Los retos en cifras
Ante toda una gama de propuestas de los diferentes candidatos que aspiran a ocupar la silla presidencial en septiembre de 2004, quiero esbozar, de manera precisa, cuáles son los grandes problemas a nivel nacional y lo que reflejan las cifras, producto de la falta de respuesta a los mismos, sobre todo, al cumplir el centenario de la República y en pleno siglo XXI; a su vez para que el electorado, en los próximos comicios, sepa elegir a conciencia y no por fanatismo, conveniencia o por castigo.
La violencia y seguridad ciudadana en nuestro país. Como todos tienen conocimiento, este problema es multifactorial, que involucra a todos los estamentos de la administración de justicia, entidades de investigación, aparato policial, operadores encargados de la atención de los sistemas penitenciarios, sistema educativo, autoridades religiosas, sociedad civil, entre otras, las cuales no han podido liderar un programa conjunto, organizado y planificado, con planes a corto y largo plazo por el Estado para enfrentar la fenomenología del delito y de la criminalidad, lo que ha llevado a que desde 1990 al 2000 se hayan registrados un total de 24,419 muertes, de las cuales 13,256 han sido producto de la violencia y lesiones por causas externas. De éstas 8,171 fueron por accidentes de tránsito, 3,511 por homicidios, 1,574 por suicidios, y el promedio anual de muertes por homicidios en los últimos cinco años oscila entre 300 a 310. (Cifras registradas por la Dirección de Análisis y Tendencias de la Salud (DATS) del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Estadística Criminal (CONADEC) del Ministerio de Gobierno y Justicia).
Igualmente, según los estudios de la DATS, para el año 2000 en el Hospital Santo Tomás, las atenciones hospitalarias por traumatismo y violencia fue de 10,269, las cuales se dieron en 6,5421 días de estancias, lo que establece un promedio de estancia de 6.4 días por persona, lo que representa al Estado un monto estimado de 9,158,991 millones de dólares por costo de atención.
Como notarán, la principal causa de muerte en Panamá no es el homicidio, sino los accidentes de tránsito. Otro gran desafío para el futuro gobernante del país, el cual lleva décadas sin resolver, es el transporte público; esto es producto que cada uno de los conductores del transporte colectivo de pasajeros en la ciudad capital comete un promedio de diez infracciones por hora al reglamento de tránsito, lo que representa un valor en concepto de multas de B/.387.00, según reveló un estudio de campo realizado por El Panamá América. Detalles interesantes revelan que los siete mil buses en existencia, que son apenas el 2% de todo el parque vehicular de la República, ocasionaron, sin embargo, el 14% (1,662) de todos los accidentes fallados por los tribunales de Tránsito. La Contraloría registra un parque vehicular total en el país de 400 mil vehículos, de los cuales 26 mil son taxis (7%) y 7 mil son buses (2%).
Son innumerables las deficiencias que pueden atribuírsele al sector transporte; por un lado, por la forma en la que se administran y se otorgan los cupos y concesiones de ruta, propios de una legislación incoherente, inoperante, la cual se desprende de un grupo de personas que monopolizan el transporte que, a mi criterio, los llamo "los sicilianos del transporte público". Por otra parte, la poca o casi nula planificación urbana que se ha hecho en la capital hace que la circulación de vehículos en nuestras calles y avenidas sea cada día más caótica. Por último, las leyes que sancionan o deben regular al transporte terrestre son obsoletas y poco concientizadoras. Sólo observemos que, según datos de la Fiscalía Superior Especial, en materia de tránsito, en los dos últimos años, ha atendido 15 casos y sólo en ocho se han logrados condenas que oscilan entre 12 meses a cuatro años, pero no significa que estas personas no vuelvan a manejar cuando cumplan su condena o que hayan tomado conciencia del daño causado.
