Martín Torrijos y la Patria Nueva (IV)
La magnitud del triunfo electoral de Martín Torrijos asumió tan vastas proporciones que no es exagerado decir que así como el General José María Córdoba selló la victoria de Ayacucho con la consigna de "armas a discreción, paso de vencedores", el nuevo Presidente de Panamá aseguró su elección a la primera magistratura de la nación imprimiéndole a su electorado la dinámica del lema "más seguridad, más empleo, cero corrupción". La consigna de Torrijos no respondía a una concepción demagógica. La interpretamos como un planteamiento programático, reflexivo, profundo y de auténtica proyección nacional. Está sintetizada en el capítulo de su Programa de Gobierno sobre "La Reforma del Estado para construir entre todos la Patria Nueva".
Martín Torrijos desarrolló una campaña en que hizo patente que luchará para ofrecerle al pueblo panameño nuevas formas de gobernar que confluyan al bienestar general. La lucha será dura frente a los escéptico y los descreídos que saben explotar la marcha inexorable del tiempo. Para nuestros estadistas debe ser una constante la experiencia de Ayacucho que, según las narraciones de las "Tradiciones peruanas" de don Ricardo Palma, después de cierto tiempo de haberse emancipado las naciones hispanoamericanas del coloniaje español, comenzaron a aparecer los grafitos diciendo "300 años de despotismo y otro año de lo mismo".
En su concepción de la Reforma del Estado, Torrijos visualiza en su Programa de la Patria Nueva una Constitución política para el siglo XXI, mediante reformas de acuerdo con los intereses nacionales y los retos del nuevo siglo, un gasto público para resolver las necesidades de la gente, una reforma fiscal equitativa, la reorganización del sector público para que el Estado juegue el papel de ente dinamizador, la reforma del Órgano Judicial, poniendo de relieve el objetivo supremo de acabar con la corrupción con el ejemplo.
Sin embargo, para lograr este objetivo adopta iniciativas y acciones concretas y coherentes que van más allá de la implementación de la Ley de Carrera Administrativa, de la adopción de la Ley General de Sueldos, de la integración y desarrollo de las fronteras con Colombia y Costa Rica, y de la práctica de la transparencia informativa para hacer énfasis en el propósito de empeñarse en el rescate, revisión y ejecución de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción, desechada por el Gobierno de la presidenta Mireya Moscoso que fue la autora de su creación, sin tomar en serio el propósito depurador de dicha Comisión, integrada por su presidente, el Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia, y los comisionados Aura E. Guerra de Villalaz, Tomás Herrera, Héctor M. Montemayor A. y José Javier Rivera.
A raíz del nombramiento de la Comisión Presidencial contra la corrupción, cuyo ámbito de acción no parecía muy claro entonces, quise contribuir a que la opinión pública tuviese una idea cabal de los propósitos de esa Comisión Presidencial que, según el Decreto Ejecutivo No. 7 del 22 de enero de 2002, tendría "como propósito fundamental valorar las normas y procedimientos de la administración pública, identificar aquellas deficiencias o circunstancias que incentiven o permitan su aprovechamiento con fines ilícitos y elaborar las normas, trámites o principios que eviten en todas sus modalidades la práctica de actos de corrupción".
En mi crónica sobre "El diagnóstico de la corrupción" publicada en esta misma columna de opinión de El Panamá América, el 28 de enero de 2002, señalé que según los propósitos declarados por el presidente de la Comisión Presidencial, el Dr. Carlos Iván Zúñiga, la referida Comisión respondía al intento del Órgano Ejecutivo de programar un plan de acción de adecentamiento. El Dr. Zúñiga explicaba en su columna sabatina publicada en el diario La Prensa que era "una comisión comprometida exclusivamente con la defensa de los valores morales", y que su éxito lo determinaba "exclusivamente la firme promesa de la Presidenta de la República de darle cumplimiento a las recomendaciones fundadas de los comisionados".
¿Qué tienen en común las "iniciativas y acciones concretas contra la corrupción" contenidas en el Programa de Acción para la Patria Nueva de Martín Torrijos y los diagnósticos y recomendaciones formuladas por otros panameños y panameñas para combatir la corrupción? No pueden ignorarse a este respecto las 51 recomendaciones de la Comisión Zúñiga. Creo que tienen mucho en común.
