"Mano Dura", una visión integral
Hasta ahora, hemos sugerido algunas propuestas concretas y, en lo posible, realistas para combatir el crimen. Una es mantener durante, al menos, tres meses el ritmo de la actual operación "Mano Dura", decretada por el Gobierno. La otra es usar el estadio Juan Demóstenes Arosemena como una cárcel provisional, para la gran cantidad de detenidos que está produciendo la actual ofensiva policial. Pero hace falta, a mediano y largo plazo, otras medidas.
En el término de los próximos meses, necesitamos dotarnos de una legislación que enlace todas las leyes que atañen a la delincuencia, empezando con el Código Penal, para endurecer las penas (ya hay un proyecto del Ejecutivo) y armonizarlas respecto a los distintos delitos, de modo que no haya contradicciones ni desajustes (a mayor gravedad mayor pena, lo cual no siempre se cumple), agilizar los procesos de juzgamiento, y facilitar las condenas de modo que se acabe con la actual impunidad (hay ratificaciones de los agentes investigadores que son innecesarias; hay que legalizar los allanamientos colectivos en ciertas circunstancias; criminalizar la tenencia ilegal de armas); y proteger el trabajo de los policías (con una presunción de inocencia reforzada en acciones de cumplimiento del deber).
También es necesaria una normativa que reconozca el derecho de las víctimas a ser indemnizadas y a ser escuchadas cuando se trata de decretar medidas cautelares, fijar condenas, libertades condicionales e indultos; trámites en los que siempre debe estar presente y emitir concepto el Ministerio Público. Porque hasta ahora, la Ley y las organizaciones de derechos humanos sólo se ocupan del detenido, mas no de las víctimas y de la sociedad.
Por último, es menester humanizar las cárceles, implantarles programas de resocialización y trabajo forzado. Para eso, debemos privatizar los centros carcelarios, de modo que empresas privadas, nacionales o extranjeras, se ocupen de esas tareas bajo supervisión estatal, con su propio cuerpo de seguridad y custodia, lo cual ya ha sido ensayado con éxito en otros países. Eso, sin embargo, no es posible en un ambiente de hacinamiento; y lo habrá, mientras continuemos metiendo presos en cárceles que se dice fueron hechas para 6 mil detenidos, que hoy alojan a más de 11 mil.
Nuestra propuesta carcelaria es triplicar inicialmente la capacidad de esos centros hasta llevarla a 18 mil; y de allí, en una segunda etapa, que la eleve hasta 30 mil detenidos, que es el 1% de la población total del país, que es un porcentaje similar al que tiene Estados Unidos. No más criminales de vuelta a las calles. No más negociados con las liberaciones de delincuentes peligrosos que no han purgado su pena.
Paralelamente, deben reforzarse desde ya los programas de prevención del crimen, sembrando deporte, desarrollando trabajo social y asistencia en áreas críticas, fomentando la creación de micro empresas y generando en ellas más empresas. Las iglesias y clubes cívicos pueden ayudar mucho, pero hay que dotarlas de recursos para ese propósito.
Esta redacción permitirá la iniciativa popular para reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente paralela, a la vez que mantiene el principio de alto nivel de consenso político en la sociedad a efectos de hacer los cambios requeridos.
Por esto, el camino correcto es convocar al pueblo para que decida. Así, para que la Asamblea Constituyente paralela sea convocada, deberá ser aprobada por la mitad más uno de los electores, lo que mantendría la necesidad de un alto grado de consenso político para modificar la Carta Fundamental.
Cada Legislador tendrá un suplente elegido de igual modo y el mismo día, que le reemplazará en sus faltas.
Segunda alternativa: Artículo 141- El Órgano Legislativo estará constituido por una corporación denominada Asamblea Legislativa, compuesta de sesenta legisladores, elegidos en las provincias y las comarcas en que se divide el territorio nacional. A cada provincia y comarca corresponderán tantos legisladores como resulten al dividir el total de la población de la República entre el número de miembros de la Asamblea Legislativa.
La provincia o comarca con menos de cincuenta mil habitantes tiene derecho a elegir un Legislador.
Cada Legislador tendrá un suplente elegido de igual modo y el mismo día, que le reemplazará en sus faltas. La redacción aprobada en primer debate ha fijado en 71 el número de legisladores. La propuesta original era 67. El aumento fue para mantener el número de legisladores de las comarcas indígenas. Esa fue una mala transacción. Para mantener la representación indígena en la Asamblea no debió aumentarse la cantidad sino incluirla en el total de legisladores que, insistimos, no debe ser más de 60, como lo ha ratificado el más reciente sondeo de opinión.
