Mal uso de un bien común
La arquitectura es un oficio constructivo. De ella se derivaron - entre otras disciplinas - la planificación regional y el estudio del entorno urbano. La buena práctica de estas profesiones ha identificado un paralelismo entre la localización de un pueblo, su cultura, las fuentes de sustento para mejorar su desarrollo y las políticas generales que aplican sus gobernantes para amalgamar todo lo antes expuesto.
Por los motivos antes mencionados me involucré, tanto en los talleres de trabajo para el plan general de usos del suelo que en su momento patrocinó la Autoridad de la Región Interoceánica, como en el análisis particular de esa gran cantidad de áreas que pudieran complementar las actividades del Canal de Panamá.
No creo conocer dos ciudades tan próximas entre sí, y con tanta riqueza latente esparcida en sus inmediaciones, como Panamá y Colón. De igual manera debo añadir que siento vergüenza por los niveles de pobreza que existen en las dos principales urbes de nuestro país.
Hoy trataré una cuestión que se circunscribe al entorno de nuestro mayor poblado caribeño. Aparte de tener en sus inmediaciones la más grande esclusa de la vía interoceánica y la segunda zona libre del mundo, la ciudad de Colón alberga el complejo portuario más importante de Latinoamérica. La única refinería en territorio nacional y varias zonas procesadoras están en sus cercanías gracias a los incentivos fiscales que motivan la creación de industrias en la provincia entera.
Sin embargo una de sus más preciadas posesiones - asunto que cuenta con todos los elementos para convertirse en la piedra angular del desarrollo socioeconómico del área - es el sector de France Field. Su proximidad al foco urbano de Colón, a los puertos y la Zona Libre, además de tener un aeropuerto para el posible manejo de carga y pasajeros, carreteras y un ramal del ferrocarril lo identificó, desde los estudios mencionados al principio de este escrito, como el lógico sitio para establecer un centro multimodal de transporte.
Aquel concepto, que en su momento fue una apropiada asignación de uso de suelo en dicho marco de referencia, fue transformándose en un esquema significativo para consolidar toda la riqueza que tiene el sector que nos ocupa. Sin embargo, y luego de leer el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, afloraron varios puntos contradictorios con ese genuino espíritu de bienestar colectivo que debiera privar dentro de la negociación motivo de este artículo.
Para comenzar, el término del usufructo sobre las 214.30 hectáreas - además de las posibles 89.45 adicionales que contempla el acuerdo - tiene una vigencia de 80 años. Tan larga duración - sólo 6 menos que el control norteamericano sobre el Canal - haría algún sentido si no fuera porque los fines de esta concesión representan la negación misma de los conceptos que teníamos quienes apoyamos la idea en su momento original.
El acuerdo que pretenden formalizar las diversas compañías que integran el Consorcio San Lorenzo, aparte de convertir el centro multimodal en una clara y dispareja competencia con la actual Zona Libre de Colón, limita su crecimiento futuro al tener la corporación de marras prácticamente el control absoluto del área circundante. La estructura legal propuesta también incidirá de manera negativa en las acciones cotidianas de la segunda ciudad panameña porque incluye, además de exoneraciones exageradas, cánones de arrendamiento absolutamente ridículos y beneficios sin sentido que recuerdan las gratificaciones de las antiguas bases militares estadounidenses, la anuencia para llevar a cabo actividades muy disímiles a ésas que ostentan complejos similares en otros lugares del mundo.
Colón necesita trabajo, pero el país demanda que sus recursos favorezcan a todos. Por favor seamos serios, especialmente con lo que atañe al bienestar común que debiera emanar de esas muy particulares ventajas con que cuenta la República de Panamá. rbermudez@cableonda.net
Por los motivos antes mencionados me involucré, tanto en los talleres de trabajo para el plan general de usos del suelo que en su momento patrocinó la Autoridad de la Región Interoceánica, como en el análisis particular de esa gran cantidad de áreas que pudieran complementar las actividades del Canal de Panamá.
No creo conocer dos ciudades tan próximas entre sí, y con tanta riqueza latente esparcida en sus inmediaciones, como Panamá y Colón. De igual manera debo añadir que siento vergüenza por los niveles de pobreza que existen en las dos principales urbes de nuestro país.
Hoy trataré una cuestión que se circunscribe al entorno de nuestro mayor poblado caribeño. Aparte de tener en sus inmediaciones la más grande esclusa de la vía interoceánica y la segunda zona libre del mundo, la ciudad de Colón alberga el complejo portuario más importante de Latinoamérica. La única refinería en territorio nacional y varias zonas procesadoras están en sus cercanías gracias a los incentivos fiscales que motivan la creación de industrias en la provincia entera.
Sin embargo una de sus más preciadas posesiones - asunto que cuenta con todos los elementos para convertirse en la piedra angular del desarrollo socioeconómico del área - es el sector de France Field. Su proximidad al foco urbano de Colón, a los puertos y la Zona Libre, además de tener un aeropuerto para el posible manejo de carga y pasajeros, carreteras y un ramal del ferrocarril lo identificó, desde los estudios mencionados al principio de este escrito, como el lógico sitio para establecer un centro multimodal de transporte.
Aquel concepto, que en su momento fue una apropiada asignación de uso de suelo en dicho marco de referencia, fue transformándose en un esquema significativo para consolidar toda la riqueza que tiene el sector que nos ocupa. Sin embargo, y luego de leer el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, afloraron varios puntos contradictorios con ese genuino espíritu de bienestar colectivo que debiera privar dentro de la negociación motivo de este artículo.
Para comenzar, el término del usufructo sobre las 214.30 hectáreas - además de las posibles 89.45 adicionales que contempla el acuerdo - tiene una vigencia de 80 años. Tan larga duración - sólo 6 menos que el control norteamericano sobre el Canal - haría algún sentido si no fuera porque los fines de esta concesión representan la negación misma de los conceptos que teníamos quienes apoyamos la idea en su momento original.
El acuerdo que pretenden formalizar las diversas compañías que integran el Consorcio San Lorenzo, aparte de convertir el centro multimodal en una clara y dispareja competencia con la actual Zona Libre de Colón, limita su crecimiento futuro al tener la corporación de marras prácticamente el control absoluto del área circundante. La estructura legal propuesta también incidirá de manera negativa en las acciones cotidianas de la segunda ciudad panameña porque incluye, además de exoneraciones exageradas, cánones de arrendamiento absolutamente ridículos y beneficios sin sentido que recuerdan las gratificaciones de las antiguas bases militares estadounidenses, la anuencia para llevar a cabo actividades muy disímiles a ésas que ostentan complejos similares en otros lugares del mundo.
Colón necesita trabajo, pero el país demanda que sus recursos favorezcan a todos. Por favor seamos serios, especialmente con lo que atañe al bienestar común que debiera emanar de esas muy particulares ventajas con que cuenta la República de Panamá. rbermudez@cableonda.net
