Martín Torrijos y la Patria Nueva (II)
En sintonía con el precepto constitucional que proclama que el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña, Martín Torrijos, en su programa de gobierno, destaca que el Canal es el activo más importante del país y sus beneficios deben ser tangibles para todos los panameños. Considera el Presidente electo que la decisión sobre la expansión del Canal "afectará a varias generaciones de panameños, por lo cual debe ser consultada sin prisas, para tomarla cuando ya todos los panameños hayan podido disponer de la información técnica, financiera, medio ambiental y social existente."
Desde que el tema de la ampliación del Canal salió de las reuniones oficiales o cónclaves de participación restringida, me he ocupado del mismo varias veces en esta columna. También lo han hecho otros compatriotas de cuya competencia y experiencia en los asuntos de la vía canalera nadie podría seriamente dudar.
De todas las opiniones calificadas que he leído o escuchado, se ha concluido que existen varias opciones técnicamente viables para la ampliación. Sin embargo, el problema mayor no se encuentra aparentemente en la viabilidad técnica, sino en la opción que escojan quienes tienen el poder de decisión y a quienes por ende les corresponde orientar a la ciudadanía sobre el particular.
No obstante, el problema mayor se encuentra en que tarde o temprano habrá que someter la decisión a la aprobación por el Organo Legislativo, cuya mayoría está en manos del PRD, partido que lidera el Presidente electo, y luego de su aprobación legislativa deberá ser sometida a referéndum nacional. En ese momento Torrijos, como personero de las fuerzas políticas en el poder, tendrá que informar al pueblo sobre las medidas que se adoptarían para aplicar lo que yo llamaría "un principio de precaución", para que la proyectada ampliación del Canal no tenga incidencia negativa en ninguna de las dimensiones de la vida nacional.
A sabiendas de que la Administración del Canal no se ha distinguido por su afán de transmitir a la ciudadanía en forma transparente y con una adecuada rendición de cuentas sus actuaciones, como es el caso del Plan Maestro del Canal con un costo estimado de más US $30,000,000.00 sólo ha tenido un acceso restringido, interpreto los sentimientos de una gran mayoría de panameños y panameñas al pedirle desde ahora al Presidente Torrijos que tome las medidas que sean necesarias para que los estudios relativos a la expansión del Canal, que según se ha anunciado se terminarían el próximo mes de junio, sean total y plenamente divulgados sin cortapisas.
Es lógico prevenir que antes de que se convoque al referéndum establecido por la Constitución, todos los sectores se sentirán convocados por esa especie de natural incumbencia que sentimos todos los panameños acerca del Canal. Estas reflexiones me han llevado a considerar que es posible que en algún momento la sociedad panameña se divida con relación a este tema. Esa probable división presentaría, en el peor de los casos, las características de una fractura nacional, sobre un asunto en cuyo nombre se han producido los más amplios consensos, la más inquebrantable unidad nacional y aleccionadoras convergencias históricas entre las generaciones panameñas desde 1903.
En este orden de ideas debemos prestar especial atención a la noticia publicada por El Panamá América el viernes pasado, en que se da cuenta que el organismo más calificado para pronunciarse sobre la materia, que es la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) "rechazará la aprobación del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, si no se demuestra que éste tiene una rentabilidad económica para el país."
La posición de la SPIA verticalmente expuesta por su presidente el Ing. Abdiel Cano, es mucho más prudente que la expresada por algunos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Tal es el caso de Guillermo Quijano, citado por Betty Brannan Jaén (La Prensa, 25 de abril de 2004), quien recientemente en la "Semana de Panamá", realizada en la Universidad de Georgetown, se manifestaba entusiasta en pro de la ampliación del Canal, afirmando que el proyecto, sin decir cuál es, será un enorme motor para la economía panameña con el potencial de crear diez mil empleos durante el período de construcción y de dos mil a tres mil empleos después. La postura de Quijano cabe evaluarla en contraste con la mesurada opinión del ingeniero norteamericano Joe R. Reeder, ex presidente de la Comisión del Canal, actualmente miebro de la junta asesora del mismo, también citado por Betty Brannan Jaén. Reeder sostiene que un Canal más grande usaría el doble de agua, que hay el riesgo de que unos peajes elevados disminuyan el tráfico canalero hasta dificultar la recuperación de la inversión, que "podría ser un colosal error ecológico", aparte de los riesgos imponderables que, a su juicio, siempre hay en este tipo de proyectos.
