Los servidores públicos
En la campaña electoral, uno de los temas ausentes hasta ahora ha sido el de las relaciones laborales en la administración del Estado. En ninguno de los programas de gobierno o propuestas aparece definida la actitud que asumirán los próximos gobernantes. Más allá de una tenue declaración acerca de "respetar la carrera administrativa", no existe pronunciamiento alguno por parte de los candidatos. Los servidores públicos suman 190,000 personas (40,000 más que en 1999), según cifras oficiales de la Contraloría General de la República. Por ello, es importante considerar su futuro laboral al calor de la contienda electoral, ya que los gobiernos desde 1990 hasta hoy los han considerado botín político.
En diciembre de 1989, el gobierno de Guillermo Endara dictó como primer decreto la autorización para destituir a miles de servidores públicos (Decreto No. 1 de 26 de diciembre de 1989); luego dictó cuatro más en ese sentido, dirigidos a destituir a todos los servidores públicos que de acuerdo a su criterio, habían colaborado con el régimen militar. Se adoptó con "urgencia notoria" la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, con base en la cual se despidió a cientos de trabajadores del sector público por una supuesta sedición nunca comprobada, pero que estaba en la "íntima convicción" del mandatario Endara, tanto que en 2000 declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que si fuera necesario, volvería a aplicar semejante norma contra los trabajadores.
Se le negó a los servidores públicos seis partidas del decimotercer mes, con base en los decretos de guerra del régimen militar anterior. Al final de ese período, se aprobó en junio de 1994 la Ley de Carrera Administrativa. Durante esa administración se destituyeron o sustituyeron entre 12,000 y 15,000 funcionarios, algunos por despido, otros por "retiro voluntario" y también por efectos de las privatizaciones de servicios estatales.
De 1994 a 1999, bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares se desarrolló a paso de tortuga la Ley de Carrera Administrativa; su cronograma de incorporación de instituciones al sistema debía culminar en 1997, pero sólo se unieron diez ministerios y una institución autónoma; se incorporaron 10,000 de los 80,000 funcionarios que debían ingresar a la carrera administrativa; no se aprobó la Ley General de Sueldos y se colocó a la Dirección General de Carrera Administrativa bajo la subordinación de la Presidencia de la República; aumentó (aunque después los rebajó) los salarios de los ministros, pero no así el de los funcionarios de base. Además, negó el pago de las partidas del XIII mes reclamadas. Se separaron unos 16,000 servidores públicos, principalmente, por privatizaciones de empresas estatales.
La administración Moscoso (1999-2004) dictó, entre sus primeros decretos, el No. 122 (octubre de 1999) para suspender la Carrera Administrativa, que de hecho está paralizada; eliminó ilegalmente la condición de carrera administrativa a 2,500 funcionarios y despidió a otros mil que poseen esa condición; integró una Corte Suprema que niega el 95% de las demandas de los servidores públicos. Además se negó a pagar las partidas del XIIIer mes reclamadas; enfrentó a los gremios de servidores públicos desde el principio de su gestión; ha desconocido la solicitud de reintegro de dirigentes gremiales originada en la OIT; desobedeció reiteradamente la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas de la Ley 25; ha destituido a unos 25,000 servidores públicos. Excluyó en dos ocasiones a los empleados públicos del beneficio del salario mínimo legal. Los funcionarios no reciben de forma inmediata el pago de sus vacaciones proporcionales, no tienen derecho a prima de antigüedad, no se les paga salarios caídos ni indemnización, no poseen jurisdicción especial para atender sus casos, no poseen salario mínimo ni regulación alguna de sus salarios. La Corte no los trata en forma igualitaria ni uniforme; sus organizaciones gremiales no poseen ningún tipo de garantía de funcionamiento, debido a la falta de voluntad de las autoridades.
Todos los candidatos a Presidente han participado en las administraciones descritas, por lo que será necesario que los servidores públicos escojan a quien pueda asegurarles la independencia de la Dirección General de Carrera Administrativa, los concursos para todos lo puestos del Estado, la expedición de la Ley General de sueldos, la libertad sindical de los gremios del sector público y se comprometa a equiparar sus derechos con los de los trabajadores del sector privado.
En diciembre de 1989, el gobierno de Guillermo Endara dictó como primer decreto la autorización para destituir a miles de servidores públicos (Decreto No. 1 de 26 de diciembre de 1989); luego dictó cuatro más en ese sentido, dirigidos a destituir a todos los servidores públicos que de acuerdo a su criterio, habían colaborado con el régimen militar. Se adoptó con "urgencia notoria" la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, con base en la cual se despidió a cientos de trabajadores del sector público por una supuesta sedición nunca comprobada, pero que estaba en la "íntima convicción" del mandatario Endara, tanto que en 2000 declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que si fuera necesario, volvería a aplicar semejante norma contra los trabajadores.
Se le negó a los servidores públicos seis partidas del decimotercer mes, con base en los decretos de guerra del régimen militar anterior. Al final de ese período, se aprobó en junio de 1994 la Ley de Carrera Administrativa. Durante esa administración se destituyeron o sustituyeron entre 12,000 y 15,000 funcionarios, algunos por despido, otros por "retiro voluntario" y también por efectos de las privatizaciones de servicios estatales.
De 1994 a 1999, bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares se desarrolló a paso de tortuga la Ley de Carrera Administrativa; su cronograma de incorporación de instituciones al sistema debía culminar en 1997, pero sólo se unieron diez ministerios y una institución autónoma; se incorporaron 10,000 de los 80,000 funcionarios que debían ingresar a la carrera administrativa; no se aprobó la Ley General de Sueldos y se colocó a la Dirección General de Carrera Administrativa bajo la subordinación de la Presidencia de la República; aumentó (aunque después los rebajó) los salarios de los ministros, pero no así el de los funcionarios de base. Además, negó el pago de las partidas del XIII mes reclamadas. Se separaron unos 16,000 servidores públicos, principalmente, por privatizaciones de empresas estatales.
La administración Moscoso (1999-2004) dictó, entre sus primeros decretos, el No. 122 (octubre de 1999) para suspender la Carrera Administrativa, que de hecho está paralizada; eliminó ilegalmente la condición de carrera administrativa a 2,500 funcionarios y despidió a otros mil que poseen esa condición; integró una Corte Suprema que niega el 95% de las demandas de los servidores públicos. Además se negó a pagar las partidas del XIIIer mes reclamadas; enfrentó a los gremios de servidores públicos desde el principio de su gestión; ha desconocido la solicitud de reintegro de dirigentes gremiales originada en la OIT; desobedeció reiteradamente la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas de la Ley 25; ha destituido a unos 25,000 servidores públicos. Excluyó en dos ocasiones a los empleados públicos del beneficio del salario mínimo legal. Los funcionarios no reciben de forma inmediata el pago de sus vacaciones proporcionales, no tienen derecho a prima de antigüedad, no se les paga salarios caídos ni indemnización, no poseen jurisdicción especial para atender sus casos, no poseen salario mínimo ni regulación alguna de sus salarios. La Corte no los trata en forma igualitaria ni uniforme; sus organizaciones gremiales no poseen ningún tipo de garantía de funcionamiento, debido a la falta de voluntad de las autoridades.
Todos los candidatos a Presidente han participado en las administraciones descritas, por lo que será necesario que los servidores públicos escojan a quien pueda asegurarles la independencia de la Dirección General de Carrera Administrativa, los concursos para todos lo puestos del Estado, la expedición de la Ley General de sueldos, la libertad sindical de los gremios del sector público y se comprometa a equiparar sus derechos con los de los trabajadores del sector privado.
