Luz al final del túnel
Confirmando hasta la saciedad lo que siempre sostuvieron las autoridades panameñas, pero que pusieron en duda algunos medios, dentro y fuera de nuestro país, el informe preparado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos deja aclarada, de una vez por todas, que la supuesta Orden de Compra que fue utilizada por delincuentes internacionales para adquirir y desviar un cargamento de armas nicaragüenses hacia las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, es falsa.
Cuando el asunto de las armas desviadas desde Nicaragua fue descubierto, por las declaraciones del señor Castaño, líder de las Autodefensas, se destapó un escándalo de proporciones internacionales. Las AUC, es un grupo paramilitar que ha merecido la calificación de terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En esas circunstancias, quienes pudieran estar involucrados en el fraudulento envío de las armas también, por asociación, merecerían una clasificación similar, con las consecuencias aparejadas. Las explicaciones y justificaciones dadas por las autoridades nicaragüenses involucradas en la operación hacían recaer toda la responsabilidad en una supuesta orden de compra, originada por la Policía Nacional de Panamá, que fue, desde el principio, negada enfáticamente por el gobierno panameño.
Ante esa confrontación de versiones opuestas, solamente cabía que un tercero, absolutamente imparcial, zanjara la cuestión. Y recurrir al Secretario General de la OEA, iniciativa que Panamá respaldó vigorosamente, fue el camino adecuado.
El tiempo transcurrido desde que los cancilleres de Nicaragua, Colombia y Panamá solicitaron al Secretario General, el doctor César Gaviria, que asumiera la responsabilidad de esclarecer los hechos, también fue motivo de un sin fin de especulaciones, a las que viene a poner punto final el informe que en su nombre preparó un ex embajador de los Estados Unidos, Morris D. Busby. Allí ha quedado consagrado, con meridiana claridad, que nuestras autoridades nunca estuvieron involucradas en el trasiego ilícito de armas que terminaron en poder del grupo terrorista colombiano. Y también ha quedado allí plasmado, igualmente con meridiana claridad, que la responsabilidad por la violación del la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) es de las autoridades nicaragüenses.
Desde luego, las cosas no deben quedar allí. Por una parte, el Ministerio Público debe concluir las investigaciones que adelanta para que los responsables del ilícito, que puede contribuir a la pérdida de muchas vidas inocentes en Colombia no queden impunes. Y, por otra, esperamos que, por lo menos, por esta vez, quienes se erigieron en jueces prematuros reconozcan su error, o imprudencia, y así lo manifiesten con la misma energía que emplearon para la denuncia.
Cuando el asunto de las armas desviadas desde Nicaragua fue descubierto, por las declaraciones del señor Castaño, líder de las Autodefensas, se destapó un escándalo de proporciones internacionales. Las AUC, es un grupo paramilitar que ha merecido la calificación de terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En esas circunstancias, quienes pudieran estar involucrados en el fraudulento envío de las armas también, por asociación, merecerían una clasificación similar, con las consecuencias aparejadas. Las explicaciones y justificaciones dadas por las autoridades nicaragüenses involucradas en la operación hacían recaer toda la responsabilidad en una supuesta orden de compra, originada por la Policía Nacional de Panamá, que fue, desde el principio, negada enfáticamente por el gobierno panameño.
Ante esa confrontación de versiones opuestas, solamente cabía que un tercero, absolutamente imparcial, zanjara la cuestión. Y recurrir al Secretario General de la OEA, iniciativa que Panamá respaldó vigorosamente, fue el camino adecuado.
El tiempo transcurrido desde que los cancilleres de Nicaragua, Colombia y Panamá solicitaron al Secretario General, el doctor César Gaviria, que asumiera la responsabilidad de esclarecer los hechos, también fue motivo de un sin fin de especulaciones, a las que viene a poner punto final el informe que en su nombre preparó un ex embajador de los Estados Unidos, Morris D. Busby. Allí ha quedado consagrado, con meridiana claridad, que nuestras autoridades nunca estuvieron involucradas en el trasiego ilícito de armas que terminaron en poder del grupo terrorista colombiano. Y también ha quedado allí plasmado, igualmente con meridiana claridad, que la responsabilidad por la violación del la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) es de las autoridades nicaragüenses.
Desde luego, las cosas no deben quedar allí. Por una parte, el Ministerio Público debe concluir las investigaciones que adelanta para que los responsables del ilícito, que puede contribuir a la pérdida de muchas vidas inocentes en Colombia no queden impunes. Y, por otra, esperamos que, por lo menos, por esta vez, quienes se erigieron en jueces prematuros reconozcan su error, o imprudencia, y así lo manifiesten con la misma energía que emplearon para la denuncia.
