Los nuevos magistrados
La propuesta oficial de Harley James Mitchell y Víctor Benavides como nuevos magistrados de la Corte pone fin a un importante proceso en el que la ciudadanía fijó justificadas expectativas.
Vividas las traumáticas designaciones de Winston Spadafora y Alberto Cigarruista durante la pasada administración, las nuevas designaciones parecen combinar las aspiraciones del proceso iniciado en abril pasado, con los propósitos del propio gobierno nacional.
Según se sabe, Mitchell y Benavides son dos funcionarios institucionales, vinculados al establecimiento y a la actual fuerza gobernante por más de 30 años, si bien profesionales conocedores de su materia, es indudable que su nombramiento es una demostración fehaciente de que ningún Gobierno nombra a sus enemigos en la Corte. En el caso que nos ocupa, hubiera bastado que fueran realmente independientes.
No nos llamemos a engaño, el problema de falta de confianza que tenemos con la administración de justicia no se resuelve con esta designación. Todo lo contrario; Mitchell y Benavides, a pesar de la eficiencia y capacidad técnica que les adorna son, a los ojos de un país incrédulo, más de lo mismo.
Queda por verse cuánto podrá influir en los nuevos magistrados su cercanía con el actual gobierno. Es una carta que se juegan no sólo los nuevos designados, sino la propia administración Torrijos, sobre todo ahora que se avecinan decisiones importantes en el país, muchas de las cuales, sin duda, pasarán por la Corte Suprema.
Ocurrido lo que ya se conoce con su predecesora, la actual administración ha demostrado saber muy bien que mientras unos se ponen los trapos sin cortar, otros optan por las mejores medidas del sastre. Al final ocurre lo que todos buscan: estar allí, en la Corte, sin importar cómo se confeccionó el vestido. Claro que hacerlo bien posee innegables ventajas. ¿Verdad?
Es miembro del Colegio Nacional de Abogados; de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, España; de la Asociación Nacional de Mediadores de Panamá y fue representante del Órgano Judicial y el Ministerio Público ante el Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (SIACAP).
La magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil, nació en Penonomé, Coclé, el 10 de agosto de 1955. Es graduada del Colegio Internacional de María Inmaculada, en donde realizó sus estudios secundarios y es egresada de la Universidad de Panamá, como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas.
Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad de La Paz, avalado por The England Wales University.
Ha ocupado los cargos de juez en el Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil, magistrada suplente en el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veráguas y magistrada titular en el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas.
La magistrada suplente de Víctor Benavides, magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, nació en la ciudad de Panamá el 15 de enero de 1945.
Especialista en Derecho Procesal con vasta experiencia en Derecho Administrativo Laboral obtenida en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría de la Administración.
Ha trabajado en la Sala Tercera, Instituto Panameño de Turismo, Segundo Tribunal Superior de Justicia y Procuraduría de la Administración, como suplente del Procurador (1990-1994).
El magistrado suplente del magistrado José Troyano Peña, de la Sala Primera de lo Civil, nació en la ciudad de Panamá el 19 de febrero de 1962.
Tiene 21 años de experiencia en el Sistema de Administración de Justicia, donde ha trabajado como: escribiente, asistente y secretario de la Sala Civil del Tribunal Tutelar de Menores de Panamá.
Además fue juez primero Municipal de Panamá, Chitré y magistrado del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.
La designación de los nuevos magistrados tiene lugar en momentos en que organizaciones civiles demandan mayor transparencia en la Corte Suprema de Justicia que ha recibido acusaciones de corrupción y de estar politizada.
Los dos magistrados fueron seleccionados de una lista de 72 abogados que se postularon y que fueron evaluados por una comisión especial.
Vividas las traumáticas designaciones de Winston Spadafora y Alberto Cigarruista durante la pasada administración, las nuevas designaciones parecen combinar las aspiraciones del proceso iniciado en abril pasado, con los propósitos del propio gobierno nacional.
Según se sabe, Mitchell y Benavides son dos funcionarios institucionales, vinculados al establecimiento y a la actual fuerza gobernante por más de 30 años, si bien profesionales conocedores de su materia, es indudable que su nombramiento es una demostración fehaciente de que ningún Gobierno nombra a sus enemigos en la Corte. En el caso que nos ocupa, hubiera bastado que fueran realmente independientes.
No nos llamemos a engaño, el problema de falta de confianza que tenemos con la administración de justicia no se resuelve con esta designación. Todo lo contrario; Mitchell y Benavides, a pesar de la eficiencia y capacidad técnica que les adorna son, a los ojos de un país incrédulo, más de lo mismo.
Queda por verse cuánto podrá influir en los nuevos magistrados su cercanía con el actual gobierno. Es una carta que se juegan no sólo los nuevos designados, sino la propia administración Torrijos, sobre todo ahora que se avecinan decisiones importantes en el país, muchas de las cuales, sin duda, pasarán por la Corte Suprema.
Ocurrido lo que ya se conoce con su predecesora, la actual administración ha demostrado saber muy bien que mientras unos se ponen los trapos sin cortar, otros optan por las mejores medidas del sastre. Al final ocurre lo que todos buscan: estar allí, en la Corte, sin importar cómo se confeccionó el vestido. Claro que hacerlo bien posee innegables ventajas. ¿Verdad?
Es miembro del Colegio Nacional de Abogados; de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, España; de la Asociación Nacional de Mediadores de Panamá y fue representante del Órgano Judicial y el Ministerio Público ante el Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (SIACAP).
La magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil, nació en Penonomé, Coclé, el 10 de agosto de 1955. Es graduada del Colegio Internacional de María Inmaculada, en donde realizó sus estudios secundarios y es egresada de la Universidad de Panamá, como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas.
Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad de La Paz, avalado por The England Wales University.
Ha ocupado los cargos de juez en el Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil, magistrada suplente en el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veráguas y magistrada titular en el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas.
La magistrada suplente de Víctor Benavides, magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, nació en la ciudad de Panamá el 15 de enero de 1945.
Especialista en Derecho Procesal con vasta experiencia en Derecho Administrativo Laboral obtenida en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría de la Administración.
Ha trabajado en la Sala Tercera, Instituto Panameño de Turismo, Segundo Tribunal Superior de Justicia y Procuraduría de la Administración, como suplente del Procurador (1990-1994).
El magistrado suplente del magistrado José Troyano Peña, de la Sala Primera de lo Civil, nació en la ciudad de Panamá el 19 de febrero de 1962.
Tiene 21 años de experiencia en el Sistema de Administración de Justicia, donde ha trabajado como: escribiente, asistente y secretario de la Sala Civil del Tribunal Tutelar de Menores de Panamá.
Además fue juez primero Municipal de Panamá, Chitré y magistrado del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.
La designación de los nuevos magistrados tiene lugar en momentos en que organizaciones civiles demandan mayor transparencia en la Corte Suprema de Justicia que ha recibido acusaciones de corrupción y de estar politizada.
Los dos magistrados fueron seleccionados de una lista de 72 abogados que se postularon y que fueron evaluados por una comisión especial.