Los votos a favor de la expansión
La Cuenca del Canal alberga siete distritos: cuatro en la provincia de Panamá (Arraiján, Panamá, La Chorrera y Capira), y tres en la provincia de Colón (Colón, Chagres y Portobelo). Dentro de estos distritos hay 36 corregimientos que contienen 432 lugares poblados ubicados algunos parcial o totalmente dentro de esta área. Sus límites fueron establecidos por la Ley 44 del 31 de agosto de 1999.
Una Comisión Tripartita compuesta por Panamá, Estados Unidos y Japón analiza aspectos relativos al Canal de Panamá desde septiembre de 1993. Guillermo Elías Quijano formó parte de este grupo.
A su juicio, cuando Panamá tome una decisión enviará un mensaje claro a la comunidad marítima internacional para que "los armadores se vayan preparando para la ampliación de la capacidad del Canal al tránsito de barcos de 150 mil toneladas".
Sus estudios arrojaron datos como costos por el orden de 8 mil millones de dólares, divididos en 5 mil millones de costo directo por la construcción y 3 mil millones en ingresos indirectos a la economía nacional. Se requerirían unos 10 mil trabajadores.
Sin embargo, sobre el financiamiento Quijano tiene una opinión muy particular, "Panamá pone su tierra y los fondos deben provenir de la gente que se beneficia directamente de esta obra, o sea, los países usuarios".
No obstante, el tercer juego de esclusas, opción recomendada por Quijano, es "financieramente viable", lo que implica que si mañana "Panamá sale a buscar 5 mil millones podría presentar suficientes argumentos a los bancos extranjeros para conseguir el dinero". El financiamiento de la obra podría pagarse en unos 30 años.
Sobre este punto se consultó también a la ACP. Respondieron igualmente que "aún no se ha determinado la cifra o el costo de los proyectos de modernización y expansión, en caso que se determine su factibilidad".
En tanto, el arquitecto Francisco J. Miguez, coordinador del Equipo del Plan Maestro del Canal de Panamá, en la entrevista que le realizara un funcionario de la ACP y que nos fuera remitida también se pronunció al respecto, sin afirmar o negar lo expresado por Quijano.
"El plan Maestro del Canal", del que forma parte una posible ampliación, "tiene tanta importancia como el resultado final de lo que se proponga. Más aún, en el caso hipotético de que hubiese que someter una propuesta de inversión a los mercados de capitales para conseguir financiamiento, difícilmente se podría lograr en términos ventajosos si existiesen dudas acerca del proceso que condujo a dicha propuesta".
Miguez estimó que quienes se interesen en un financiamiento para programas de expansión, "van a necesitar ver nuestros análisis y creerlo. Van a poner sus técnicos a desmenuzar lo que Panamá presente".
Por otro lado, Miguez aclara que el Canal no ha tomado ninguna decisión sobre ningún tipo de embalse o de reserva de agua. "Si eventualmente se necesitase algún día desarrollar un proyecto hídrico en el área, todos los moradores serán justa y merecidamente recompensados porque para eso tendrán un título de propiedad".
Mientras que Alberto Alemán Zubieta, director de la ACP, trajo a colación en la publicación Semblanzas de este diario, la reunión que sostuvo en el año 2000 con 42 representantes del campesinado en la provincia de Coclé, donde "descubrimos que "había una moción equivocada".
Añade igualmente que ha sido implementado un programa de titulación porque más del 80% de los moradores de la cuenca no tiene siquiera título posesorio.
Una Comisión Tripartita compuesta por Panamá, Estados Unidos y Japón analiza aspectos relativos al Canal de Panamá desde septiembre de 1993. Guillermo Elías Quijano formó parte de este grupo.
A su juicio, cuando Panamá tome una decisión enviará un mensaje claro a la comunidad marítima internacional para que "los armadores se vayan preparando para la ampliación de la capacidad del Canal al tránsito de barcos de 150 mil toneladas".
Sus estudios arrojaron datos como costos por el orden de 8 mil millones de dólares, divididos en 5 mil millones de costo directo por la construcción y 3 mil millones en ingresos indirectos a la economía nacional. Se requerirían unos 10 mil trabajadores.
Sin embargo, sobre el financiamiento Quijano tiene una opinión muy particular, "Panamá pone su tierra y los fondos deben provenir de la gente que se beneficia directamente de esta obra, o sea, los países usuarios".
No obstante, el tercer juego de esclusas, opción recomendada por Quijano, es "financieramente viable", lo que implica que si mañana "Panamá sale a buscar 5 mil millones podría presentar suficientes argumentos a los bancos extranjeros para conseguir el dinero". El financiamiento de la obra podría pagarse en unos 30 años.
Sobre este punto se consultó también a la ACP. Respondieron igualmente que "aún no se ha determinado la cifra o el costo de los proyectos de modernización y expansión, en caso que se determine su factibilidad".
En tanto, el arquitecto Francisco J. Miguez, coordinador del Equipo del Plan Maestro del Canal de Panamá, en la entrevista que le realizara un funcionario de la ACP y que nos fuera remitida también se pronunció al respecto, sin afirmar o negar lo expresado por Quijano.
"El plan Maestro del Canal", del que forma parte una posible ampliación, "tiene tanta importancia como el resultado final de lo que se proponga. Más aún, en el caso hipotético de que hubiese que someter una propuesta de inversión a los mercados de capitales para conseguir financiamiento, difícilmente se podría lograr en términos ventajosos si existiesen dudas acerca del proceso que condujo a dicha propuesta".
Miguez estimó que quienes se interesen en un financiamiento para programas de expansión, "van a necesitar ver nuestros análisis y creerlo. Van a poner sus técnicos a desmenuzar lo que Panamá presente".
Por otro lado, Miguez aclara que el Canal no ha tomado ninguna decisión sobre ningún tipo de embalse o de reserva de agua. "Si eventualmente se necesitase algún día desarrollar un proyecto hídrico en el área, todos los moradores serán justa y merecidamente recompensados porque para eso tendrán un título de propiedad".
Mientras que Alberto Alemán Zubieta, director de la ACP, trajo a colación en la publicación Semblanzas de este diario, la reunión que sostuvo en el año 2000 con 42 representantes del campesinado en la provincia de Coclé, donde "descubrimos que "había una moción equivocada".
Añade igualmente que ha sido implementado un programa de titulación porque más del 80% de los moradores de la cuenca no tiene siquiera título posesorio.