En el término de los próximos meses, necesitamos dotarnos de una legislación que enlace todas las leyes que atañen a la delincuencia, empezando con el Código Penal, para endurecer las penas (ya hay un proyecto del Ejecutivo) y armonizarlas respecto a los distintos delitos, de modo que no haya contradicciones ni desajustes (a mayor gravedad mayor pena, lo cual no siempre se cumple), agilizar los procesos de juzgamiento, y facilitar las condenas de modo que se acabe con la actual impunidad (hay ratificaciones de los agentes investigadores que son innecesarias; hay que legalizar los allanamientos colectivos en ciertas circunstancias; criminalizar la tenencia ilegal de armas); y proteger el trabajo de los policías (con una presunción de inocencia reforzada en acciones de cumplimiento del deber).
También es necesaria una normativa que reconozca el derecho de las víctimas a ser indemnizadas y a ser escuchadas cuando se trata de decretar medidas cautelares, fijar condenas, libertades condicionales e indultos; trámites en los que siempre debe estar presente y emitir concepto el Ministerio Público. Porque hasta ahora, la Ley y las organizaciones de derechos humanos sólo se ocupan del detenido, mas no de las víctimas y de la sociedad.
Por último, es menester humanizar las cárceles, implantarles programas de resocialización y trabajo forzado. Para eso, debemos privatizar los centros carcelarios, de modo que empresas privadas, nacionales o extranjeras, se ocupen de esas tareas bajo supervisión estatal, con su propio cuerpo de seguridad y custodia, lo cual ya ha sido ensayado con éxito en otros países. Eso, sin embargo, no es posible en un ambiente de hacinamiento; y lo habrá, mientras continuemos metiendo presos en cárceles que se dice fueron hechas para 6 mil detenidos, que hoy alojan a más de 11 mil.
Nuestra propuesta carcelaria es triplicar inicialmente la capacidad de esos centros hasta llevarla a 18 mil; y de allí, en una segunda etapa, que la eleve hasta 30 mil detenidos, que es el 1% de la población total del país, que es un porcentaje similar al que tiene Estados Unidos. No más criminales de vuelta a las calles. No más negociados con las liberaciones de delincuentes peligrosos que no han purgado su pena.
Paralelamente, deben reforzarse desde ya los programas de prevención del crimen, sembrando deporte, desarrollando trabajo social y asistencia en áreas críticas, fomentando la creación de micro empresas y generando en ellas más empresas. Las iglesias y clubes cívicos pueden ayudar mucho, pero hay que dotarlas de recursos para ese propósito.
Esta redacción permitirá la iniciativa popular para reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente paralela, a la vez que mantiene el principio de alto nivel de consenso político en la sociedad a efectos de hacer los cambios requeridos.
Por esto, el camino correcto es convocar al pueblo para que decida. Así, para que la Asamblea Constituyente paralela sea convocada, deberá ser aprobada por la mitad más uno de los electores, lo que mantendría la necesidad de un alto grado de consenso político para modificar la Carta Fundamental.
Cada Legislador tendrá un suplente elegido de igual modo y el mismo día, que le reemplazará en sus faltas.
Segunda alternativa: Artículo 141- El Órgano Legislativo estará constituido por una corporación denominada Asamblea Legislativa, compuesta de sesenta legisladores, elegidos en las provincias y las comarcas en que se divide el territorio nacional. A cada provincia y comarca corresponderán tantos legisladores como resulten al dividir el total de la población de la República entre el número de miembros de la Asamblea Legislativa.
La provincia o comarca con menos de cincuenta mil habitantes tiene derecho a elegir un Legislador.
Cada Legislador tendrá un suplente elegido de igual modo y el mismo día, que le reemplazará en sus faltas. La redacción aprobada en primer debate ha fijado en 71 el número de legisladores. La propuesta original era 67. El aumento fue para mantener el número de legisladores de las comarcas indígenas. Esa fue una mala transacción. Para mantener la representación indígena en la Asamblea no debió aumentarse la cantidad sino incluirla en el total de legisladores que, insistimos, no debe ser más de 60, como lo ha ratificado el más reciente sondeo de opinión.
