Los millones de Arnoldo Alemán
Un lector desprevenido podría no advertir relación alguna entre Panamá y los B/.100 millones de dólares que - según investigaciones que se adelantan - robó el presidente nicaragüense Arnoldo Alemán del tesoro público de su atribulado país. Pero la hay, y mucha. Para empezar, lavó unos B/.30 millones producto del peculado en bancos panameños, abusando del favorable régimen legal corporativo y financiero que ofrece a los inversionistas extranjeros nuestro país, con ayuda de abogados, banqueros y asesores de inversión locales. Cierto que hizo igual en otros países, pero eso no es excusa para lo que nos concierne.
La primera preocupación que nos salta es el impacto que podría tener lo ocurrido en nuestra lucha contra la OCDE y otras asociaciones de países desarrollados empeñados en que modifiquemos nuestras leyes bancarias y fiscales con el fin de dar acceso a información tradicionalmente confidencial sobre los dueños y el manejo de cuentas, con el objeto de prevenir la evasión de impuestos en el extranjero y el lavado de dinero ilícito. Al respecto, suponíamos que, con la reforma de legislación bancaria, el endurecimiento de las reglas de control de depósitos y la imposición de rigurosas normas de sanas prácticas financieras, combinado con la adopción de políticas tipo "conozca a su cliente" a nivel de abogados y ejecutivos de inversión - que implica el deber de reportar a las autoridades la menor sospecha, a riesgo de complicidad delictiva - tendríamos más que suficiente.
Lamentablemente, lo ocurrido parece dar la razón a quienes piensan en el extranjero que los panameños somos nuestros peores enemigos en el difícil camino de construir un país mejor. Alemán y sus allegados desviaron hacia bancos panameños gran parte de los pocos dineros de que disponía su país para mitigar su miseria. En nuestro caso usó como pantalla sociedades anónimas nuestras, abrió a nombre de ellas suculentas cuentas en bancos locales, simuló deudas, procesos judiciales y pagos a terceros, trasladó parte del botín al extranjero, y contó para eso con la colaboración remunerada de personas plenamente identificadas.
La superintendente de bancos, Delia Cárdenas, ha declarado categóricamente que lo ocurrido fue un caso claro de lavado de dinero. Pero las autoridades de investigación criminal nada han dicho, como si lo ocurrido no importara al resto del país a quien debe no solo su puesto sino los suculentos estipendios que devengan por los altos cargos que ocupan.
Abrumado e impotente ante el muro de silencio y complicidades - salvo el congelamiento de cuentas locales por B/.7 millones - el procurador nicaragüense, Iván Lara, ha venido personalmente a averiguar el porqué de la lentitud, la tibia cooperación y las investigaciones a medias.
Pocos lo saben, pero del manejo diligente de este caso, dependerá acaso la suerte de nuestro centro financiero y corporativo. No es justo que por proteger a tres o cuatro que no supieron o no quisieron cumplir con su deber profesional, se vaya a poner en peligro una estructura legal de servicios de la que depende no menos del 60% de la economía nacional, generadora de centenares de miles de empleos directos e indirectos.
La primera preocupación que nos salta es el impacto que podría tener lo ocurrido en nuestra lucha contra la OCDE y otras asociaciones de países desarrollados empeñados en que modifiquemos nuestras leyes bancarias y fiscales con el fin de dar acceso a información tradicionalmente confidencial sobre los dueños y el manejo de cuentas, con el objeto de prevenir la evasión de impuestos en el extranjero y el lavado de dinero ilícito. Al respecto, suponíamos que, con la reforma de legislación bancaria, el endurecimiento de las reglas de control de depósitos y la imposición de rigurosas normas de sanas prácticas financieras, combinado con la adopción de políticas tipo "conozca a su cliente" a nivel de abogados y ejecutivos de inversión - que implica el deber de reportar a las autoridades la menor sospecha, a riesgo de complicidad delictiva - tendríamos más que suficiente.
Lamentablemente, lo ocurrido parece dar la razón a quienes piensan en el extranjero que los panameños somos nuestros peores enemigos en el difícil camino de construir un país mejor. Alemán y sus allegados desviaron hacia bancos panameños gran parte de los pocos dineros de que disponía su país para mitigar su miseria. En nuestro caso usó como pantalla sociedades anónimas nuestras, abrió a nombre de ellas suculentas cuentas en bancos locales, simuló deudas, procesos judiciales y pagos a terceros, trasladó parte del botín al extranjero, y contó para eso con la colaboración remunerada de personas plenamente identificadas.
La superintendente de bancos, Delia Cárdenas, ha declarado categóricamente que lo ocurrido fue un caso claro de lavado de dinero. Pero las autoridades de investigación criminal nada han dicho, como si lo ocurrido no importara al resto del país a quien debe no solo su puesto sino los suculentos estipendios que devengan por los altos cargos que ocupan.
Abrumado e impotente ante el muro de silencio y complicidades - salvo el congelamiento de cuentas locales por B/.7 millones - el procurador nicaragüense, Iván Lara, ha venido personalmente a averiguar el porqué de la lentitud, la tibia cooperación y las investigaciones a medias.
Pocos lo saben, pero del manejo diligente de este caso, dependerá acaso la suerte de nuestro centro financiero y corporativo. No es justo que por proteger a tres o cuatro que no supieron o no quisieron cumplir con su deber profesional, se vaya a poner en peligro una estructura legal de servicios de la que depende no menos del 60% de la economía nacional, generadora de centenares de miles de empleos directos e indirectos.