Existe un anteproyecto de ley en materia de transporte público que pretende hacer especies de mini empresas, en las cuales se le brinde un mejor servicio al usuario y que el transportista reciba una remuneración mensual que cubra sus gastos de Seguro Social. Este anteproyecto obedece a un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre Panamá y el BID para realizar una planificación y un diseño del sistema de transporte urbano por un monto de 390 mil 741 euros, aprobado por el Consejo de Gabinete. Esperemos que con este dinero se pueda mejorar nuestro transporte público.
En cuanto a la educación, según datos estadísticos del CEPAL, Panamá se sitúa junto con Argentina, Brasil y Colombia, en el rango de países donde la deserción escolar fluctúa entre el 20 y el 25 %. En este país, entre el 50% y 60% del total de las deserciones se producen en el nivel medio de enseñanza, con mayor preponderancia en los últimos años de la educación secundaria. De igual forma, las estadísticas del Ministerio de Educación indican que los estudiantes panameños presentan un alto índice de materias reprobadas, registrándose la mayor incidencia en las materias de Matemáticas y Español, estableciendo que para el año 2002 en las áreas urbanas, rurales e indígenas, existió un 69% de estudiantes reprobados. Ello pone de antemano que nuestro sistema educativo carece de programas y proyectos acordes a nuestra población estudiantil. La gran meta es lograr planes académicos que sean cónsonos con la realidades del siglo XXI y que los educadores estén más interesados en mejorar la enseñanza, en vez de reclamar por inconformidades laborales.
Aunado al problema del sistema educativo, está la antesala y fundamento preventivo de toda sociedad: nuestra familia la cual, agobiada de toda problemática social y económica, se sumerge en una crisis de valores y desintegración, lo que se refleja en los diferentes casos de abuso sexual, maltrato, situación de riesgo, evasión del hogar, abandono, negligencia familiar, etc., atendidos en los juzgados de la Niñez y la Adolescencia, para el año 2002, cuando se atendieron 5,150 por primer ingreso, 449 por reingreso y 660 casos no especificados.
Consecutivamente, querer obviar el tema de la pobreza de nuestro país es querer tratar de gobernar ante una población ficticia. La pobreza, según datos del PNUD, de 1999 al 2002 creció de 1,038,000 a 1,134,000 millones de panameños; esto quiere decir que en Panamá, con una población de 2,839,177 millones de habitantes, aproximadamente, casi la mitad de nuestra gente vive bajo el nivel de pobreza. Entonces cómo combatir esta realidad sin propuestas más humanas, eficaces y planificadas, que es objeto de una mala distribución de la riqueza y de un mundo globalizado donde los organismos económicos internacionales sólo desean recobrar su dinero imponiendo sus reglas, sin mediar con nuestras crudas necesidades; ni gobiernos que propongan alternativas coherentes.
El receptáculo de la pobreza proviene del desempleo en Panamá, que ronda más allá del 15% que establecen los datos estadísticos de la Contraloría General de la República, en los cuales los jóvenes ocupan el 29% del índice de desempleo, con un empleo informal de 4.7%, comparándonos con países como Haití y República Dominicana.
El escenario laboral refleja que hay un pobre y desigual desempeño. Los números, aunque fríos, así lo revelan. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de cada 10 empleos desde 1990, siete son informales; el sector servicios es el que genera empleos nuevos (9.6 de cada 10 empleos nuevos se crearon en este sector desde 1990), lo que significa que la "terciarización" sigue creciendo, la productividad media se redujo en un 1.7% en el 2002 y la desprotección social va en aumento.
En la economía informal dos de cada 10 ocupados cuentan con protección social y seis de cada 10 nuevos empleados tienen acceso a la seguridad social. Es decir, la mayoría de los trabajadores no tiene pensiones ni está amparado bajo un programa de riesgos profesionales.
Hay que sumar otro dato estadístico significativo y preocupante en el país: El número de niñas y niños trabajadores de 5 a 17 años es de 47, 976; el 63.4% de los que tienen entre 7 y 14 años asiste a la escuela, y el 43.9% de los que tienen entre 5 y 17 años no recibe remuneración.
