Manejo integrado del recurso hídrico en Panamá (2)
En mi artículo anterior sobre este tema, comentaba sobre la necesidad de desarrollar un programa nacional de gestión de cuencas hidrográficas y que, de no llevarse a cabo, esta acción, a corto plazo, estaríamos enfrentando situaciones de competencia entre sectores por el uso del agua. Si bien es cierto que hasta el presente no se han generado mayores conflictos y las situaciones que se conocen han sido conflictos de usuarios de un mismo sector por las asignaciones y disponibilidad de la fuente que se solicita en concesión. Siendo el caso más conocido de los últimos años, la disputa en el río Chico de Antón entre las empresas agrícolas Coclé Agrícola, S.A. y Hacienda Santa Mónica por la asignación de caudales, en donde una de ellas aducía la propiedad exclusiva de las aguas. Es casi seguro que el potencial de tierras irrigables que menciona el MIDA, estará en algún momento en conflicto, con proyectos de generación eléctrica ya existente o proyectados; así mismo con sistemas de acueductos rurales o plantas potabilizadoras de las ciudades del interior del país. El uso excesivo de agroquímicos, los cuales ya son una fuerte amenaza a la calidad de las aguas hoy día, aumentará considerablemente con la ampliación de las tierras irrigables. Por otro lado, la construcción de nuevas hidroeléctricas puede representar competencia por el recurso hídrico, con los sistemas de acueductos rurales o plantas potabilizadoras de las ciudades del interior del país y con las actividades agrícolas. Si bien es cierto que las hidroeléctricas no hacen un uso consuntivo del agua, sí son una competencia al momento de evaluar las asignaciones de caudal dentro de una cuenca.
En el marco de la tendencia actual en el ámbito regional, el programa nacional de gestión de cuencas hidrográficas debe ir ligado a la actualización de la legislación de aguas vigentes y debería considerar lo expuesto por la Comisión Económica para América Latina, (CEPAL), en su documento Manejo de Cuencas del 10 de junio de 1997, en el que se expresa entre otras cosas lo siguiente: "las leyes de aguas son propicias para mejorar los sistemas de gestión de aguas e institucionalizar las entidades de aguas a nivel de cuencas, así como legalizar la formulación y aplicación de planes de gestión de cuencas. El compromiso de las leyes sobre aprovechamiento sostenible de los recursos naturales debería consistir en combinar la capacidad de asignación de uso, regulación, monitoreo, planificación y visión a largo plazo que debe tener el Estado con las ventajas de la participación privada. El no considerar esta complementariedad necesaria, lleva en general al fracaso de algunos de los objetivos que permiten alcanzar la sostenibilidad, sobre todo cuando se trata de utilizar recursos naturales como el agua".
Panamá debe aprovechar la coyuntura, de que la gestión de los recursos hídricos ha vuelto a ser parte importante de las agendas de negociaciones de los organismos regionales e internacionales y procurar, ya sea en el marco regional a través del Plan de Acción para el Manejo Integrado del Agua en el Istmo Centroamericano, PACADHIR o bilateralmente, los recursos económicos necesarios para dotar al país de una nueva Ley de Aguas y un programa de Manejo Integrado de los Recurso Hídricos, que deberá permitir a los panameños seguir disfrutando de la calidad y cantidad de agua, que hasta hacen pocos años era nuestro orgullo nacional.
En el marco de la tendencia actual en el ámbito regional, el programa nacional de gestión de cuencas hidrográficas debe ir ligado a la actualización de la legislación de aguas vigentes y debería considerar lo expuesto por la Comisión Económica para América Latina, (CEPAL), en su documento Manejo de Cuencas del 10 de junio de 1997, en el que se expresa entre otras cosas lo siguiente: "las leyes de aguas son propicias para mejorar los sistemas de gestión de aguas e institucionalizar las entidades de aguas a nivel de cuencas, así como legalizar la formulación y aplicación de planes de gestión de cuencas. El compromiso de las leyes sobre aprovechamiento sostenible de los recursos naturales debería consistir en combinar la capacidad de asignación de uso, regulación, monitoreo, planificación y visión a largo plazo que debe tener el Estado con las ventajas de la participación privada. El no considerar esta complementariedad necesaria, lleva en general al fracaso de algunos de los objetivos que permiten alcanzar la sostenibilidad, sobre todo cuando se trata de utilizar recursos naturales como el agua".
Panamá debe aprovechar la coyuntura, de que la gestión de los recursos hídricos ha vuelto a ser parte importante de las agendas de negociaciones de los organismos regionales e internacionales y procurar, ya sea en el marco regional a través del Plan de Acción para el Manejo Integrado del Agua en el Istmo Centroamericano, PACADHIR o bilateralmente, los recursos económicos necesarios para dotar al país de una nueva Ley de Aguas y un programa de Manejo Integrado de los Recurso Hídricos, que deberá permitir a los panameños seguir disfrutando de la calidad y cantidad de agua, que hasta hacen pocos años era nuestro orgullo nacional.
