Los retos de la justicia panameña
El contexto social en que vivimos no es exactamente igual al de hace 20 años, y es urgente contribuir a resolver el retraso económico de los pueblos pobres antes de tomar medidas coercitivas e infrahumanas a la ligera y de manera estigmatizante a nivel social.
Dejemos a un lado el análisis estadísticas y miremos la realidad de la multitud que sufre el peso intolerable de la miseria, resultado de las violaciones de aquellos supuestos de necesidades fundamentales no satisfechas por causas derivadas de un mal gobierno, el que no respeta la legalidad y no realiza con eficiencia los fines generales y particulares que se le atribuyen al Estado de Derecho. No podemos ignorarlo ni negarlo, cuando ese mal gobierno genera y produce un clima de necesidades fundamentales de insatisfacción, carencia o negación, inapropiado para la vida y el desarrollo, en relación siempre con las condiciones de vida digna y de progreso al que se tiene derecho, porque se pueden y se deben alcanzar, entonces se violan los Derechos Humanos.
Donde no exista una política criminal basada en la justicia social, no habrá una sociedad de bienestar total ni razonable. Debemos tener presente la máxima de Ulpiano que define a la Justicia como "La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo". Esta fórmula nos lleva a darle a cada uno lo suyo como individuo y miembro de la sociedad, y también lo suyo a la sociedad misma, que, formada por el conjunto de los hombres, también tiene derechos que deben ser respetados y que se refieren al bien común de sus miembros.
Para completar ese punto, traigo a colación el pensamiento y la obra de otro jurista insigne, Andrés Bello, de Venezuela. Fue él quien redactó los proyectos de leyes en que vaciaban sus indicaciones. Podría decirse que sus palabras anticipaban las leyes, al expresar: "Creemos, pues, que el punto capital a que debe dirigirse la atención de los nuevos gobiernos es a establecer una administración de justicia verdaderamente republicana y liberal, carácter que no tendrá mientras que las leyes no sean puntuales y escrupulosamente revisadas". Por ello las garantías que no se apoyan en una buena administración de justicia son fórmulas sin sustancia; y faltando la publicidad de los juicios, la administración de justicia es peor en los Estados populares que en los despóticos.
Panamá, al efectuar las reformas constitucionales, debe comprender que es necesario que la autoridad esté siempre armada para contrastar a las exageradas pretensiones y seducciones, acaso más peligrosas, porque interesan a su favor los efectos más nobles y desinteresados del corazón humano; es también preciso evitar que estos puros y generosos sentimientos se conviertan en una criminal flaqueza, torciendo la vara de la justicia. No debemos permitir que la euforia técnico-científica ofusque los espíritus hasta el punto de impedirles admitir una realidad evidente: la cultura actual está sumergida en una profunda crisis.
Admitámoslo sin rodeos. El hombre contemporáneo vive con apremio, de modo individualista y egoísta, víctima de una deformación del sentido del deber, olvidándose frecuentemente que el bien individual se ha de alcanzar en el bien común, reconociendo que éste no es susceptible de reparto, sino de participación y sus relaciones, para ser justas, son siempre integrativas y de subordinación. Así, la igualdad en esta justicia del bien común, que consiste en el respeto a determinadas proporciones, no es necesariamente a una igualdad numérica. Querer remediar los problemas de la criminalidad y de la seguridad ciudadana con leyes más severas, y operativos policiales de profilaxis, a parte de ser obsoletos y demagógicos en materia criminal, son respuestas que llegan a ser peores que el propio fenómeno del delito.
A lo largo de nuestros gobiernos democráticos nos hemos caracterizados de ventilar la criminalidad de forma inconsistente, desorganizada, carente de un planteamiento cónsono al de una política criminal; y seguimos cometiendo los mismos errores y ni siquiera hacemos caso de nuestras estadísticas criminales, si fuera así nos percataríamos que la mayor causa de muertes violentas en el país son los accidentes de tránsito y no los homicidios, que el Estado gasta más dinero atendiendo a pacientes en salas de urgencias por conductas violentas (riñas, lesiones, accidentes de tránsitos, intoxicaciones, etc.), dinero que se escapa para realizar atención de primera necesidad a poblaciones rurales y de difícil acceso.