Otro de los grandes retos para aminorar el desempleo en Panamá es levantar una economía que en su crecimiento, en los últimos años, no se aleja del 2%. Todos los candidatos siempre tienen la panacea de creación de nuevos empleos, mayor inversión y un Panamá próspero lleno de oportunidades, pero la cruda y verdadera realidad es que proyectos como el CEMIS dejaron de generar empleos, sobre todo, en una provincia tan necesitada como Colón; que la carencia de recursos de la Caja de Seguro Social se debe a la gran cantidad de personas que han dejado de cotizar producto del desempleo, sumado a los empleadores morosos.
Algunos candidatos expresan que no hay que ser negativos para mejorar, pero es que ante realidades que se palpan en cifras económicas, no se puede creer que los presidentes hacen milagros.
No hay que olvidarse de las empresas de servicios públicos (Electra Noreste, Unión Fenosa, Cable and Wireless); pese a que el Estado posee el 50% de algunas de ellas, pareciera que su mejor dividendo es quedarse con los brazos cruzados ante el estrangulamiento en sus cobros por servicios, donde su única respuestas es decir que el Ente Regulador debe de verificar y regular el cobro y la calidad de sus servicios. Y es que, el Informe Económico del Ministerio de Economía y Finanzas del primer semestre de 2003, refleja claramente que ETESA exportó 25,451 MWh de energía eléctrica, y el crecimiento de consumo local se incrementó un 6.6%. La pregunta es, ¿si Panamá es un exportador neto de energía eléctrica, cómo ésta sigue siendo cara aquí?
Si nos referimos al mismo Informe, observaremos que Cable & Wireless, para el primer semestre, realizó una inversión de 700 millones de dólares y sólo en instalación de equipos supera los 200 millones de dólares. Esta empresa sigue creciendo con más y nuevos servicios, por lo que la pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos los panameños conformes con el servicio de esta compañía y sus tarifas, y a dónde se destinan los recursos que obtiene el Estado al tener 50% de la empresa? Esperemos que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre el tema.
Al tocar algunos sectores de la economía panameña, debemos preguntar qué planes y proyectos económicos tienen los candidatos presidenciales y que, al formularlos, sean coherentes y no demagógicos como varios han planteado. Recientemente, el rector del INCAE, Dr. Roberto Artavía Loría, expresó que para realizar un planteamiento económico serio de Panamá se debe visualizar que nuestro país es fuerte en ciertas áreas como en logística, en capital y relativamente en recursos humanos, reconociendo que aún debemos enfatizar en el mejoramiento de la educación, a la vez, de ser constantes para poder situarnos en un nivel competitivo a nivel mundial.
Otra de nuestras debilidades es en el área de información, pero cuando hablamos de Tecnología de la Información, señala el Rector Artavía, nos referimos al acceso que tiene un pequeño empresario para exportar la globalización, tanto en abastecimiento como en el mercadeo, sumado a que Panamá debe consolidar una seguridad jurídica a fin de que los inversionistas extranjeros realmente les sea atractivo invertir en el país. Al hablar de seguridad jurídica no podemos dejar de soslayar el tema de la corrupción (helicóptero HP-14, caso de los "durodólares", casa de playa en Punta Mala, PCC Consulting, nombramientos de los magistrados, nepotismo) por mencionar algunos, que hacen que cuando los candidatos presidenciales expresen: "Combatiremos la corrupción", el pueblo en vez de creerles, conteste entre voces, y cómo subsisten.
Panamá, a su cien años de República, puede ser el paraíso que muchos próceres visualizaron, sólo debemos cambiar de actitud, sacrificarnos todos juntos para que, con esfuerzo de gobernantes y gobernados, podamos encontrar esa patria próspera que anhelamos. Si enfrentamos los desafíos del mañana, con los métodos de ayer, tenemos los problemas de hoy, y para tener los resultados que nunca tuvimos, hay que hacer lo que nunca hemos hecho, esto significa gobernar para el beneficio del pueblo y no beneficiarse del pueblo para gobernar.