A tres meses del término de su mandato, al gobierno actual se le reprocha, sin riesgo de tener que pedirle disculpas, no haber tenido el valor civil de sacar del atolladero a la sociedad panameña acosada por la corrupción, enferma de corrupción.
Martín Torrijos aún no ha asumido el poder. Los principios rectores de su campaña política (+ seguridad, + empleo, Ø corrupción) fueron apoyados por 711,447 panameños y panameñas entre los cuales una mayoría de jóvenes pareció expresar con su voto masivo que no cree en el descrédito de la política, que no cree que la política es estéril para hacer posible sus sueños y la satisfacción de sus necesidades.
Este mismo razonamiento permite inferir que los 462,766 votantes que favorecieron la candidatura del ex presidente Guillermo Endara, fueron conquistados por la promesa más visible de su campaña: la promesa de meter en prisión a los corruptos. Me abstengo, por razones obvias, de referirme a los criterios que sobre el tema guiaron a los 245,845 electores que votaron por José Miguel Alemán y a los 79,595 que favorecieron a Ricardo Martinelli. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que mientras Endara ha expresado en repetidas ocasiones que después del 2 de mayo está viviendo una suerte de Nirvana por no haber ganado, a Martín Torrijos cada día se le acerca el momento en que tendrá que invitar a toda la ciudadanía a tomar conciencia de que estamos frente a situaciones nacionales que son, las unas de bloqueo y otras de enormes expectativas que en el futuro se podrían volver conminatorias.
A tres meses de la toma de posesión del que será nuestro presidente durante cinco años, tenemos los panameños y las panameñas tiempo para la reflexión, en el sentido físico y no en el sentido mental de la palabra. Singularmente, en el apoyo que merece Martín Torrijos en su empeño de "acabar con la corrupción con el ejemplo".
Muchos panameños hemos vivido lo suficiente para tener memoria de múltiples propósitos nobles de beneficio nacional cuya realización se han intentado y se han empantanado en los meandros de los intereses particulares, en las maquinaciones de la política criolla y en la desnaturalización de las reacciones sectarias. Las dificultades no deben llevar a renunciar a las cosas buenas ni a las cosas grandes que puede intentar un gobernante.
Una vez le preguntaron a Mahatma Ghandi si él era un líder espiritual o un político. Su respuesta fue "yo soy un político que trata desesperadamente de ser un santo".
Los panameños tenemos sensibilidad muy diferente de la hindú, pero no estaría desorientado Martín Torrijos si encamina su prometido combate contra la corrupción con la firme actitud de quien emprende institucionalmente una misión reivindicadora.
Martín Torrijos desarrolló una campaña en que hizo patente que luchará para ofrecerle al pueblo panameño nuevas formas de gobernar que confluyan al bienestar general. La lucha será dura frente a los escéptico y los descreídos que saben explotar la marcha inexorable del tiempo. Para nuestros estadistas debe ser una constante la experiencia de Ayacucho que, según las narraciones de las "Tradiciones peruanas" de don Ricardo Palma, después de cierto tiempo de haberse emancipado las naciones hispanoamericanas del coloniaje español, comenzaron a aparecer los grafitos diciendo "300 años de despotismo y otro año de lo mismo".
En su concepción de la Reforma del Estado, Torrijos visualiza en su Programa de la Patria Nueva una Constitución política para el siglo XXI, mediante reformas de acuerdo con los intereses nacionales y los retos del nuevo siglo, un gasto público para resolver las necesidades de la gente, una reforma fiscal equitativa, la reorganización del sector público para que el Estado juegue el papel de ente dinamizador, la reforma del Órgano Judicial, poniendo de relieve el objetivo supremo de acabar con la corrupción con el ejemplo.
Sin embargo, para lograr este objetivo adopta iniciativas y acciones concretas y coherentes que van más allá de la implementación de la Ley de Carrera Administrativa, de la adopción de la Ley General de Sueldos, de la integración y desarrollo de las fronteras con Colombia y Costa Rica, y de la práctica de la transparencia informativa para hacer énfasis en el propósito de empeñarse en el rescate, revisión y ejecución de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción, desechada por el Gobierno de la presidenta Mireya Moscoso que fue la autora de su creación, sin tomar en serio el propósito depurador de dicha Comisión, integrada por su presidente, el Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia, y los comisionados Aura E. Guerra de Villalaz, Tomás Herrera, Héctor M. Montemayor A. y José Javier Rivera.