Cuando Panamá desarrolle una política criminal, liderada por una dirección del Ejecutivo, tendremos resultados integrales y gozaremos de la paz ciudadana que todos deseamos.
Dejemos a un lado el análisis estadísticas y miremos la realidad de la multitud que sufre el peso intolerable de la miseria, resultado de las violaciones de aquellos supuestos de necesidades fundamentales no satisfechas por causas derivadas de un mal gobierno, el que no respeta la legalidad y no realiza con eficiencia los fines generales y particulares que se le atribuyen al Estado de Derecho. No podemos ignorarlo ni negarlo, cuando ese mal gobierno genera y produce un clima de necesidades fundamentales de insatisfacción, carencia o negación, inapropiado para la vida y el desarrollo, en relación siempre con las condiciones de vida digna y de progreso al que se tiene derecho, porque se pueden y se deben alcanzar, entonces se violan los Derechos Humanos.
Donde no exista una política criminal basada en la justicia social, no habrá una sociedad de bienestar total ni razonable. Debemos tener presente la máxima de Ulpiano que define a la Justicia como "La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo". Esta fórmula nos lleva a darle a cada uno lo suyo como individuo y miembro de la sociedad, y también lo suyo a la sociedad misma, que, formada por el conjunto de los hombres, también tiene derechos que deben ser respetados y que se refieren al bien común de sus miembros.
Para completar ese punto, traigo a colación el pensamiento y la obra de otro jurista insigne, Andrés Bello, de Venezuela. Fue él quien redactó los proyectos de leyes en que vaciaban sus indicaciones. Podría decirse que sus palabras anticipaban las leyes, al expresar: "Creemos, pues, que el punto capital a que debe dirigirse la atención de los nuevos gobiernos es a establecer una administración de justicia verdaderamente republicana y liberal, carácter que no tendrá mientras que las leyes no sean puntuales y escrupulosamente revisadas". Por ello las garantías que no se apoyan en una buena administración de justicia son fórmulas sin sustancia; y faltando la publicidad de los juicios, la administración de justicia es peor en los Estados populares que en los despóticos.
Panamá, al efectuar las reformas constitucionales, debe comprender que es necesario que la autoridad esté siempre armada para contrastar a las exageradas pretensiones y seducciones, acaso más peligrosas, porque interesan a su favor los efectos más nobles y desinteresados del corazón humano; es también preciso evitar que estos puros y generosos sentimientos se conviertan en una criminal flaqueza, torciendo la vara de la justicia. No debemos permitir que la euforia técnico-científica ofusque los espíritus hasta el punto de impedirles admitir una realidad evidente: la cultura actual está sumergida en una profunda crisis.
Admitámoslo sin rodeos. El hombre contemporáneo vive con apremio, de modo individualista y egoísta, víctima de una deformación del sentido del deber, olvidándose frecuentemente que el bien individual se ha de alcanzar en el bien común, reconociendo que éste no es susceptible de reparto, sino de participación y sus relaciones, para ser justas, son siempre integrativas y de subordinación. Así, la igualdad en esta justicia del bien común, que consiste en el respeto a determinadas proporciones, no es necesariamente a una igualdad numérica. Querer remediar los problemas de la criminalidad y de la seguridad ciudadana con leyes más severas, y operativos policiales de profilaxis, a parte de ser obsoletos y demagógicos en materia criminal, son respuestas que llegan a ser peores que el propio fenómeno del delito.
A lo largo de nuestros gobiernos democráticos nos hemos caracterizados de ventilar la criminalidad de forma inconsistente, desorganizada, carente de un planteamiento cónsono al de una política criminal; y seguimos cometiendo los mismos errores y ni siquiera hacemos caso de nuestras estadísticas criminales, si fuera así nos percataríamos que la mayor causa de muertes violentas en el país son los accidentes de tránsito y no los homicidios, que el Estado gasta más dinero atendiendo a pacientes en salas de urgencias por conductas violentas (riñas, lesiones, accidentes de tránsitos, intoxicaciones, etc.), dinero que se escapa para realizar atención de primera necesidad a poblaciones rurales y de difícil acceso.
Cuando Panamá desarrolle una política criminal, liderada por una dirección del Ejecutivo, tendremos resultados integrales y gozaremos de la paz ciudadana que todos deseamos.