La violencia y seguridad ciudadana en nuestro país. Como todos tienen conocimiento, este problema es multifactorial, que involucra a todos los estamentos de la administración de justicia, entidades de investigación, aparato policial, operadores encargados de la atención de los sistemas penitenciarios, sistema educativo, autoridades religiosas, sociedad civil, entre otras, las cuales no han podido liderar un programa conjunto, organizado y planificado, con planes a corto y largo plazo por el Estado para enfrentar la fenomenología del delito y de la criminalidad, lo que ha llevado a que desde 1990 al 2000 se hayan registrados un total de 24,419 muertes, de las cuales 13,256 han sido producto de la violencia y lesiones por causas externas. De éstas 8,171 fueron por accidentes de tránsito, 3,511 por homicidios, 1,574 por suicidios, y el promedio anual de muertes por homicidios en los últimos cinco años oscila entre 300 a 310. (Cifras registradas por la Dirección de Análisis y Tendencias de la Salud (DATS) del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Estadística Criminal (CONADEC) del Ministerio de Gobierno y Justicia).
Igualmente, según los estudios de la DATS, para el año 2000 en el Hospital Santo Tomás, las atenciones hospitalarias por traumatismo y violencia fue de 10,269, las cuales se dieron en 6,5421 días de estancias, lo que establece un promedio de estancia de 6.4 días por persona, lo que representa al Estado un monto estimado de 9,158,991 millones de dólares por costo de atención.
Como notarán, la principal causa de muerte en Panamá no es el homicidio, sino los accidentes de tránsito. Otro gran desafío para el futuro gobernante del país, el cual lleva décadas sin resolver, es el transporte público; esto es producto que cada uno de los conductores del transporte colectivo de pasajeros en la ciudad capital comete un promedio de diez infracciones por hora al reglamento de tránsito, lo que representa un valor en concepto de multas de B/.387.00, según reveló un estudio de campo realizado por El Panamá América. Detalles interesantes revelan que los siete mil buses en existencia, que son apenas el 2% de todo el parque vehicular de la República, ocasionaron, sin embargo, el 14% (1,662) de todos los accidentes fallados por los tribunales de Tránsito. La Contraloría registra un parque vehicular total en el país de 400 mil vehículos, de los cuales 26 mil son taxis (7%) y 7 mil son buses (2%).
Son innumerables las deficiencias que pueden atribuírsele al sector transporte; por un lado, por la forma en la que se administran y se otorgan los cupos y concesiones de ruta, propios de una legislación incoherente, inoperante, la cual se desprende de un grupo de personas que monopolizan el transporte que, a mi criterio, los llamo "los sicilianos del transporte público". Por otra parte, la poca o casi nula planificación urbana que se ha hecho en la capital hace que la circulación de vehículos en nuestras calles y avenidas sea cada día más caótica. Por último, las leyes que sancionan o deben regular al transporte terrestre son obsoletas y poco concientizadoras. Sólo observemos que, según datos de la Fiscalía Superior Especial, en materia de tránsito, en los dos últimos años, ha atendido 15 casos y sólo en ocho se han logrados condenas que oscilan entre 12 meses a cuatro años, pero no significa que estas personas no vuelvan a manejar cuando cumplan su condena o que hayan tomado conciencia del daño causado.
Existe un anteproyecto de ley en materia de transporte público que pretende hacer especies de mini empresas, en las cuales se le brinde un mejor servicio al usuario y que el transportista reciba una remuneración mensual que cubra sus gastos de Seguro Social. Este anteproyecto obedece a un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre Panamá y el BID para realizar una planificación y un diseño del sistema de transporte urbano por un monto de 390 mil 741 euros, aprobado por el Consejo de Gabinete. Esperemos que con este dinero se pueda mejorar nuestro transporte público.
