Los subsidios electorales
Antes de las elecciones, los partidos legalmente reconocidos recibieron, cada uno, sin importar el número de sus adherentes, un millón seiscientos ochenta mil balboas (B/ 1,680,000). Ese fue el denominado subsidio preelectoral.
El segundo tramo del subsidio, el denominado post-electoral, cuyo monto se determina de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos será muy superior al primero. Al partido individualmente más votado, o sea, el PRD le corresponderán más de seis millones (B/ 6,000,000). A Cambio Democrático entre 4.6 millones; y a los otros cuatro que subsistieron: Panameñista, Molirena, Unión Patriótica y Popular, sumas menores pero también millonarias.
Esos montos, ya escandalosos y que aumentan en cada nueva elección es una de las mayores lacras del sistema electoral vigente y requiere ser revisado, junto con el financiamiento privado y secreto de las campañas electorales que, como ya se ha comprobado, es una puerta, abierta de par en par, para la corrupción.
Las expectativas de crecimiento de la economía panameña no se cumplirán. En el mejor de los casos, estará entre el 2 y el 3 por ciento; cifra muy inferior al 7 u 8 por ciento que se tomó como base para estimar los ingresos en el Presupuesto General del Estado para el año 2009. Esa merma obligará, en consecuencia, a reducir los gastos presupuestados. Y las nuevas autoridades, según ha manifestado el anunciado ministro de Economía y Finanzas, se aprestan a revisar, para reducirlos o eliminarlos, una serie de subsidios, que se consideran injustificados. Pero llama la atención que entre ellos para nada se mencione a los subsidios electorales, cuyo monto total excede los 20 millones de balboas y que son de los privilegios más injustos, por su monto y condiciones, que existen en Panamá.
Los partidos políticos, al ser reconocidos legalmente, adquieren el derecho a recibir esos subsidios multimillonarios y se les mantiene ese privilegio, aunque su membresía se reduzca a menos de la mitad de la cantidad de adherentes que necesitaron para inscribirse. Ese fue el caso de uno de los partidos aliados al gobierno de turno, que apenas contaba con unos escasos 20,000 miembros y que solamente logró unos 6,000 y se extinguió.
La ciudadanía espera y demanda que esas situaciones se corrijan, de manera radical y con prontitud, al igual que, de una vez por todas, se acabe con el secretismo que rodea las contribuciones privadas a las campañas.
En cuando a los subsidios, debiera suspenderse la entrega de dinero directamente a los partidos. En su lugar, se debiera instituir la contratación de espacios en los medios de comunicación, a los que tendrían acceso, en igualdad de condiciones todos los partidos y todos los candidatos. Sobre las contribuciones privadas y secretas a las campañas, éstas debieran ser incompatibles con el derecho a recibir subsidios oficiales. Que sea una cosa o la otra; pero no las dos.
Para comenzar a poner orden en estos aspectos, de manera inmediata debiera suspenderse el derecho a recibir el subsidio post-electoral a aquellos partidos que no presenten la cuenta detallada, y verificable mediante una auditoría imparcial, de los gastos realizados durante la pasada campaña y de todas las contribuciones que recibieron o a los que se les compruebe que recibieron fondos de procedencia ilícita.
