Los presos y permisos laborales
El Procurador General de la Nación, José A. Sossa, ha advertido sobre el enorme peligro que representa para la sociedad panameña el otorgamiento de permisos laborales y de estudios a delincuentes de alta peligrosidad. Hace poco, se cometió el primer asesinato perpetrado desde una motocicleta en marcha que arrojó como víctima a un ciudadano colombiano, muerto a tiros en plena Vía Brasil, a eso de las 7 de la noche. Se señala a uno de los involucrados en este crimen, como coautor hace algunos años del homicidio de los esposos Barletta en Cerro Viento, en un confuso episodio relacionado con el narcotráfico.
Lo particular del caso, fuera de los detalles descritos, es que el sujeto señalado como participante en el más reciente crimen, es un reo condenado que se hallaba libre por las calles, en pleno goce de una licencia laboral.
No es la primera vez. Hace algunos años, los familiares de una víctima asesinada, acudieron a los medios de comunicación, a quejarse de que el autor del crimen, un próspero empresario de Santiago, una vez condenado, estaba tranquilamente de vuelta al frente de sus negocios, como si nada hubiera pasado. Ante las justificadas críticas, el Director de Corrección de entonces dijo que tal situación obedecía al otorgamiento de un permiso laboral a favor del reo, lo cual es parte del proceso normal de resocialización de delincuentes.
En estos momentos, las autoridades nacionales tienen como "papa caliente" en las manos un enérgico requerimiento que formulan sus similares de Estados Unidos, quienes preguntan cómo es que un reo panameño, condenado por un homicidio aquí, quien es perseguido por otros dos asesinatos cometidos en un hotel allá, goza de permiso laboral para ir y venir a sus anchas por el país como un ciudadano libre cualquiera.
También recientemente, el Procurador Sossa protestó por el otorgamiento de licencia de estudio universitario a un reo de homicidio que cursa la carrera de periodismo en la Universidad de Chiriquí.
La comunidad panameña, abrumada por la ola de crímenes, no atina a comprender qué tipo de castigo se está aplicando a los criminales en su país, que condenados a cárcel gozan de trabajo, del cual carece el 18% del resto de los ciudadanos de conducta irreprochable; y quienes, estando en la cárcel, tienen el privilegio de ver gratis presentaciones en vivo de grandes artistas que visitan nuestro suelo, en una especie de Disney"s World de la alegría y la recreación; a más de disfrutar de alimentación y atención gratuita y de los más celosos servicios de protección de sus derechos humanos, de lo cual -repetimos- no goza normalmente el ciudadano común. Este país está al revés. ¿Resocialización o corrupción?
También es una forma que organismos internacionales, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conozcan la realidad que vive Panamá.
Y a pesar que nuestros gobiernos han ratificado los convenios internacionales y resoluciones de la ONU, no cumplen precisamente con esos compromisos internacionales, y hacen y desasen con dichos compromisos lo que les da la gana, y ya está bueno, es hora de que esto se sepa...
¿Hasta cuándo?
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
Lo particular del caso, fuera de los detalles descritos, es que el sujeto señalado como participante en el más reciente crimen, es un reo condenado que se hallaba libre por las calles, en pleno goce de una licencia laboral.
No es la primera vez. Hace algunos años, los familiares de una víctima asesinada, acudieron a los medios de comunicación, a quejarse de que el autor del crimen, un próspero empresario de Santiago, una vez condenado, estaba tranquilamente de vuelta al frente de sus negocios, como si nada hubiera pasado. Ante las justificadas críticas, el Director de Corrección de entonces dijo que tal situación obedecía al otorgamiento de un permiso laboral a favor del reo, lo cual es parte del proceso normal de resocialización de delincuentes.
En estos momentos, las autoridades nacionales tienen como "papa caliente" en las manos un enérgico requerimiento que formulan sus similares de Estados Unidos, quienes preguntan cómo es que un reo panameño, condenado por un homicidio aquí, quien es perseguido por otros dos asesinatos cometidos en un hotel allá, goza de permiso laboral para ir y venir a sus anchas por el país como un ciudadano libre cualquiera.
También recientemente, el Procurador Sossa protestó por el otorgamiento de licencia de estudio universitario a un reo de homicidio que cursa la carrera de periodismo en la Universidad de Chiriquí.
La comunidad panameña, abrumada por la ola de crímenes, no atina a comprender qué tipo de castigo se está aplicando a los criminales en su país, que condenados a cárcel gozan de trabajo, del cual carece el 18% del resto de los ciudadanos de conducta irreprochable; y quienes, estando en la cárcel, tienen el privilegio de ver gratis presentaciones en vivo de grandes artistas que visitan nuestro suelo, en una especie de Disney"s World de la alegría y la recreación; a más de disfrutar de alimentación y atención gratuita y de los más celosos servicios de protección de sus derechos humanos, de lo cual -repetimos- no goza normalmente el ciudadano común. Este país está al revés. ¿Resocialización o corrupción?
También es una forma que organismos internacionales, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conozcan la realidad que vive Panamá.
Y a pesar que nuestros gobiernos han ratificado los convenios internacionales y resoluciones de la ONU, no cumplen precisamente con esos compromisos internacionales, y hacen y desasen con dichos compromisos lo que les da la gana, y ya está bueno, es hora de que esto se sepa...
¿Hasta cuándo?
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