En cuanto a la educación, según datos estadísticos del CEPAL, Panamá se sitúa junto con Argentina, Brasil y Colombia, en el rango de países donde la deserción escolar fluctúa entre el 20 y el 25 %. En este país, entre el 50% y 60% del total de las deserciones se producen en el nivel medio de enseñanza, con mayor preponderancia en los últimos años de la educación secundaria. De igual forma, las estadísticas del Ministerio de Educación indican que los estudiantes panameños presentan un alto índice de materias reprobadas, registrándose la mayor incidencia en las materias de Matemáticas y Español, estableciendo que para el año 2002 en las áreas urbanas, rurales e indígenas, existió un 69% de estudiantes reprobados. Ello pone de antemano que nuestro sistema educativo carece de programas y proyectos acordes a nuestra población estudiantil. La gran meta es lograr planes académicos que sean cónsonos con la realidades del siglo XXI y que los educadores estén más interesados en mejorar la enseñanza, en vez de reclamar por inconformidades laborales.
Aunado al problema del sistema educativo, está la antesala y fundamento preventivo de toda sociedad: nuestra familia la cual, agobiada de toda problemática social y económica, se sumerge en una crisis de valores y desintegración, lo que se refleja en los diferentes casos de abuso sexual, maltrato, situación de riesgo, evasión del hogar, abandono, negligencia familiar, etc., atendidos en los juzgados de la Niñez y la Adolescencia, para el año 2002, cuando se atendieron 5,150 por primer ingreso, 449 por reingreso y 660 casos no especificados.
Consecutivamente, querer obviar el tema de la pobreza de nuestro país es querer tratar de gobernar ante una población ficticia. La pobreza, según datos del PNUD, de 1999 al 2002 creció de 1,038,000 a 1,134,000 millones de panameños; esto quiere decir que en Panamá, con una población de 2,839,177 millones de habitantes, aproximadamente, casi la mitad de nuestra gente vive bajo el nivel de pobreza. Entonces cómo combatir esta realidad sin propuestas más humanas, eficaces y planificadas, que es objeto de una mala distribución de la riqueza y de un mundo globalizado donde los organismos económicos internacionales sólo desean recobrar su dinero imponiendo sus reglas, sin mediar con nuestras crudas necesidades; ni gobiernos que propongan alternativas coherentes.
El receptáculo de la pobreza proviene del desempleo en Panamá, que ronda más allá del 15% que establecen los datos estadísticos de la Contraloría General de la República, en los cuales los jóvenes ocupan el 29% del índice de desempleo, con un empleo informal de 4.7%, comparándonos con países como Haití y República Dominicana.
El escenario laboral refleja que hay un pobre y desigual desempeño. Los números, aunque fríos, así lo revelan. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de cada 10 empleos desde 1990, siete son informales; el sector servicios es el que genera empleos nuevos (9.6 de cada 10 empleos nuevos se crearon en este sector desde 1990), lo que significa que la "terciarización" sigue creciendo, la productividad media se redujo en un 1.7% en el 2002 y la desprotección social va en aumento.
En la economía informal dos de cada 10 ocupados cuentan con protección social y seis de cada 10 nuevos empleados tienen acceso a la seguridad social. Es decir, la mayoría de los trabajadores no tiene pensiones ni está amparado bajo un programa de riesgos profesionales.
Hay que sumar otro dato estadístico significativo y preocupante en el país: El número de niñas y niños trabajadores de 5 a 17 años es de 47, 976; el 63.4% de los que tienen entre 7 y 14 años asiste a la escuela, y el 43.9% de los que tienen entre 5 y 17 años no recibe remuneración.
