Martinelli: entre dilemas y cambios
Dentro de mi reducido círculo de análisis jurídicos y políticos, del que forman parte algunos médicos, abogados, economistas, políticos, y otros tipos de profesionales, nos hemos dedicado, sobre todo en los últimos días, a la tarea de desentrañar el significado de la idea: “respetar la institucionalidad”. Como conocerán nuestros lectores, en anteriores entregas, algunas referencias han sido hechas a esta idea en aras de hacerle frente a todo intento de los gobiernos en hacer las cosas al margen de la Constitución y de la Ley llegando a los extremos de socavar los procedimientos y hasta las requisitorias que tales textos normativos preestablecen. No hay duda alguna que para los gobiernos que quieren actuar por encima de la Ley ésta se convierte en una especie de camisa de fuerza que pueden no ponerse o, simplemente, terminan haciendo nuevas leyes que deroguen las que les imposibilitan actuar conforme a sus intereses.
Sin embargo, me ha llamado poderosamente la atención el siguiente criterio: ¿Qué institucionalidad es la que hay que respetar? y se advierte: ¿Una institucionalidad en crisis, decadente, precaria, que proviene de elaboraciones caprichosas de anteriores gobiernos, sobre todo de corte militarista? Es a esa institucionalidad jurídico política que nos estamos refiriendo o, por el contrario, debe entenderse por institucionalidad del Estado el mero estado de cosas que hasta la actualidad existen en él?
Como se advierte, el argumento es desafiante por varias razones. Entre otras, tenemos que el mismo podría conducir a justificar a gobiernos autoritarios, absurdos y que operan al margen de la legalidad. También podríamos argüir que tal elaboración conlleva a un estado de anarquía siendo que la voluntad del poder político imperante deviene en la norma a cumplir y a la cual habría que sujetarse. Amén de ello, existe también otra institucionalidad que se integra al panorama nacional: los pactos, convenios y tratados ratificados por Panamá. No es fácil entonces hacer dialéctica de la institucionalidad sin pasar revista a algunos conceptos que son indispensables: sociedad, organizaciones civiles, derecho del pueblo a revelarse contra todo indicio de sometimiento popular y que provenga, en lo medular, del poder político. Bien podría el Presidente Martinelli advertir que no violenta ni ignora la institucionalidad del Estado sino que va en procura de su fortalecimiento adecuándola a verdaderas reglas del juego institucional; sin embargo, es importante destacar que lo más conveniente, cuando las cosas se quieren hacer mejor, es propugnar, como vía civilizada de encausaciones políticas y jurídicas, manejar las cosas a través de una verdadera Constituyente en la que primordialmente converjan todas las verdaderas y reales fuerzas vivas del país. Creo, en ese sentido, que las condiciones están dadas, desoír esta exigencia a gritos, cada día más, nos llevará de tumbo en tumbo, como efectivamente viene aconteciendo en la cosa nacional. La cuestión, finalmente, propositiva es la siguiente: iniciemos un gran debate nacional frente a los textos vigentes constitucionales y las normas de lege ferenda, es decir, proyectos constitucionales.
