Marchando contra el hambre y la desesperación
Cuando se promulgó la Ley 61 de 26 de Diciembre de 2002 -Ley de las Reformas Tributarias- las grandes mayorías sociales de nuestro país nada dijeron y ello por una razón sencilla: poco o nada se sabían de las mismas. Cuando empezaba a discutirse la materia y apenas se hablaba de la tentativa de hacer reformas al sistema tributario panameño pretextando simplificarlo, tampoco las grandes mayorías sociales del país dijeron algo. Cuando empezó a regir la Ley el 1 de abril de 2003, el pueblo panameño, todos sus componentes, pegaron el grito al cielo: las reformas tributarias han venido, desde ese momento, siendo calificadas de "perversas", "injustas", "malsanas", "inoportunas", "faltas de toda equidad tributaria", "defenestran el desarrollo humano sostenible"; en fin, han sido múltiples los epítetos o calificativos denigrantes que se han proferido en contra de la Ley 61.
Antes de que quedaran plasmadas en el texto de una ley dichas reformas, ya algunos voceros de la sociedad civil, entre ellos el suscrito y mi hermano Ramiro Guerra, veníamos señalando que se contenían en el anteproyecto de ley regulaciones que iban en contra de diversos textos constitucionales. Así, pues, juntos y en compañía de varios dirigentes que representan diversos sectores o estamentos de la sociedad civil, presentamos ante la Corte Suprema de Justicia sendas demandas de inconstitucionalidad y lo que de ellas se sabe, lo más reciente, es que la Procuradora de la Administración, en lo que toca al gravamen o impuesto de las profesiones, los oficios, las artes, las ciencias, las técnicas, señaló que no era de ninguna manera inconstitucional. También la Procuraduría de la Administración, en el caso de la exoneración de impuestos a la empresa Panamá Ports Company, dijo que no había en ello nada de inconstitucional y de esa manera la sociedad entera está a la espera de lo que diga la Corte Suprema de Justicia respecto a esas demandas. También presentaron acciones de inconstitucionalidad otros gremios, entre ellos, el Colegio nacional de Abogados en representación de un número plural de asociaciones del país. Nada ha dicho la Corte y seguimos a la espera.
El Gobierno Nacional ha dicho cuanto argumento se le ha ocurrido para justificar esas reformas despiadadas que han reducido el poder adquisitivo de la canasta básica de los alimentos del pueblo panameño: así, por ejemplo, es el caso de parroquianos que se quejan de que antes de las reformas desayunaban con veinticinco centavos y después de ellas no pueden hacerlo; también recordamos a la estudiante que fue a comprar treinta centavos de pan -seis michitas- y el despachador o panadero le dijo que no podía vendérselas porque "no le salía el impuesto del cinco por ciento". Y la señorita tuvo que regresar a su casa sin el pan. Ese día no hubo desayuno para ella ni para su abuela.
Y es que la realidad palmaria de las reformas tributarias no traduce otra cosa que miseria, hambre, falta de alimentos en la cocina del pueblo panameño. Ya nuestra gente no puede ir a un modesto restaurante porque tiene que pagar el impuesto al servicio y al consumo, porque si paga el impuesto trasquila la propina del mesero o de quien lo atiende. Esas reformas satánicas ningún bien, indiscutiblemente, le han hecho a nuestra gente. Atentan contra todo principio de equidad tributaria y de estabilidad del sistema económico de nuestro país. Así lo han dejado claramente señalado, en nuestro medio, los más connotados economistas y conocedores de la hacienda pública: La justicia tributaria pierde su sentido, su clara connotación de beneficiar a las grandes mayorías, pretextando el Gobierno Nacional que es menester recaudar más de 50 millones de balboas que las finanzas públicas necesitan con carácter de urgencia. Ya hemos preguntado: ¿Y una vez recogido ese dinero, dejarán de ser las reformas tributarias? Nadie sabe qué respondernos. La realidad es que la ley nada dice y seguirá estando en vigencia hasta tanto no sea derogada.
En otro orden de ideas, ¿cómo pretender hacerle entender a nuestro pueblo que esos nuevos tributos son buenos, cuando las condiciones económicas, sociales, educativas, de obras públicas, etc., de nuestro país se encuentran en estados deplorables? De allí que el argumento de que se requiere cultura tributaria de nuestra gente, según lo afirma el Gobierno, deviene en un absurdo, máxime si se tiene en cuenta que el pueblo no ve que sus impuestos reviertan en el progreso y el desarrollo de todos por igual en esta nación. Por el contrario, cada día se acentúa más la gran brecha o el canal que separa a la gran mayoría de pobres frente al escaso o reducido número de ricos y millonarios de la Patria.