En esta línea, no es una mera coincidencia que el lunes 10 de mayo, The New York Times publicara bajo el título "Un Túnel Muy Lejano" (A Tunnel Too Far), un artículo de Christian Wolmar, columnista del "Rail magazine" y autor del libro en prensa "Subterranean Railway", quien sostiene que el Eurotúnel de 31 millas que comunica a través del Canal de la Mancha a Folkestone (Inglaterra) con Calais (Francia), que sin duda fue un éxito tecnológico, ha sido un desdichado fracaso financiera y políticamente.
Los ingresos por el uso del túnel han estado muy por debajo de las expectativas. Las deudas de la empresa Eurotúnel alcanzan US $11,000,000,000.00 y sus entradas no alcanzan siquiera para pagar los intereses. Los accionistas, que son todos privados, gestionaron que los gobiernos británico y francés afianzaran a la empresa Eurotúnel, pero los gobiernos no han querido ni invertir ni garantizar el funcionamiento del Eurotúnel que ha terminado siendo una fastidiosa línea férrea que costó US $15,000,000,000.00 excediéndose en más del doble de lo presupuestado.
La ampliación del Canal forma parte de la problemática mayor que tendrá el Presidente Martín Torrijos. La decisión o decisiones sobre este tema deberán ser sometidas a la consulta popular. Así como el 2 de mayo los candidatos fueron a la prueba de las urnas en la confianza de que vivimos en una auténtica democracia, el proceso de toma de decisiones sobre la ampliación del Canal debe ser otra oportunidad para reafirmar esa democracia. Es responsabilidad del presidente electo, para evitarle al país y a su gobierno un descalabro irreparable, asegurarse de que el pueblo entienda con claridad cuáles son las opciones, cuánto cuesta la ampliación, quién la pagará, cómo la pagará y cuáles son los beneficios o los perjuicios económicos, ecológicos y sociales para la Nación. Hasta ahora, las autoridades responsables del Canal han dado muestras de estar animadas de una gran pasión canalera. Tengo la certeza de que la mayoría del pueblo panameño está animada, especialmente con relación al presente y al futuro del canal interoceánico, de una gran pasión panameña.
Desde que el tema de la ampliación del Canal salió de las reuniones oficiales o cónclaves de participación restringida, me he ocupado del mismo varias veces en esta columna. También lo han hecho otros compatriotas de cuya competencia y experiencia en los asuntos de la vía canalera nadie podría seriamente dudar.
De todas las opiniones calificadas que he leído o escuchado, se ha concluido que existen varias opciones técnicamente viables para la ampliación. Sin embargo, el problema mayor no se encuentra aparentemente en la viabilidad técnica, sino en la opción que escojan quienes tienen el poder de decisión y a quienes por ende les corresponde orientar a la ciudadanía sobre el particular.
No obstante, el problema mayor se encuentra en que tarde o temprano habrá que someter la decisión a la aprobación por el Organo Legislativo, cuya mayoría está en manos del PRD, partido que lidera el Presidente electo, y luego de su aprobación legislativa deberá ser sometida a referéndum nacional. En ese momento Torrijos, como personero de las fuerzas políticas en el poder, tendrá que informar al pueblo sobre las medidas que se adoptarían para aplicar lo que yo llamaría "un principio de precaución", para que la proyectada ampliación del Canal no tenga incidencia negativa en ninguna de las dimensiones de la vida nacional.
A sabiendas de que la Administración del Canal no se ha distinguido por su afán de transmitir a la ciudadanía en forma transparente y con una adecuada rendición de cuentas sus actuaciones, como es el caso del Plan Maestro del Canal con un costo estimado de más US $30,000,000.00 sólo ha tenido un acceso restringido, interpreto los sentimientos de una gran mayoría de panameños y panameñas al pedirle desde ahora al Presidente Torrijos que tome las medidas que sean necesarias para que los estudios relativos a la expansión del Canal, que según se ha anunciado se terminarían el próximo mes de junio, sean total y plenamente divulgados sin cortapisas.
