Martín Torrijos y la Patria Nueva (III)
Hace unos días, mientras analizaba el énfasis que le da el Presidente electo Martín Torrijos a la política exterior en su programa de gobierno, se produjeron dos acontecimientos caracterizados por el secretismo. Los protagonistas son altos personeros de la actual administración gubernamental. Se trata de dos hechos insólitos que no se compadecen con el proceso de transición, que se debe realizar de modo armónico, para la toma de posesión del nuevo gobierno el 1° de septiembre de 2004.
El primer caso se presentó en una noticia publicada en el diario La Prensa el 26 de abril de 2004 con este encabezamiento: "Un puesto fronterizo de control ubicará Estados Unidos (EU) en el oriente chiricano". A continuación se informa que "La Oficina de Ayuda para la Consecución Regional del Departamento de Estado de los EU y la Embajada de ese país buscan contratistas calificados para la construcción del puesto fronterizo que, según se informa, estará ubicado en el Cruce de Guabalá, Chiriquí", con una extensión total de 6,529.60 metros cuadrados y una rampa para la descarga de mercancía usada para la inspección.
El Artículo 3 de nuestra Constitución Política es terminante al preceptuar que "el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado ni temporal ni parcialmente, a otro Estado", en tanto, que el Artículo 285 de la misma Constitución determina categóricamente que ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de sedes de embajadas..."
Hasta ahora ni el Ministro de Gobierno ni ningún personero del Ejecutivo panameño han explicado esta flagrante violación constitucional y esta lesión enorme a la soberanía nacional, que significa incurrir en la comisión de delitos de lesa patria definidos como delitos contra la personalidad internacional del Estado. (Título IX, Capítulo I, Libro Segundo del Código Penal).
El otro caso ha venido a conocimiento público en la edición de El Panamá América del jueves 13 de mayo de 2004, a través de su corresponsal en Washington, Henry Raymont, quien reportó que "Panamá firmó ayer (12 de mayo) un acuerdo que confiere a las autoridades marítimas de Estados Unidos el derecho de abordar barcos que portan su bandera, para determinar si llevan cargamento de armas ilícitas, especialmente de destrucción masiva. El documento -dice Raymont- fue firmado por el Ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, y John R. Bolton, Sub-Secretario de Estado, en una breve ceremonia en esa dependencia".
A pesar de todos los esfuerzos que he realizado, no me ha sido posible obtener el texto del Acuerdo Escalona-Bolton, ni tampoco de los antecedentes relativos al puesto fronterizo de control que se dice ubicará Estados Unidos en el Cruce de Guabalá, Chiriquí. Del Acuerdo Escalona-Bolton lo único que se me ha dicho es que el Ministro Escalona carga el texto del convenio con él, en un viaje al exterior, y que se aguarda su regreso para publicarlo en la Gaceta Oficial. No sólo se ha procedido con un secretismo inexplicable y con una falta de transparencia, realmente bochornosa, sino también con un gran desprecio por la opinión pública y por los sentimientos de la ciudadanía.
La sola mención de que el acuerdo suscrito por Escalona es una adición al Convenio Salas-Becker, pone de relieve que, al igual que el firmado por el Ministro Salas, no puede sustraerse del requisito constitucional de la aprobación legislativa. Estamos seguros que cuando ese documento deje de ser secreto, y sea publicado, surgirán muchas interrogantes, a los cuales deberán responder el Ministro Escalona y los dirigentes del Gobierno Nacional, singularmente en cuanto a la razón que se ha tenido para que haya sido el Ministro de Gobierno y Justicia y no el Ministro de Relaciones Exteriores, quien haya firmado el mencionado acuerdo.
Una política exterior al servicio del proyecto nacional es uno de los objetivos que Martín Torrijos destaca en su programa de gobierno al incluirlo en el capítulo que dedica a la "Reforma del Estado para construir entre todos la Patria Nueva". En este tema Torrijos, con buen criterio, procura impulsar la relación armónica que debe existir entre la política exterior y la política interior. Aduce que la Cancillería y el servicio diplomático y consular no siempre actúan en consonancia con la estrategia de desarrollo nacional. Se propone al respecto realizar una reforma estructural y funcional orientada a la profesionalización y a la incorporación de especialidades impuestas por la globalización. Se trata, sin duda, de una depuración burocrática en la cual hará valer sus dotes de estadista para no incurrir en las fallas que en el derecho romano se calificaban como "culpa in eligendo" y "culpa in vigilando".