Hay hambre y desesperación en nuestra gente: basta advertir las miles de caras de angustia, los rostros de la tristeza y de la melancolía en nuestros jóvenes y adultos, la aflicción que desmorona la dignidad de todo un pueblo, para comprender que se requiere un verdadero cambio en la conducción gubernamental del Estado. Bien dijo un humilde parroquiano de Villa Marta, ciudad de Panamá: "De qué gobierno habla Ud., Dr. Guerra, si durante casi cuatro años hemos estado desgobernados, no hemos tenido gobierno que realice su misión de tal".
Por todo lo anterior y muchas otras cosas, es que la marcha pro derogatoria de las reformas tributarias a realizarse el 21 de mayo a las cuatro de la tarde, partiendo desde la Iglesia del Carmen hasta la Asamblea Legislativa, además de tener como propósito clave o fundamental pedir al Gobierno la derogatoria de esa ley, pretende crear un nuevo orden en la gran unidad nacional.
No es cierto que se quiera desestabilizar al gobierno de doña Mireya Moscoso. No, no es así, lo que queremos es que se enmiende, la oportunidad está en sus manos. El pueblo sabrá reconsiderar una opinión desfavorable por una favorable. Esa manifestación, la del miércoles próximo, será la "Gran Marcha Contra el Hambre y contra la Desesperación". De allí que Poder Social Siglo XXI constituye el primer esfuerzo hecho realidad de nuclear en torno a fines y objetivos comunes a todas las fuerza vivas del país. Es así porque el real poder social radica en el único soberano: el pueblo.
El pueblo panameño nunca podrá comprender cómo es que el gobierno actual haya endeudado a la nación en más de mil millones de dólares y que nuestra humilde gente tenga que pagar un dinero que no ha visto invertido en nuestro país. Es la hora de que se reivindique el pueblo panameño. La renta sustitutiva hay que buscarla en otros lares -tal vez en Panama Ports y otros entes- pero no a costa de torceduras de la gente sencilla, humilde y trabajadora de esta Patria.
(stekrakri@hotmail.com)
Durante la visita efectuada a La Joyita se detectó a una señora mayor que pretendía introducir B/ 750.00 en una toalla sanitaria (que era obvio que no era posible que la usara por razones de su edad). Se procedió a interponer las denuncias correspondientes. Las medidas de seguridad son incómodas para quienes no están practicando ninguna medida ilegal contra el centro, eso lo entendemos, pero nuestro deber es garantizar la seguridad, advirtió Batista.
Aduciendo razones de seguridad no se le permitió al personal periodístico de El Panamá América visitar las instalaciones de los reclusos y conocer las versiones de los detenidos.
Corro reconoció que es posible que el propio personal de los centros penitenciarios puede tener relación con el ingreso de objetos ilícitos al penal. Al respecto, todo el personal- sin excepción- es revisado a diario antes de ingresar a trabajar. Además son muy vigilados cuando se movilizan dentro del penal. Existen varios lugares de uso restringido y sólo pueden ingresar quienes trabajan ahí. Respecto al proceso de rehabilitación de los reclusos, Corro manifestó su preocupación por el escaso apoyo de la sociedad al brindarle una nueva oportunidad a quienes han cometido delitos, pero han pagado sus penas. Siguen siendo seres humanos y deben buscarse mecanismos para que se pueda ganar la vida de forma honrada y rehabilitarse. Se mostró satisfecha por los talleres y la educación básica general que ha logrado implementar dentro de los centros penitenciarios a través de la capacitación impartida por el Instituto de Formación Profesional (INAFORP), el Ministerio de Educación y el gran apoyo del Club Rotario. La rehabilitación social de cada recluso es responsabilidad de toda la sociedad. Aislar a cada ex convicto es una medida hostil que recrudece la situación.
Un jabón blanco, un jabón de lavar en barra color blanco, una pasta de dientes mediana en envase plástico, dos máquinas de afeitar presto barba, un desodorante en gel o barra contenido en envase plástico transparente, un cepillo de dientes tamaño pequeño, un rollo de papel higiénico.
