Manifestación y desorden
Cada sector se justifica alegando por un lado la elevación en el costo de la vida y el incumplimiento de compromisos adquiridos y, por otra parte, se aduce la necesidad de preservar el orden publico, por supuesto, prescindiendo del respeto a los derechos humanos. Cierto es, que quienes se ven afectados por las acciones agresivas e intolerables de los obreros y de los gremios populares, no entienden a qué derechos humanos se refieren cuando, precisamente, ellos afectan a terceros, sin importarles sus necesidades particulares y con absoluto respeto a la libre circulación en todo el país.
la represión, sin embargo, ha sido extremadamente dura, y las escenas brindadas en los noticieros contienen un sabor amargo, que recuerda épocas que ya se estimaban superadas.
Todo lo anterior es consecuencia de un mal ejercicio del poder público, porque la clase gobernante que está identificada por una ineficiencia mayúscula y la incapacidad de enfrentar y resolver los problemas nacionales, sólo responden ante exigencias de fuerzas, sin lograr disipar las causas que se convierten en cultivo de protestas y permiten por la ineficacia de la gestión gubernamental, la convocatoria a protestas de todo tipo, sin que haya una real intención de procurar la modificación del estilo de gobierno, que se ha caracterizado por la propaganda personalista de algunos dirigentes en inocultable decadencia, que darán al traste con las aspiraciones del partido gobernante en el próximo período.
Resulta comprensible, a todas luces, que se hable de un auge comercial o económico que se pretende atribuir el sector público, lo que constituye un acto de soberbia y demagogia, que son motivaciones sobre las cuales han cimentado la gestión pública cada vez que arriban al poder. Ignoran que ha sido la iniciativa privada la que ha impulsado las actividades que generan empleomanía y que venden al país tanto en lo interno como en el exterior, como un sitial seguro para la inversión y de una tranquilidad que, lamentablemente, se ve afectada ante la incapacidad de quienes gobiernan. No es a base de la represión contundente, ni de la designación de comisiones integradas por incapaces, así como tampoco la sordera que identifica a los que dirigen el Estado desde el sector público, donde los órganos que ejercen el poder quedan sometidos a exigencias y caprichos que no responden al real deseo del pueblo ni ha prácticas dirigidas a la solución de sus problemas.
Nadie ignora los cuestionamientos a que se somete tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Publico, como responsables de la transparencia de la Administración de Justicia, que reclama soluciones heroicas y urgentes.
El Legislativo ha perdido por incapacidad la iniciativa legislativa que le corresponde y ante las peticiones del Ejecutivo doblegan la servís y aprueban sin discutir ni analizar proyectos, cuya revisión urgente deben atender poco tiempo después de aprobado. Por ejemplo, el asunto de la delincuencia de menores carece de adecuada atención en este Organo del Poder público. Por su parte, el Organo Ejecutivo es el más claro ejemplo de la ineficiencia y de la publicidad a sus directivos. Basta escuchar los noticieros para conocer sobre las interminables protestas, por necesidades desatendidas y con soluciones postergadas, mientras se trata de vender una imagen de trabajo, endilgando a las administraciones anteriores la responsabilidad por lo que la actual administración ha sido incapaz de ejecutar. En fin, es un poder mal ejercido y una población ansiosa de su cambio.
