Manos a la obra
El director designado de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani, según noticia publicada en El Panamá América (3 de octubre de 2004), afirmó que la seria crisis económica que confronta la institución sería resuelta bajo su mandato y sin privatizarla, lo que ha sido repetido hasta la saciedad, por autorizados voceros del Estado, a lo largo de los últimos años.
A pesar de ello, los gremios del sector laboral panameño, insisten en cuestionar la sinceridad de las declaraciones oficiales sobre esta materia, en especial la de las medidas que se proponen aplicar a los usuarios de este mecanismo de seguridad social, pero sin las cuales no es posible su supervivencia inclusive a muy corto plazo, como parecen haberlo comprobado los distintos estudios técnicos para la solución del problema.
Hace meses El Panamá América me publicó un artículo en el que exponía una serie de consideraciones acerca de lo que, en mi concepto, debía hacerse para salvar a la entidad de la inevitable quiebra que se producirá, de no actuarse sobre el particular con la necesaria premura.
No se trataba de una fórmula mágica, simplemente de conclusiones que comparten el sinnúmero de expertos, tanto nacionales como de reconocido prestigio internacional, que han estudiado a fondo la situación financiera deficitaria de los diferentes programas de la Caja, especialmente el que garantiza no sólo las jubilaciones de los que ingresen en el futuro al sistema, sino más importante aún, las de los que ya disfrutan de ellas.
Para la solución del problema, aumentar la actual edad de la jubilación de ambos sexos, el número mínimo requerido de cuotas, el monto de los respectivos aportes de trabajadores y patronos, así como lo no menos importante, producir un cambio en la ley orgánica de la institución que restrinja el número actual de los dependientes, con derecho al uso de los servicios médicos y facilidades conexas que ofrece el Seguro.
A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, nada se ha avanzado para lograr transformar en realidad estos cambios necesarios, porque frente a cualquier gestión dirigida a tratar de hacerlos efectivos, el sector laboral hace surgir el temor de la privatización, la cual somos los primeros en rechazar de plano, pero que no tiene fundamento alguno en la realidad de los hechos.
Por ello es inaceptable que se continúe, sin cambio alguno, con el estado actual de cosas, como lo proponen los que pretenden que el Estado resuelva con sus reducidos ingresos los problemas financieros del Seguro Social. Se olvidan de que dicho sistema es autónomo y debe ser financiado, sobre todo, con el aporte solidario de los propios asegurados.
Pretender que el actual déficit actuarial del programa de jubilaciones sea cubierto exclusivamente con fondos públicos de cada presupuesto anual, mermaría los recursos que deben destinarse a financiar los problemas de salud de un sector de la población, los más pobres, pero el más numeroso, que no paga Seguro porque carece de un empleo estable.
Frente a la intransigente posición adoptada por los dirigentes laborales, la única luz que pareciera verse al final del túnel son las declaraciones del Presidente Torrijos durante su campaña, reiteradas luego de su clara victoria en las urnas, en el sentido de garantizar la permanencia del Sistema de Seguridad Social, adoptando las medidas respectivas que concreten este objetivo. La hora se acerca cada vez más para que haga valer esta promesa. De hacerlo así, estamos seguros que su acción será respaldada por la mayoría de los panameños.
A pesar de ello, los gremios del sector laboral panameño, insisten en cuestionar la sinceridad de las declaraciones oficiales sobre esta materia, en especial la de las medidas que se proponen aplicar a los usuarios de este mecanismo de seguridad social, pero sin las cuales no es posible su supervivencia inclusive a muy corto plazo, como parecen haberlo comprobado los distintos estudios técnicos para la solución del problema.
Hace meses El Panamá América me publicó un artículo en el que exponía una serie de consideraciones acerca de lo que, en mi concepto, debía hacerse para salvar a la entidad de la inevitable quiebra que se producirá, de no actuarse sobre el particular con la necesaria premura.
No se trataba de una fórmula mágica, simplemente de conclusiones que comparten el sinnúmero de expertos, tanto nacionales como de reconocido prestigio internacional, que han estudiado a fondo la situación financiera deficitaria de los diferentes programas de la Caja, especialmente el que garantiza no sólo las jubilaciones de los que ingresen en el futuro al sistema, sino más importante aún, las de los que ya disfrutan de ellas.
Para la solución del problema, aumentar la actual edad de la jubilación de ambos sexos, el número mínimo requerido de cuotas, el monto de los respectivos aportes de trabajadores y patronos, así como lo no menos importante, producir un cambio en la ley orgánica de la institución que restrinja el número actual de los dependientes, con derecho al uso de los servicios médicos y facilidades conexas que ofrece el Seguro.
A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, nada se ha avanzado para lograr transformar en realidad estos cambios necesarios, porque frente a cualquier gestión dirigida a tratar de hacerlos efectivos, el sector laboral hace surgir el temor de la privatización, la cual somos los primeros en rechazar de plano, pero que no tiene fundamento alguno en la realidad de los hechos.
Por ello es inaceptable que se continúe, sin cambio alguno, con el estado actual de cosas, como lo proponen los que pretenden que el Estado resuelva con sus reducidos ingresos los problemas financieros del Seguro Social. Se olvidan de que dicho sistema es autónomo y debe ser financiado, sobre todo, con el aporte solidario de los propios asegurados.
Pretender que el actual déficit actuarial del programa de jubilaciones sea cubierto exclusivamente con fondos públicos de cada presupuesto anual, mermaría los recursos que deben destinarse a financiar los problemas de salud de un sector de la población, los más pobres, pero el más numeroso, que no paga Seguro porque carece de un empleo estable.
Frente a la intransigente posición adoptada por los dirigentes laborales, la única luz que pareciera verse al final del túnel son las declaraciones del Presidente Torrijos durante su campaña, reiteradas luego de su clara victoria en las urnas, en el sentido de garantizar la permanencia del Sistema de Seguridad Social, adoptando las medidas respectivas que concreten este objetivo. La hora se acerca cada vez más para que haga valer esta promesa. De hacerlo así, estamos seguros que su acción será respaldada por la mayoría de los panameños.