Comestibles: Podrán traer una comida por interno en envase plástico para ser consumida durante la visita. Un Corn Flakes mediano, dos sobres de leche en polvo, una libra de azúcar en envase plástico transparente, un molde de pan que no sea integral o contenga pasitas, una porción de dulce de cumpleaños que el familiar muestre documentos que lo compruebe. Frutas (sólo por prescripción médica por lo que se deberá acreditar la orden del médico); dos bebidas instantáneas en sobre contenidas en envase plástico transparente. Medicamentos: Aquellos que tengan prescripción médica previa o la autorización por el médico del centro que tiene que venir acompañada con la receta médica autorizada por el doctor del centro penitenciario y verificada por el paramédico que está asignado al área de visita.
Según indicó el asesor legal del centro La Joyita licenciado Ramón Herrera, en días pasados se suscitó un incidente debido a que una madre de un recluso introdujo un sello falsificado con la firma del director. La señora se presentó a la dirección a verificar el visto bueno para introducir una máquina para cortar cabello. El director pudo detectar que el sello y la firma eran falsificadas. Luego de dos días de permanecer recluida en la Policía Técnica Judicial (PTJ), la acusada salió con medida cautelar. Se han dado casos de ingreso de drogas, teléfonos celulares y se han podido capturar a las personas a quienes se les procesa legalmente.
Vitamina C: Fortalece el sistema inmunológico, promueve la salud de las encías y ayuda en la regulación del colesterol.
Al igual que todos los productos que se comercializan en Panamá, los energizantes tienen que ser registrados como lo exige el Decreto No.1195 vigente, informó la Dra. Anarella Jaén de Merón, subjefa del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud (MINSA).
Este registro se logra tras efectuarse una solicitud formal a través de un abogado donde se indica el nombre completo del producto, su descripción, fabricante, quien lo envasa, especificaciones del etiquetado y su certificado de libre venta del país de origen.
Toda esta documentación tiene que estar debidamente (apostillado) autenticados por el consulado o la Embajada de Panamá en el país de origen. Además se exige presentar sus ingredientes, fórmulas cuantitativas y cualitativas, especificaciones del tipo de envase y el material, dos etiquetas originales y cuatro muestras.
En cuanto a los "energizantes", el Departamento de Protección de Alimentos realiza pruebas para ver si el producto es innocuo (inofensivo) alimentariamente o sea que no va a provocar una intoxicación alimentaria. En el caso de etiquetado se tiene que poner quienes no pueden consumirlos estos productos.
La funcionaria del Ministerio de Salud explica que estas bebidas tienen la finalidad de cubrir las necesidades de reposición de líquidos, facilitar la rehidratación tras una actividad física intensa y reponer electrolitos, ya que son fuente de energía por los hidratos de carbono por azúcares. En cuanto a si el producto puede ser o no consumido por determinadas personas, es competencia de un médico o una nutricionista, ya que estos profesionales les pueden decir cómo tomarlos.
Señala que los energizantes contienen cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso y el corazón, y en la etiqueta se advierte que no deben ser tomados por niños, diabéticos, o por personas sensibles a la cafeína.
Antes de que quedaran plasmadas en el texto de una ley dichas reformas, ya algunos voceros de la sociedad civil, entre ellos el suscrito y mi hermano Ramiro Guerra, veníamos señalando que se contenían en el anteproyecto de ley regulaciones que iban en contra de diversos textos constitucionales. Así, pues, juntos y en compañía de varios dirigentes que representan diversos sectores o estamentos de la sociedad civil, presentamos ante la Corte Suprema de Justicia sendas demandas de inconstitucionalidad y lo que de ellas se sabe, lo más reciente, es que la Procuradora de la Administración, en lo que toca al gravamen o impuesto de las profesiones, los oficios, las artes, las ciencias, las técnicas, señaló que no era de ninguna manera inconstitucional. También la Procuraduría de la Administración, en el caso de la exoneración de impuestos a la empresa Panamá Ports Company, dijo que no había en ello nada de inconstitucional y de esa manera la sociedad entera está a la espera de lo que diga la Corte Suprema de Justicia respecto a esas demandas. También presentaron acciones de inconstitucionalidad otros gremios, entre ellos, el Colegio nacional de Abogados en representación de un número plural de asociaciones del país. Nada ha dicho la Corte y seguimos a la espera.
El Gobierno Nacional ha dicho cuanto argumento se le ha ocurrido para justificar esas reformas despiadadas que han reducido el poder adquisitivo de la canasta básica de los alimentos del pueblo panameño: así, por ejemplo, es el caso de parroquianos que se quejan de que antes de las reformas desayunaban con veinticinco centavos y después de ellas no pueden hacerlo; también recordamos a la estudiante que fue a comprar treinta centavos de pan -seis michitas- y el despachador o panadero le dijo que no podía vendérselas porque "no le salía el impuesto del cinco por ciento". Y la señorita tuvo que regresar a su casa sin el pan. Ese día no hubo desayuno para ella ni para su abuela.