El énfasis lo sitúa Torrijos en la estructura administrativa y en la idoneidad del personal; pero entre las líneas de acción que traza, indica en primer término que "sostendremos relaciones con todas las naciones del mundo, con vocación pluralista, solidaria y concertadora". Responde así a la posición histórica de un país que como Panamá está imbuido de un pensamiento, de una tradición y de una vocación universalista.
Esta referencia programática nos lleva a considerar que desde hace más de tres décadas el país está comprometido a establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, tanto por las exigencias de la globalización en el ámbito económico, que no hace desdeñable un mercado de más de mil 300 millones de personas, en un inmenso país que es hoy por hoy la economía en crecimiento más pujante del mundo, siendo uno de los principales usuarios del Canal como por el peso específico que en la esfera política tiene la China Popular como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con derecho a veto, y como potencia nuclear.
Es oportuno recordar que el 18 de julio de 1975, el Legislativo recomendó al Ejecutivo la apertura de relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, y específicamente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China. La historia es conocida. Concluida la guerra fría, Panamá estableció relaciones diplomáticas con la Federación Rusa, sucesora del Estado soviético, pero aún el Gobierno panameño no ha abierto relaciones diplomáticas con la República Popular China, no obstante que el 1° de julio de 1997 esa gran potencia asumió el control soberano de la antigua colonia británica de Hong Kong, situación que incide directamente en el interés nacional de Panamá como país marítimo, con un canal interoceánico y con la flota mercante de mayor tonelaje del mundo.
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y la República Popular China es una tarea pendiente que, en términos de calendario, ha sido postergada de un siglo para el otro. Es una tarea que debió cumplirse en el siglo XX. Hace pocos meses se realizó una encuesta en la que una mayoría de más de 60% de panameños se pronunció a favor del establecimiento de relaciones diplomáticas con dicha nación. Esa mayoría sigue creciendo como se refleja por el número de personalidades que a diario se incorporan a la Asociación Panameña de Amistad con CHina, presidida por el Lic. Oydén Ortega Durán.
Sin subestimar el valor histórico y los aspectos prácticos de las relaciones panameño-taiwanesas, Panamá está comprometida a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas que determinan que la República Popular China es la única titular de la legitimidad internacional como representante del pueblo chino y realizar que al igual que lo hace Estados Unidos, Panamá debe normalizar sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Beijín y mantener en Taipei una oficina que vele por los intereses panameños en el área de Taiwán.
El primer caso se presentó en una noticia publicada en el diario La Prensa el 26 de abril de 2004 con este encabezamiento: "Un puesto fronterizo de control ubicará Estados Unidos (EU) en el oriente chiricano". A continuación se informa que "La Oficina de Ayuda para la Consecución Regional del Departamento de Estado de los EU y la Embajada de ese país buscan contratistas calificados para la construcción del puesto fronterizo que, según se informa, estará ubicado en el Cruce de Guabalá, Chiriquí", con una extensión total de 6,529.60 metros cuadrados y una rampa para la descarga de mercancía usada para la inspección.
El Artículo 3 de nuestra Constitución Política es terminante al preceptuar que "el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado ni temporal ni parcialmente, a otro Estado", en tanto, que el Artículo 285 de la misma Constitución determina categóricamente que ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de sedes de embajadas..."
Hasta ahora ni el Ministro de Gobierno ni ningún personero del Ejecutivo panameño han explicado esta flagrante violación constitucional y esta lesión enorme a la soberanía nacional, que significa incurrir en la comisión de delitos de lesa patria definidos como delitos contra la personalidad internacional del Estado. (Título IX, Capítulo I, Libro Segundo del Código Penal).
El otro caso ha venido a conocimiento público en la edición de El Panamá América del jueves 13 de mayo de 2004, a través de su corresponsal en Washington, Henry Raymont, quien reportó que "Panamá firmó ayer (12 de mayo) un acuerdo que confiere a las autoridades marítimas de Estados Unidos el derecho de abordar barcos que portan su bandera, para determinar si llevan cargamento de armas ilícitas, especialmente de destrucción masiva. El documento -dice Raymont- fue firmado por el Ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, y John R. Bolton, Sub-Secretario de Estado, en una breve ceremonia en esa dependencia".