A raíz del nombramiento de la Comisión Presidencial contra la corrupción, cuyo ámbito de acción no parecía muy claro entonces, quise contribuir a que la opinión pública tuviese una idea cabal de los propósitos de esa Comisión Presidencial que, según el Decreto Ejecutivo No. 7 del 22 de enero de 2002, tendría "como propósito fundamental valorar las normas y procedimientos de la administración pública, identificar aquellas deficiencias o circunstancias que incentiven o permitan su aprovechamiento con fines ilícitos y elaborar las normas, trámites o principios que eviten en todas sus modalidades la práctica de actos de corrupción".
En mi crónica sobre "El diagnóstico de la corrupción" publicada en esta misma columna de opinión de El Panamá América, el 28 de enero de 2002, señalé que según los propósitos declarados por el presidente de la Comisión Presidencial, el Dr. Carlos Iván Zúñiga, la referida Comisión respondía al intento del Órgano Ejecutivo de programar un plan de acción de adecentamiento. El Dr. Zúñiga explicaba en su columna sabatina publicada en el diario La Prensa que era "una comisión comprometida exclusivamente con la defensa de los valores morales", y que su éxito lo determinaba "exclusivamente la firme promesa de la Presidenta de la República de darle cumplimiento a las recomendaciones fundadas de los comisionados".
¿Qué tienen en común las "iniciativas y acciones concretas contra la corrupción" contenidas en el Programa de Acción para la Patria Nueva de Martín Torrijos y los diagnósticos y recomendaciones formuladas por otros panameños y panameñas para combatir la corrupción? No pueden ignorarse a este respecto las 51 recomendaciones de la Comisión Zúñiga. Creo que tienen mucho en común.
A tres meses del término de su mandato, al gobierno actual se le reprocha, sin riesgo de tener que pedirle disculpas, no haber tenido el valor civil de sacar del atolladero a la sociedad panameña acosada por la corrupción, enferma de corrupción.
Martín Torrijos aún no ha asumido el poder. Los principios rectores de su campaña política (+ seguridad, + empleo, Ø corrupción) fueron apoyados por 711,447 panameños y panameñas entre los cuales una mayoría de jóvenes pareció expresar con su voto masivo que no cree en el descrédito de la política, que no cree que la política es estéril para hacer posible sus sueños y la satisfacción de sus necesidades.
Este mismo razonamiento permite inferir que los 462,766 votantes que favorecieron la candidatura del ex presidente Guillermo Endara, fueron conquistados por la promesa más visible de su campaña: la promesa de meter en prisión a los corruptos. Me abstengo, por razones obvias, de referirme a los criterios que sobre el tema guiaron a los 245,845 electores que votaron por José Miguel Alemán y a los 79,595 que favorecieron a Ricardo Martinelli. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que mientras Endara ha expresado en repetidas ocasiones que después del 2 de mayo está viviendo una suerte de Nirvana por no haber ganado, a Martín Torrijos cada día se le acerca el momento en que tendrá que invitar a toda la ciudadanía a tomar conciencia de que estamos frente a situaciones nacionales que son, las unas de bloqueo y otras de enormes expectativas que en el futuro se podrían volver conminatorias.
A tres meses de la toma de posesión del que será nuestro presidente durante cinco años, tenemos los panameños y las panameñas tiempo para la reflexión, en el sentido físico y no en el sentido mental de la palabra. Singularmente, en el apoyo que merece Martín Torrijos en su empeño de "acabar con la corrupción con el ejemplo".
Muchos panameños hemos vivido lo suficiente para tener memoria de múltiples propósitos nobles de beneficio nacional cuya realización se han intentado y se han empantanado en los meandros de los intereses particulares, en las maquinaciones de la política criolla y en la desnaturalización de las reacciones sectarias. Las dificultades no deben llevar a renunciar a las cosas buenas ni a las cosas grandes que puede intentar un gobernante.
Una vez le preguntaron a Mahatma Ghandi si él era un líder espiritual o un político. Su respuesta fue "yo soy un político que trata desesperadamente de ser un santo".
Los panameños tenemos sensibilidad muy diferente de la hindú, pero no estaría desorientado Martín Torrijos si encamina su prometido combate contra la corrupción con la firme actitud de quien emprende institucionalmente una misión reivindicadora.