Y es que la realidad palmaria de las reformas tributarias no traduce otra cosa que miseria, hambre, falta de alimentos en la cocina del pueblo panameño. Ya nuestra gente no puede ir a un modesto restaurante porque tiene que pagar el impuesto al servicio y al consumo, porque si paga el impuesto trasquila la propina del mesero o de quien lo atiende. Esas reformas satánicas ningún bien, indiscutiblemente, le han hecho a nuestra gente. Atentan contra todo principio de equidad tributaria y de estabilidad del sistema económico de nuestro país. Así lo han dejado claramente señalado, en nuestro medio, los más connotados economistas y conocedores de la hacienda pública: La justicia tributaria pierde su sentido, su clara connotación de beneficiar a las grandes mayorías, pretextando el Gobierno Nacional que es menester recaudar más de 50 millones de balboas que las finanzas públicas necesitan con carácter de urgencia. Ya hemos preguntado: ¿Y una vez recogido ese dinero, dejarán de ser las reformas tributarias? Nadie sabe qué respondernos. La realidad es que la ley nada dice y seguirá estando en vigencia hasta tanto no sea derogada.
En otro orden de ideas, ¿cómo pretender hacerle entender a nuestro pueblo que esos nuevos tributos son buenos, cuando las condiciones económicas, sociales, educativas, de obras públicas, etc., de nuestro país se encuentran en estados deplorables? De allí que el argumento de que se requiere cultura tributaria de nuestra gente, según lo afirma el Gobierno, deviene en un absurdo, máxime si se tiene en cuenta que el pueblo no ve que sus impuestos reviertan en el progreso y el desarrollo de todos por igual en esta nación. Por el contrario, cada día se acentúa más la gran brecha o el canal que separa a la gran mayoría de pobres frente al escaso o reducido número de ricos y millonarios de la Patria.
Hay hambre y desesperación en nuestra gente: basta advertir las miles de caras de angustia, los rostros de la tristeza y de la melancolía en nuestros jóvenes y adultos, la aflicción que desmorona la dignidad de todo un pueblo, para comprender que se requiere un verdadero cambio en la conducción gubernamental del Estado. Bien dijo un humilde parroquiano de Villa Marta, ciudad de Panamá: "De qué gobierno habla Ud., Dr. Guerra, si durante casi cuatro años hemos estado desgobernados, no hemos tenido gobierno que realice su misión de tal".
Por todo lo anterior y muchas otras cosas, es que la marcha pro derogatoria de las reformas tributarias a realizarse el 21 de mayo a las cuatro de la tarde, partiendo desde la Iglesia del Carmen hasta la Asamblea Legislativa, además de tener como propósito clave o fundamental pedir al Gobierno la derogatoria de esa ley, pretende crear un nuevo orden en la gran unidad nacional.
No es cierto que se quiera desestabilizar al gobierno de doña Mireya Moscoso. No, no es así, lo que queremos es que se enmiende, la oportunidad está en sus manos. El pueblo sabrá reconsiderar una opinión desfavorable por una favorable. Esa manifestación, la del miércoles próximo, será la "Gran Marcha Contra el Hambre y contra la Desesperación". De allí que Poder Social Siglo XXI constituye el primer esfuerzo hecho realidad de nuclear en torno a fines y objetivos comunes a todas las fuerza vivas del país. Es así porque el real poder social radica en el único soberano: el pueblo.
El pueblo panameño nunca podrá comprender cómo es que el gobierno actual haya endeudado a la nación en más de mil millones de dólares y que nuestra humilde gente tenga que pagar un dinero que no ha visto invertido en nuestro país. Es la hora de que se reivindique el pueblo panameño. La renta sustitutiva hay que buscarla en otros lares -tal vez en Panama Ports y otros entes- pero no a costa de torceduras de la gente sencilla, humilde y trabajadora de esta Patria.
(stekrakri@hotmail.com)
Durante la visita efectuada a La Joyita se detectó a una señora mayor que pretendía introducir B/ 750.00 en una toalla sanitaria (que era obvio que no era posible que la usara por razones de su edad). Se procedió a interponer las denuncias correspondientes. Las medidas de seguridad son incómodas para quienes no están practicando ninguna medida ilegal contra el centro, eso lo entendemos, pero nuestro deber es garantizar la seguridad, advirtió Batista.
Aduciendo razones de seguridad no se le permitió al personal periodístico de El Panamá América visitar las instalaciones de los reclusos y conocer las versiones de los detenidos.
