Los menores y la seguridad ciudadana

Sin dentro de tres o cuatro meses el arresto de los menores de edad no ha producido los resultados esperados o anunciados en materia de seguridad ciudadana, ¿dónde habrá quedado el reciente mensaje presidencial? Es obvio que las palabras del presidente Martín Torrijos reflejan el grado de preocupación con que su gobierno ve el tema que nos ocupa, pero lógico es preguntarse si la detención de menores, que luego quedó sin piso ni techo porque no había evidencias que sustentaran los arrestos; o el tema de las visas colombianas, que no llegó a más, es lo que resuelve este problema.
Tal pareciera que, dada la gravedad en que había entrado el asunto de la seguridad ciudadana, era necesario para las autoridades ensayar un golpe de efecto que generara un discurso positivo en una temática que ya comenzaba a convertirse en engorrosa. De ser así, habría que considerar que el tiempo corre, y que lo que en términos de efectos puede resultar acertado en un momento dado, sino tiene sustento efectivo en el corto o mediano plazo, puede revertir de manera negativa, pese a lo que puedan decir o no las encuestas.
Nadie discute la esencia socio-económica del problema. Acudir a ello para justificarlo todo, sin embargo, conlleva un contrasentido que pareciera ocultar cierta incapacidad ante la urgencia de medidas más drásticas para desarticular las bandas que, apoyadas por una transnacional de crimen, retan al Estado y siembran temor en los asociados.
Y si de incremento de penas se trata, no es la de los menores la que más preocupa. Total, como ha dicho una voz autorizada, de nuestra juventud, la que delinque, es un porcentaje bastante reducido, y el tema se ha tocado con insistencia y muchas han sido las recomendaciones. Pero, por qué no se incrementan más de lo que están las penas a los narcotraficantes y a sus cómplices. Por qué no se rinde un informe periódico de la situación de aquellos que han sido detenidos y cómo cumplen sus penas. Esos, los narcotraficantes y las sumas enormes que manejan, son los verdaderos enemigos de la seguridad ciudadana, de la estabilidad social y de la gobernabilidad, y es contra ese sector que deben incrementarse todas las medidas y todas las sanciones.