Es lógico prevenir que antes de que se convoque al referéndum establecido por la Constitución, todos los sectores se sentirán convocados por esa especie de natural incumbencia que sentimos todos los panameños acerca del Canal. Estas reflexiones me han llevado a considerar que es posible que en algún momento la sociedad panameña se divida con relación a este tema. Esa probable división presentaría, en el peor de los casos, las características de una fractura nacional, sobre un asunto en cuyo nombre se han producido los más amplios consensos, la más inquebrantable unidad nacional y aleccionadoras convergencias históricas entre las generaciones panameñas desde 1903.
En este orden de ideas debemos prestar especial atención a la noticia publicada por El Panamá América el viernes pasado, en que se da cuenta que el organismo más calificado para pronunciarse sobre la materia, que es la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) "rechazará la aprobación del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, si no se demuestra que éste tiene una rentabilidad económica para el país."
La posición de la SPIA verticalmente expuesta por su presidente el Ing. Abdiel Cano, es mucho más prudente que la expresada por algunos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Tal es el caso de Guillermo Quijano, citado por Betty Brannan Jaén (La Prensa, 25 de abril de 2004), quien recientemente en la "Semana de Panamá", realizada en la Universidad de Georgetown, se manifestaba entusiasta en pro de la ampliación del Canal, afirmando que el proyecto, sin decir cuál es, será un enorme motor para la economía panameña con el potencial de crear diez mil empleos durante el período de construcción y de dos mil a tres mil empleos después. La postura de Quijano cabe evaluarla en contraste con la mesurada opinión del ingeniero norteamericano Joe R. Reeder, ex presidente de la Comisión del Canal, actualmente miebro de la junta asesora del mismo, también citado por Betty Brannan Jaén. Reeder sostiene que un Canal más grande usaría el doble de agua, que hay el riesgo de que unos peajes elevados disminuyan el tráfico canalero hasta dificultar la recuperación de la inversión, que "podría ser un colosal error ecológico", aparte de los riesgos imponderables que, a su juicio, siempre hay en este tipo de proyectos.
En esta línea, no es una mera coincidencia que el lunes 10 de mayo, The New York Times publicara bajo el título "Un Túnel Muy Lejano" (A Tunnel Too Far), un artículo de Christian Wolmar, columnista del "Rail magazine" y autor del libro en prensa "Subterranean Railway", quien sostiene que el Eurotúnel de 31 millas que comunica a través del Canal de la Mancha a Folkestone (Inglaterra) con Calais (Francia), que sin duda fue un éxito tecnológico, ha sido un desdichado fracaso financiera y políticamente.
Los ingresos por el uso del túnel han estado muy por debajo de las expectativas. Las deudas de la empresa Eurotúnel alcanzan US $11,000,000,000.00 y sus entradas no alcanzan siquiera para pagar los intereses. Los accionistas, que son todos privados, gestionaron que los gobiernos británico y francés afianzaran a la empresa Eurotúnel, pero los gobiernos no han querido ni invertir ni garantizar el funcionamiento del Eurotúnel que ha terminado siendo una fastidiosa línea férrea que costó US $15,000,000,000.00 excediéndose en más del doble de lo presupuestado.
La ampliación del Canal forma parte de la problemática mayor que tendrá el Presidente Martín Torrijos. La decisión o decisiones sobre este tema deberán ser sometidas a la consulta popular. Así como el 2 de mayo los candidatos fueron a la prueba de las urnas en la confianza de que vivimos en una auténtica democracia, el proceso de toma de decisiones sobre la ampliación del Canal debe ser otra oportunidad para reafirmar esa democracia. Es responsabilidad del presidente electo, para evitarle al país y a su gobierno un descalabro irreparable, asegurarse de que el pueblo entienda con claridad cuáles son las opciones, cuánto cuesta la ampliación, quién la pagará, cómo la pagará y cuáles son los beneficios o los perjuicios económicos, ecológicos y sociales para la Nación. Hasta ahora, las autoridades responsables del Canal han dado muestras de estar animadas de una gran pasión canalera. Tengo la certeza de que la mayoría del pueblo panameño está animada, especialmente con relación al presente y al futuro del canal interoceánico, de una gran pasión panameña.