Corro reconoció que es posible que el propio personal de los centros penitenciarios puede tener relación con el ingreso de objetos ilícitos al penal. Al respecto, todo el personal- sin excepción- es revisado a diario antes de ingresar a trabajar. Además son muy vigilados cuando se movilizan dentro del penal. Existen varios lugares de uso restringido y sólo pueden ingresar quienes trabajan ahí. Respecto al proceso de rehabilitación de los reclusos, Corro manifestó su preocupación por el escaso apoyo de la sociedad al brindarle una nueva oportunidad a quienes han cometido delitos, pero han pagado sus penas. Siguen siendo seres humanos y deben buscarse mecanismos para que se pueda ganar la vida de forma honrada y rehabilitarse. Se mostró satisfecha por los talleres y la educación básica general que ha logrado implementar dentro de los centros penitenciarios a través de la capacitación impartida por el Instituto de Formación Profesional (INAFORP), el Ministerio de Educación y el gran apoyo del Club Rotario. La rehabilitación social de cada recluso es responsabilidad de toda la sociedad. Aislar a cada ex convicto es una medida hostil que recrudece la situación.
Un jabón blanco, un jabón de lavar en barra color blanco, una pasta de dientes mediana en envase plástico, dos máquinas de afeitar presto barba, un desodorante en gel o barra contenido en envase plástico transparente, un cepillo de dientes tamaño pequeño, un rollo de papel higiénico.
Comestibles: Podrán traer una comida por interno en envase plástico para ser consumida durante la visita. Un Corn Flakes mediano, dos sobres de leche en polvo, una libra de azúcar en envase plástico transparente, un molde de pan que no sea integral o contenga pasitas, una porción de dulce de cumpleaños que el familiar muestre documentos que lo compruebe. Frutas (sólo por prescripción médica por lo que se deberá acreditar la orden del médico); dos bebidas instantáneas en sobre contenidas en envase plástico transparente. Medicamentos: Aquellos que tengan prescripción médica previa o la autorización por el médico del centro que tiene que venir acompañada con la receta médica autorizada por el doctor del centro penitenciario y verificada por el paramédico que está asignado al área de visita.
Según indicó el asesor legal del centro La Joyita licenciado Ramón Herrera, en días pasados se suscitó un incidente debido a que una madre de un recluso introdujo un sello falsificado con la firma del director. La señora se presentó a la dirección a verificar el visto bueno para introducir una máquina para cortar cabello. El director pudo detectar que el sello y la firma eran falsificadas. Luego de dos días de permanecer recluida en la Policía Técnica Judicial (PTJ), la acusada salió con medida cautelar. Se han dado casos de ingreso de drogas, teléfonos celulares y se han podido capturar a las personas a quienes se les procesa legalmente.
Vitamina C: Fortalece el sistema inmunológico, promueve la salud de las encías y ayuda en la regulación del colesterol.
Al igual que todos los productos que se comercializan en Panamá, los energizantes tienen que ser registrados como lo exige el Decreto No.1195 vigente, informó la Dra. Anarella Jaén de Merón, subjefa del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud (MINSA).
Este registro se logra tras efectuarse una solicitud formal a través de un abogado donde se indica el nombre completo del producto, su descripción, fabricante, quien lo envasa, especificaciones del etiquetado y su certificado de libre venta del país de origen.
Toda esta documentación tiene que estar debidamente (apostillado) autenticados por el consulado o la Embajada de Panamá en el país de origen. Además se exige presentar sus ingredientes, fórmulas cuantitativas y cualitativas, especificaciones del tipo de envase y el material, dos etiquetas originales y cuatro muestras.
En cuanto a los "energizantes", el Departamento de Protección de Alimentos realiza pruebas para ver si el producto es innocuo (inofensivo) alimentariamente o sea que no va a provocar una intoxicación alimentaria. En el caso de etiquetado se tiene que poner quienes no pueden consumirlos estos productos.
La funcionaria del Ministerio de Salud explica que estas bebidas tienen la finalidad de cubrir las necesidades de reposición de líquidos, facilitar la rehidratación tras una actividad física intensa y reponer electrolitos, ya que son fuente de energía por los hidratos de carbono por azúcares. En cuanto a si el producto puede ser o no consumido por determinadas personas, es competencia de un médico o una nutricionista, ya que estos profesionales les pueden decir cómo tomarlos.
Señala que los energizantes contienen cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso y el corazón, y en la etiqueta se advierte que no deben ser tomados por niños, diabéticos, o por personas sensibles a la cafeína.
