Parlamento renunció sin justificación a sus atribuciones, al concederle facultades extraordinarias al "rgano Ejecutivo para legislar sobre una diversidad de temas mediante Decretos Leyes. Es más al mismo tiempo que aprobaron en tercer debate las más recientes reformas al Reglamento Interno para supuestamente "darle mayor independencia a la Asamblea", aprobaron otorgarle, una vez más, facultades extraordinarias al Ejecutivo, sin que mediara ninguna circunstancia, fuera de lo ordinario, que justificara tal decisión.
Entonces, ¿con qué cara se atreven a afirmar que están buscando garantizar la independencia del "rgano Legislativo? ¿Por qué no exigieron a Pérez Balladares en cinco años, lo que ahora pretenden exigirle a Mireya Moscoso, antes incluso de que tome posesión formal de su cargo como Presidenta de la República? ¿Por qué nunca exigieron, como bancada gubernamental, que las partidas circuitales las administrara directamente el Legislativo y ahora, como bancada de oposición, sí lo exigen y consideran que es una cuestión de vida o muerte para la Asamblea? Las respuestas son obvias.
A mi juicio, lo aprobado por la mayoría del P.R.D., con el apoyo reprochable de otros legisladores, es notoriamente contrario a la letra y el espíritu de la Constitución vigente. El artículo 2 de la misma establece el principio de la separación de poderes, el cual se desvirtúa cuando alguno de los "rganos de los Estado irrumpe innecesariamente en la esfera de acción de otro. Como repetí a lo largo de toda la campaña, al Ejecutivo le toca ejecutar obras y al legislativo, legislar, así como al Judicial, le corresponde administrar justicia. La división en la práctica no es tan taxativa, pero tampoco podemos admitir que la Asamblea Legislativa puede administrar fondos para realizar obras que le corresponde ejecutar al "rgano Ejecutivo. Se trata de una duplicidad de funciones y de un desperdicio criminal de fondos públicos, lo cual es todavía peor cuando se trata de una economía pobre como la nuestra.
Lo triste de todo esto es que los legisladores del P.R.D., no parecen comprender el daño enorme que le están haciendo a la Asamblea como institución. O lo que es peor, no parece importarles. Parecen estar tan cegados por la pérdida que sufrieron el pasado dos de mayo y por el afán de conservar desmesurados privilegios, que no quieren o no pueden pensar en las consecuencias de sus actos a corto y largo plazo. Es evidente para todos, menos para ellos, que sus acciones recientes están despertando una ola de descontento popular que puede acabar con arrastrarnos a todos. De hecho, al actuar en la forma que lo están haciendo, se han convertido en los peores enemigos de la Asamblea. Por ello, aprovecho para hacerles un llamado a la cordura y a la mesura, piensen en el bien común y no en su provecho personal.
No obstante lo anterior, de continuar en su afán, si el Presidente Pérez Balladares desoye los argumentos que dicta el sentido común y procede a promulgar la ley en cuestión, hay muchos que estamos dispuestos a demandar la inconstitucionalidad de la misma ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, le tocará a esta instancia demostrar que es realmente independiente y que puede jugar el papel que le corresponde.

101 años de Panamá América

 
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