Madres y abuelas de panameños
Viven en Panamá varios miles de personas cuya situación migratoria es irregular. Muchas de ellas tienen años de residir entre nosotros, han formado familias y tienen hijos y nietos panameños, pero quiero referirme, específicamente, al inmenso grupo formado por mujeres casadas o unidas con panameños, cuyas vidas darían material para varios volúmenes de historias, algunas felices y otras llenas de penas y abandonos. Sin embargo, todas las mujeres que conozco en esta situación tienen en común un profundo amor a los hijos y a esta tierra, del que han obtenido una fortaleza y una tenacidad imprescindibles para sobrevivir con dignidad y esperanza.
El obstáculo principal para la legalización es el requisito de contratar un abogado, cuyos servicios cuestan varios cientos de dólares. En muchísimos casos, el abogado cobra por adelantado y desaparece con el dinero, práctica que constituye un delito que debe ser causa para perder la idoneidad.
Por otra parte, los trámites para obtener una visa permanente son interminables, pues el agobiante papeleo y la insaciable solicitud de documentos y autenticaciones no sólo generan gastos que no están al alcance de personas de limitados recursos, sino que se traducen en un peregrinaje interminable de una oficina a otra, en la que funcionarios poco competentes suministran información contradictoria, extravían documentos y conducen a la desesperación a quienes realizan esas gestiones que terminan por resignarse a vivir en la penumbra de la ilegalidad.
Las consecuencias que se derivan de ese hecho son muchas y conduce a otros problemas legales, puesto que al carecer de documentación apropiada, estas mujeres están impedidas para trabajar legalmente, cotizar a la seguridad social, obtener crédito, registrar propiedad alguna o visitar su país de origen en el que todavía tienen familiares.
La recién aprobada legislación migratoria se encuentra actualmente en proceso de reglamentación y es una magnífica oportunidad para resolver estos casos de manera eficiente y expedita. Para ello, el trámite debe ser lo más sencillo posible y los documentos solicitados reducirse a los indispensables, como son las constancias de matrimonios o de uniones de hecho registradas, y los certificados de nacimiento de hijos e hijas panameños. Así se conseguiría resolver la situación de miles de personas, a quienes si bien la ley les permite tener acceso a una visa permanente y a convertirse en ciudadanas panameñas, se ven impedidas de hacerlo por el costo y la complejidad de la tramitación.
Me constan las buenas intenciones del director y la subdirectora del Departamento de Migración para resolver los complejos problemas que el país enfrenta en materia migratoria y la comprensión que tienen de la dimensión humana de estos casos, por eso considero que quienes defienden los derechos humanos les ofrezcan sus sugerencias para, entre todos, crear una reglamentación adecuada y justa para estas madres y abuelas de panameños, que carecen de suficientes recursos y que esperan en angustioso silencio el reconocimiento de sus derechos.
