Los tomógrafos
Hace poco, comentando que el nuestro es un país al revés, señalábamos el caso del doctor Mauro Zúñiga quien, en calidad de jefe de prestaciones médicas de la Caja de Seguro social, estaba a cargo de investigaciones sobre irregularidades financieras y administrativas en la contratación de servicios privados de tomografía por la entidad.
Las investigaciones habían tomado en aquel momento una fuerza inusitada, tras la separación del director general, Juan Jované, por decisión de la Junta Directiva de la institución. A Jované se le acusaba, en parte, de desgreño e ineptitud administrativa, por lo que las investigaciones que se encomendaron a Zúñiga cobraron repentino interés por demostrar los cargos imputados a Jované y los suyos.
¿Qué pasó después? Lo mismo que a Rafael Rodríguez cuando fue, durante los tiempos de la dictadura, designado Procurador por recomendación del general Rubén D. Paredes. No pasaron dos semanas antes que Rodríguez, a quien se había encomendado perseguir e investigar casos de corrupción gubernamental, terminara siendo destituido y preso. ¿La razón? Había descubierto que la corrupción empezaba por lo más alto del Cuartel Central, lugar por donde él había iniciado precisamente sus pesquisas. ¿Cuál fue su error? Tomarse en serio el encargo.
Pues, lo mismo ocurrió en esta ocasión a Mauro Zúñiga. Tan pronto empezó a denunciar que había una supuesta estructura de corrupción tras las contrataciones de los servicios de tomografía privada por monto de B/. 28 millones, la cual involucraba a directivos de la institución, a personal de compras, a miembros de comisiones evaluadoras y de preparación de especificaciones o pliegos de cargo, todos en combinación con un grupito de clínicas y hospitales concesionarios del servicio, lo despidieron de su cargo de director de prestaciones médicas.
Su salida no fue honrosa. Tildado poco menos que de loco y mentiroso, ahora se le abre un expediente con miras a destituirlo de su condición de médico de la entidad. Y, como era de esperar, del seno de la Junta Directiva, se dejó oír desafiante el usual grito de guerra: ¡Que presenten las pruebas!
Pues bien, la primera prueba se presentó anteayer, con la declaración de Cecilia Batista de Gómez, vinculada a la empresa RESERMA, S.A. Según esta señora, ejecutivos de esa compañía sobornaron a funcionarios de compras del Hospital Santo Tomás y a directivos de la Caja de Seguro Social, con paquetes de dinero de B/. 50 mil cada vez, como ilícita retribución por la contratación de bienes y servicios de la empresa. La señora Batista menciona con nombre y apellido a dos personas: una es la Jefa de Imagenología del Santo Tomás, Damaris Garrido de Lawson, y otro es el directivo del Seguro Social, Erasmo Muñoz. Ambos han negado categóricamente los cargos; pero corresponde a los fiscales anticorrupción investigarlos. Podrían empezar por las cuentas y bienes de los implicados. Los súbitos incrementos de ingresos siempre dejan huellas. Y los bancos son los confesatorios de hoy.
Es cuestión de ordenar la requisa, las inspecciones judiciales y el pedido de documentos y cheques. No se hable más. Los papeles hablarán solos.
Las investigaciones habían tomado en aquel momento una fuerza inusitada, tras la separación del director general, Juan Jované, por decisión de la Junta Directiva de la institución. A Jované se le acusaba, en parte, de desgreño e ineptitud administrativa, por lo que las investigaciones que se encomendaron a Zúñiga cobraron repentino interés por demostrar los cargos imputados a Jované y los suyos.
¿Qué pasó después? Lo mismo que a Rafael Rodríguez cuando fue, durante los tiempos de la dictadura, designado Procurador por recomendación del general Rubén D. Paredes. No pasaron dos semanas antes que Rodríguez, a quien se había encomendado perseguir e investigar casos de corrupción gubernamental, terminara siendo destituido y preso. ¿La razón? Había descubierto que la corrupción empezaba por lo más alto del Cuartel Central, lugar por donde él había iniciado precisamente sus pesquisas. ¿Cuál fue su error? Tomarse en serio el encargo.
Pues, lo mismo ocurrió en esta ocasión a Mauro Zúñiga. Tan pronto empezó a denunciar que había una supuesta estructura de corrupción tras las contrataciones de los servicios de tomografía privada por monto de B/. 28 millones, la cual involucraba a directivos de la institución, a personal de compras, a miembros de comisiones evaluadoras y de preparación de especificaciones o pliegos de cargo, todos en combinación con un grupito de clínicas y hospitales concesionarios del servicio, lo despidieron de su cargo de director de prestaciones médicas.
Su salida no fue honrosa. Tildado poco menos que de loco y mentiroso, ahora se le abre un expediente con miras a destituirlo de su condición de médico de la entidad. Y, como era de esperar, del seno de la Junta Directiva, se dejó oír desafiante el usual grito de guerra: ¡Que presenten las pruebas!
Pues bien, la primera prueba se presentó anteayer, con la declaración de Cecilia Batista de Gómez, vinculada a la empresa RESERMA, S.A. Según esta señora, ejecutivos de esa compañía sobornaron a funcionarios de compras del Hospital Santo Tomás y a directivos de la Caja de Seguro Social, con paquetes de dinero de B/. 50 mil cada vez, como ilícita retribución por la contratación de bienes y servicios de la empresa. La señora Batista menciona con nombre y apellido a dos personas: una es la Jefa de Imagenología del Santo Tomás, Damaris Garrido de Lawson, y otro es el directivo del Seguro Social, Erasmo Muñoz. Ambos han negado categóricamente los cargos; pero corresponde a los fiscales anticorrupción investigarlos. Podrían empezar por las cuentas y bienes de los implicados. Los súbitos incrementos de ingresos siempre dejan huellas. Y los bancos son los confesatorios de hoy.
Es cuestión de ordenar la requisa, las inspecciones judiciales y el pedido de documentos y cheques. No se hable más. Los papeles hablarán solos.
