Los retos de la Universidad
No son retos políticos, aunque pareciera que así fuera por el discurso de algunos protagonistas de la vida universitaria. Son retos académicos impuestos por la tercera revolución industrial de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Jeremy Rifkin, economista, ex asesor de política pública de Bill Clinton, señala que esa revolución abarca desde "robos controlados numéricamente hasta ordenadores y sus avanzados software". En esta "nueva economía tecnológica global, los pocos buenos empleos disponibles están en el sector del conocimiento. Van desde físicos, expertos en ordenadores, técnicos de muy alto nivel, biólogos moleculares hasta consultores de empresas, abogados, contables y similares". La diferencia en lo referente a niveles educativos, entre los que requieren un empleo y el tipo de puestos de trabajo de alta tecnología que se ofrece, es tan grande, que no hay posibilidades de empleo para millones de personas porque no tienen el nivel educativo requerido.
Según el Depto. de Educación de EU, en ese país "cerca de 90 millones de estadounidenses están tan deficientemente formados que no pueden escribir una breve carta explicando la existencia de un pequeño error en una tarjeta de crédito, reconocer la hora de salida de un autobús en una terminal o usar una calculadora para determinar la diferencia entre un precio de saldo y un precio normal. Hoy, uno de cada tres adultos en EU es práctica, parcial o completamente analfabeto. Más de 20 millones son incapaces de leer o tienen un nivel de lectura inferior al 50%. Existen 35 millones adicionales que tienen un nivel inferior al noveno grado. Ahora bien, para puestos de trabajo de cualquier tipo, excepto para empleos domésticos, se requieren niveles equivalentes a noveno grado. Para estos estadounidenses, la esperanza de obtener un puesto de trabajo en la élite del sector del conocimiento, es prácticamente una quimera". Por lo tanto, allá como aquí, los retos de la educación superior son retos del conocimiento.
La Universidad de Panamá, para alcanzar las metas que este reto le impone, debe utilizar todos sus recursos, por lo que no hay cabida para la politiquería, ni para la corrupción y la impunidad. Ella debe formar para puestos de trabajo cónsonos con el desarrollo tecnológico, sin dejar de concienciar sobre derechos humanos. Por eso quien sea que ocupe la rectoría, tiene la obligación de arrumbar la Universidad por los caminos del conocimiento, para combatir el desempleo tecnológico. ¿Están las autoridades universitarias conscientes de ello? ¿Lo están quienes aspiran a serlo? ¿Tiene aún credibilidad la Universidad de Panamá? En términos generales, sí. Pero puede perderla.
Existen cerca de 20 universidades privadas en el país que compiten con ella, aunque no la alcanzan. Mas, el peligro que amenaza su funcionamiento viene también en su interior. La Universidad de Panamá necesita ser autocrítica. Dejar de ser electorera. Premiar la excelencia académica y sancionar la irresponsabilidad. Atajar la mediocridad. Para seguir siendo, como hasta ahora lo es, "prima inter pares".
Los anteriores criterios los hemos discutido en el seno de la sociedad de salud pública y los ofrecemos como contribución a la sociedad civil en el seno del Diálogo Nacional por el Seguro Social.
La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
Según el Depto. de Educación de EU, en ese país "cerca de 90 millones de estadounidenses están tan deficientemente formados que no pueden escribir una breve carta explicando la existencia de un pequeño error en una tarjeta de crédito, reconocer la hora de salida de un autobús en una terminal o usar una calculadora para determinar la diferencia entre un precio de saldo y un precio normal. Hoy, uno de cada tres adultos en EU es práctica, parcial o completamente analfabeto. Más de 20 millones son incapaces de leer o tienen un nivel de lectura inferior al 50%. Existen 35 millones adicionales que tienen un nivel inferior al noveno grado. Ahora bien, para puestos de trabajo de cualquier tipo, excepto para empleos domésticos, se requieren niveles equivalentes a noveno grado. Para estos estadounidenses, la esperanza de obtener un puesto de trabajo en la élite del sector del conocimiento, es prácticamente una quimera". Por lo tanto, allá como aquí, los retos de la educación superior son retos del conocimiento.
La Universidad de Panamá, para alcanzar las metas que este reto le impone, debe utilizar todos sus recursos, por lo que no hay cabida para la politiquería, ni para la corrupción y la impunidad. Ella debe formar para puestos de trabajo cónsonos con el desarrollo tecnológico, sin dejar de concienciar sobre derechos humanos. Por eso quien sea que ocupe la rectoría, tiene la obligación de arrumbar la Universidad por los caminos del conocimiento, para combatir el desempleo tecnológico. ¿Están las autoridades universitarias conscientes de ello? ¿Lo están quienes aspiran a serlo? ¿Tiene aún credibilidad la Universidad de Panamá? En términos generales, sí. Pero puede perderla.
Existen cerca de 20 universidades privadas en el país que compiten con ella, aunque no la alcanzan. Mas, el peligro que amenaza su funcionamiento viene también en su interior. La Universidad de Panamá necesita ser autocrítica. Dejar de ser electorera. Premiar la excelencia académica y sancionar la irresponsabilidad. Atajar la mediocridad. Para seguir siendo, como hasta ahora lo es, "prima inter pares".
Reconocimiento del carácter constitucional de su misión en el mismo plano que el Canal de Panamá.
Independencia de su administración (Ojo que no decimos autonomía que esta reservada para las instituciones netamente estatales).
Vinculación programática con los lineamientos sanitarios y de política de bienestar del Estado.
Rentabilidad de sus inversiones y dirección de las mismas con intención de estimular la economía productiva del país.
Cartera de seguros competitiva y diversificada en el ofrecimiento de nuevos productos.
Universalidad y solidaridad de su sistema de aseguramiento de salud.
Universalidad y equidad de su sistema de pensiones.
Administración de recursos humanos basada en el principio de Carreras de la Función Pública con vistas a las prioridades de desarrollo del país.
Garantía de integración democrática, representativa y participativa de sus órganos de gestión soportada en rol de diputación vinculante que se asigne a sus directivos por contraposición al mecanismo de selección y cooptación actual.
Principio de rendición de cuentas y gestión transparente.
Los anteriores criterios los hemos discutido en el seno de la sociedad de salud pública y los ofrecemos como contribución a la sociedad civil en el seno del Diálogo Nacional por el Seguro Social.
La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