Otro de los grandes retos para aminorar el desempleo en Panamá es levantar una economía que en su crecimiento, en los últimos años, no se aleja del 2%. Todos los candidatos siempre tienen la panacea de creación de nuevos empleos, mayor inversión y un Panamá próspero lleno de oportunidades, pero la cruda y verdadera realidad es que proyectos como el CEMIS dejaron de generar empleos, sobre todo, en una provincia tan necesitada como Colón; que la carencia de recursos de la Caja de Seguro Social se debe a la gran cantidad de personas que han dejado de cotizar producto del desempleo, sumado a los empleadores morosos.
Algunos candidatos expresan que no hay que ser negativos para mejorar, pero es que ante realidades que se palpan en cifras económicas, no se puede creer que los presidentes hacen milagros.
No hay que olvidarse de las empresas de servicios públicos (Electra Noreste, Unión Fenosa, Cable and Wireless); pese a que el Estado posee el 50% de algunas de ellas, pareciera que su mejor dividendo es quedarse con los brazos cruzados ante el estrangulamiento en sus cobros por servicios, donde su única respuestas es decir que el Ente Regulador debe de verificar y regular el cobro y la calidad de sus servicios. Y es que, el Informe Económico del Ministerio de Economía y Finanzas del primer semestre de 2003, refleja claramente que ETESA exportó 25,451 MWh de energía eléctrica, y el crecimiento de consumo local se incrementó un 6.6%. La pregunta es, ¿si Panamá es un exportador neto de energía eléctrica, cómo ésta sigue siendo cara aquí?
Si nos referimos al mismo Informe, observaremos que Cable & Wireless, para el primer semestre, realizó una inversión de 700 millones de dólares y sólo en instalación de equipos supera los 200 millones de dólares. Esta empresa sigue creciendo con más y nuevos servicios, por lo que la pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos los panameños conformes con el servicio de esta compañía y sus tarifas, y a dónde se destinan los recursos que obtiene el Estado al tener 50% de la empresa? Esperemos que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre el tema.
Al tocar algunos sectores de la economía panameña, debemos preguntar qué planes y proyectos económicos tienen los candidatos presidenciales y que, al formularlos, sean coherentes y no demagógicos como varios han planteado. Recientemente, el rector del INCAE, Dr. Roberto Artavía Loría, expresó que para realizar un planteamiento económico serio de Panamá se debe visualizar que nuestro país es fuerte en ciertas áreas como en logística, en capital y relativamente en recursos humanos, reconociendo que aún debemos enfatizar en el mejoramiento de la educación, a la vez, de ser constantes para poder situarnos en un nivel competitivo a nivel mundial.
Otra de nuestras debilidades es en el área de información, pero cuando hablamos de Tecnología de la Información, señala el Rector Artavía, nos referimos al acceso que tiene un pequeño empresario para exportar la globalización, tanto en abastecimiento como en el mercadeo, sumado a que Panamá debe consolidar una seguridad jurídica a fin de que los inversionistas extranjeros realmente les sea atractivo invertir en el país. Al hablar de seguridad jurídica no podemos dejar de soslayar el tema de la corrupción (helicóptero HP-14, caso de los "durodólares", casa de playa en Punta Mala, PCC Consulting, nombramientos de los magistrados, nepotismo) por mencionar algunos, que hacen que cuando los candidatos presidenciales expresen: "Combatiremos la corrupción", el pueblo en vez de creerles, conteste entre voces, y cómo subsisten.
Panamá, a su cien años de República, puede ser el paraíso que muchos próceres visualizaron, sólo debemos cambiar de actitud, sacrificarnos todos juntos para que, con esfuerzo de gobernantes y gobernados, podamos encontrar esa patria próspera que anhelamos. Si enfrentamos los desafíos del mañana, con los métodos de ayer, tenemos los problemas de hoy, y para tener los resultados que nunca tuvimos, hay que hacer lo que nunca hemos hecho, esto significa gobernar para el beneficio del pueblo y no beneficiarse del pueblo para gobernar.