A pesar de todos los esfuerzos que he realizado, no me ha sido posible obtener el texto del Acuerdo Escalona-Bolton, ni tampoco de los antecedentes relativos al puesto fronterizo de control que se dice ubicará Estados Unidos en el Cruce de Guabalá, Chiriquí. Del Acuerdo Escalona-Bolton lo único que se me ha dicho es que el Ministro Escalona carga el texto del convenio con él, en un viaje al exterior, y que se aguarda su regreso para publicarlo en la Gaceta Oficial. No sólo se ha procedido con un secretismo inexplicable y con una falta de transparencia, realmente bochornosa, sino también con un gran desprecio por la opinión pública y por los sentimientos de la ciudadanía.
La sola mención de que el acuerdo suscrito por Escalona es una adición al Convenio Salas-Becker, pone de relieve que, al igual que el firmado por el Ministro Salas, no puede sustraerse del requisito constitucional de la aprobación legislativa. Estamos seguros que cuando ese documento deje de ser secreto, y sea publicado, surgirán muchas interrogantes, a los cuales deberán responder el Ministro Escalona y los dirigentes del Gobierno Nacional, singularmente en cuanto a la razón que se ha tenido para que haya sido el Ministro de Gobierno y Justicia y no el Ministro de Relaciones Exteriores, quien haya firmado el mencionado acuerdo.
Una política exterior al servicio del proyecto nacional es uno de los objetivos que Martín Torrijos destaca en su programa de gobierno al incluirlo en el capítulo que dedica a la "Reforma del Estado para construir entre todos la Patria Nueva". En este tema Torrijos, con buen criterio, procura impulsar la relación armónica que debe existir entre la política exterior y la política interior. Aduce que la Cancillería y el servicio diplomático y consular no siempre actúan en consonancia con la estrategia de desarrollo nacional. Se propone al respecto realizar una reforma estructural y funcional orientada a la profesionalización y a la incorporación de especialidades impuestas por la globalización. Se trata, sin duda, de una depuración burocrática en la cual hará valer sus dotes de estadista para no incurrir en las fallas que en el derecho romano se calificaban como "culpa in eligendo" y "culpa in vigilando".
El énfasis lo sitúa Torrijos en la estructura administrativa y en la idoneidad del personal; pero entre las líneas de acción que traza, indica en primer término que "sostendremos relaciones con todas las naciones del mundo, con vocación pluralista, solidaria y concertadora". Responde así a la posición histórica de un país que como Panamá está imbuido de un pensamiento, de una tradición y de una vocación universalista.
Esta referencia programática nos lleva a considerar que desde hace más de tres décadas el país está comprometido a establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, tanto por las exigencias de la globalización en el ámbito económico, que no hace desdeñable un mercado de más de mil 300 millones de personas, en un inmenso país que es hoy por hoy la economía en crecimiento más pujante del mundo, siendo uno de los principales usuarios del Canal como por el peso específico que en la esfera política tiene la China Popular como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con derecho a veto, y como potencia nuclear.
Es oportuno recordar que el 18 de julio de 1975, el Legislativo recomendó al Ejecutivo la apertura de relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, y específicamente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China. La historia es conocida. Concluida la guerra fría, Panamá estableció relaciones diplomáticas con la Federación Rusa, sucesora del Estado soviético, pero aún el Gobierno panameño no ha abierto relaciones diplomáticas con la República Popular China, no obstante que el 1° de julio de 1997 esa gran potencia asumió el control soberano de la antigua colonia británica de Hong Kong, situación que incide directamente en el interés nacional de Panamá como país marítimo, con un canal interoceánico y con la flota mercante de mayor tonelaje del mundo.
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y la República Popular China es una tarea pendiente que, en términos de calendario, ha sido postergada de un siglo para el otro. Es una tarea que debió cumplirse en el siglo XX. Hace pocos meses se realizó una encuesta en la que una mayoría de más de 60% de panameños se pronunció a favor del establecimiento de relaciones diplomáticas con dicha nación. Esa mayoría sigue creciendo como se refleja por el número de personalidades que a diario se incorporan a la Asociación Panameña de Amistad con CHina, presidida por el Lic. Oydén Ortega Durán.
Sin subestimar el valor histórico y los aspectos prácticos de las relaciones panameño-taiwanesas, Panamá está comprometida a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas que determinan que la República Popular China es la única titular de la legitimidad internacional como representante del pueblo chino y realizar que al igual que lo hace Estados Unidos, Panamá debe normalizar sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Beijín y mantener en Taipei una oficina que vele por los intereses panameños en el área de Taiwán.
