Los proyectos comunitarios
Desde hace dos décadas, en Panamá se han incrementado los proyectos comunitarios, con el propósito de disminuir las condiciones de pobreza, estrechez socioeconómica de la población y el deterioro en la cultura y estilo de vida. Se puede decir que su antecedente más importante fue la estrategia de huertos y granjas comunitarias que con el propósito de la mejora nutricional promovió a comienzos de la década de 1970, el Dr. José Renán Esquivel, ex ministro de Salud.
A partir de aquel entonces, el Estado panameño y organismos nacionales e internacionales no gubernamentales han estado invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en proyectos comunitarios, principalmente, en producción agrícola, pecuaria, artesanía y más reciente, en reforestación. El eje de estos proyectos ha sido mayormente la solución de problemas sociales de la familia. Algunos involucran a comunidades enteras o grupos humanos, otros a un grupo pequeño de moradores.
Los proyectos comunitarios que son promovidos, financiados, asesorados o avalados por el Estado y su gobierno deben considerarse como articuladores y motivadores del desarrollo. Por tal motivo, es conveniente que sean compatibles, coherentes y convergentes dentro de su plan de desarrollo socioeconómico, donde la población podrá identificarse con la fase o nivel del plan que implica el desarrollo del proyecto.
Para efecto de reordenar y reorientar el uso de los recursos estatales en proyectos comunitarios, la Oficina de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.), debiera establecer normas de utilización y beneficio de los mismos y donde quedaría claramente definida la función y papel de desarrollo en la comunidad o grupos humanos, incluyendo también la auditoría en terreno. Estas normas son necesarias para evitar la duplicidad de inversión, despilfarro, el uso indebido de tales recursos y la desconfianza en la población.
La integración de los proyectos comunitarios al desarrollo económico, social y cultural planificado es el antídoto contra el uso irregular de los fondos, del cual hay sobrada experiencia en las instituciones promotoras y las comunidades receptoras, donde no siempre se reconoce con el nombre de irregularidad, si no de "fracaso" o "pérdida", que al desaparecer el proyecto, desaparece la credibilidad de la institución estatal o la ONG y la organización financiadora. Al menos, desde 1970 hasta la fecha, han "fracasado" centenares de proyectos comunitarios de huertos y granjas, promovidas y asesoradas por el Ministerio de Salud. ¿Cuántas más no habrán tenido la misma suerte en otras instituciones y organismos no gubernamentales? Ojalá, el antiguo MIPPE, hoy MEF, haya registrado la información de los proyectos que han "fracasado" y los que han sido exitosos.
Los proyectos comunitarios de los que hemos hablado son módulos de desarrollo en un proceso de planificación estatal, de allí que los mismos son necesarios y tienen un papel específico en materia social, al menos. Pero para que ellos cumplan esa función, habrá de considerarse para su ejecución, algunos recursos e infraestructuras indispensables como una organización social activa y servicios públicos básicos (agua potable, disposición sanitaria de las excretas, escuelas, atención primaria de salud y asesoría técnica). De no existir estos esenciales básicos, cualquier proyecto comunitario que se implante, no puede considerarse como un dispositivo modular de desarrollo que implique cambios en lo socioeconómico y cultural.
A partir de aquel entonces, el Estado panameño y organismos nacionales e internacionales no gubernamentales han estado invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en proyectos comunitarios, principalmente, en producción agrícola, pecuaria, artesanía y más reciente, en reforestación. El eje de estos proyectos ha sido mayormente la solución de problemas sociales de la familia. Algunos involucran a comunidades enteras o grupos humanos, otros a un grupo pequeño de moradores.
Los proyectos comunitarios que son promovidos, financiados, asesorados o avalados por el Estado y su gobierno deben considerarse como articuladores y motivadores del desarrollo. Por tal motivo, es conveniente que sean compatibles, coherentes y convergentes dentro de su plan de desarrollo socioeconómico, donde la población podrá identificarse con la fase o nivel del plan que implica el desarrollo del proyecto.
Para efecto de reordenar y reorientar el uso de los recursos estatales en proyectos comunitarios, la Oficina de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.), debiera establecer normas de utilización y beneficio de los mismos y donde quedaría claramente definida la función y papel de desarrollo en la comunidad o grupos humanos, incluyendo también la auditoría en terreno. Estas normas son necesarias para evitar la duplicidad de inversión, despilfarro, el uso indebido de tales recursos y la desconfianza en la población.
La integración de los proyectos comunitarios al desarrollo económico, social y cultural planificado es el antídoto contra el uso irregular de los fondos, del cual hay sobrada experiencia en las instituciones promotoras y las comunidades receptoras, donde no siempre se reconoce con el nombre de irregularidad, si no de "fracaso" o "pérdida", que al desaparecer el proyecto, desaparece la credibilidad de la institución estatal o la ONG y la organización financiadora. Al menos, desde 1970 hasta la fecha, han "fracasado" centenares de proyectos comunitarios de huertos y granjas, promovidas y asesoradas por el Ministerio de Salud. ¿Cuántas más no habrán tenido la misma suerte en otras instituciones y organismos no gubernamentales? Ojalá, el antiguo MIPPE, hoy MEF, haya registrado la información de los proyectos que han "fracasado" y los que han sido exitosos.
Los proyectos comunitarios de los que hemos hablado son módulos de desarrollo en un proceso de planificación estatal, de allí que los mismos son necesarios y tienen un papel específico en materia social, al menos. Pero para que ellos cumplan esa función, habrá de considerarse para su ejecución, algunos recursos e infraestructuras indispensables como una organización social activa y servicios públicos básicos (agua potable, disposición sanitaria de las excretas, escuelas, atención primaria de salud y asesoría técnica). De no existir estos esenciales básicos, cualquier proyecto comunitario que se implante, no puede considerarse como un dispositivo modular de desarrollo que implique cambios en lo socioeconómico y cultural.
